Condena de una mujer salvadoreña por emergencia obstétrica es una "farsa de justicia", señala Amnistía

SAN SALVADOR (EFE).- La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, señaló este miércoles que la sentencia de 30 años de cárcel dictada por una corte de El Salvador a una mujer tras sufrir una emergencia obstétrica es una "farsa de justicia". 

"Esta sentencia es una farsa de justicia. Sufrir una emergencia obstétrica es devastador para cualquier persona, y el rol del Estado cuando esto ocurre debe ser brindar acompañamiento y contención para aliviar este sufrimiento; no agravarlo al criminalizar a las mujeres", dijo Guevara Rosas de acuerdo con un comunicado compartido por AI. 

La defensora de derechos humanos añadió que "en un contexto en donde países por toda América Latina están tomando grandes pasos a favor del derecho al aborto legal, es realmente decepcionante ver que El Salvador sigue estando en el lado equivocado de la historia y de los derechos humanos". 

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto denunció el lunes que un juez de El Salvador condenó a 30 años de prisión a una mujer que sufrió una emergencia obstétrica. 

"Por primera vez en 7 años, un tribunal en El Salvador condena a una mujer por sufrir una emergencia obstétrica", indicó la organización en un comunicado e identificó a la mujer únicamente como "Esme". 

Aseguró que la mujer, "luego de enfrentar una emergencia de salud durante su embarazo, en vez de recibir atención médica, fue acusada por el Ministerio Público y mantenida por dos años en prisión preventiva durante el proceso judicial, separándola de su hija de 7 años". 

Indicó que la abogada de "Esme", Karla Vaquerano, sostuvo que el juez "actuó con parcialidad, privilegiando la versión ofrecida por la Fiscalía General de la República, que estuvo cargada de estigmas y estereotipos de género, por lo que se va a apelar la decisión". 

De acuerdo con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, "esta condena es la primera que se produce durante el Gobierno de Nayib Bukele, quien había prometido poner fin a la persecución sistemática de mujeres que enfrentan emergencias de salud durante sus embarazos". 

En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias y son procesadas bajo el cargo de homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años. 

En las últimas dos décadas, alrededor de 181 mujeres que experimentaron emergencias obstétricas "fueron procesadas por aborto u homicidio agravado en El Salvador", según cifras de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Son 64 las mujeres que han sido liberadas a la fecha. 

Las posibilidades de que en El Salvador se despenalice el aborto en casos específicos, como la violación de niñas o la inviabilidad fuera del útero, son remotas. 

Bukele ha manifestado su posición en contra de la medida y la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, no vota medidas que no tengan el visto bueno del mandatario.