Preparan en EEUU el caso contra la carcelera de las esclavas del Estado Islámico

Preparan en EEUU el caso contra la carcelera de las esclavas del Estado Islámico

Washington, EEUU (EFE).- Eran menores de edad cuando fueron capturadas por el grupo Estado Islámico (EI) para ser convertidas en esclavas sexuales y ahora cinco jóvenes yazidíes quieren llevar ante la Justicia de Estados Unidos a la que fuera su carcelera, Um Sayyaf, bajo custodia de las fuerzas kurdo-iraquíes. 

En el marco de estos esfuerzos este viernes se celebró una vista ante una corte federal en Alexandria, en las afueras de Washington DC, donde las víctimas estuvieron representadas por la abogada Amal Clooney, letrados del Center for Justice & Accountability (CJA) y el bufete Gibson, Dunn & Crutcher. 

Uno de los abogados de CJA, Daniel McLaughlin, explicó a Efe que sus clientes fueron prisioneras de los yihadistas en Siria entre septiembre de 2014 y mayo de 2015. 

Cuatro de ellas fueron secuestradas durante la ofensiva de los radicales contra los yazidíes en Sinyar (Irak) y fueron vendidas como esclavas por el EI. 

"Durante esos años las chicas yazidíes estuvieron en manos de Um Sayyaf y de su marido, Abu Sayyaf, un miembro de alto rango del Estado Islámico. Y básicamente fueron parte de un burdel operado por Um Sayyaf en su propia casa para otros miembros del Estado Islámico", detalló el letrado. 

En mayo de 2015, las fuerzas estadounidenses detuvieron a Um Sayyaf, cuyo nombre real es Nisrín Asad Ibrahim Bahar, durante una redada en su casa en Al Shadadi (Siria) para buscar a la cooperante estadounidense secuestrada por los yihadistas Kayla Mueller, que había sido retenida junto con las yazidíes en la misma casa y que fue asesinada por el EI. 

TODO UN EMBROLLO LEGAL 

Cuando parecía que por fin iba a haber Justicia contra la carcelera del EI tras su detención comenzó un embrollo legal para que rinda cuentas por sus crímenes contra los yazidíes. 

Al poco de su arresto, las fuerzas estadounidenses entregaron a la yihadista a las autoridades del Gobierno regional del Kurdistán iraquí y poco después se abrió una demanda penal contra ella en EE.UU. bajo la acusación de haber proporcionado apoyo material a una organización terrorista en una causa relacionada con el asesinato de Mueller. 

Este proceso "nada tenía que ver con los delitos que cometió contra los yazidíes, las torturas, la esclavización y los actos de genocidio que se le podrían haber imputado", lamentó el letrado.  

Más tarde, en 2016, fue juzgada por los kurdo-iraquíes por ser miembro del EI. 

Sin embargo, agregó McAlaughlin, "quedo patente que ni la parte del Gobierno de EE.UU. ni del Gobierno regional del Kurdistán, ni las acusaciones o pruebas estaban relacionadas con abusos de derechos humanos contra los yadizíes". 

Ante esta situación, los abogados de las cinco jóvenes decidieron presentar una moción en el caso abierto en EE.UU. contra Um Sayyaf por ofrecer apoyo material al EI, apelando a la Ley de Derechos de las Víctimas de Delitos. 

Dicha legislación permite a las víctimas de un crimen relacionado con una investigación penal del Departamento de Justicia solicitar información. 

EL OBJETIVO FINAL: QUE RINDA CUENTA POR CRÍMENES CONTRA YAZIDÍES 

El letrado consideró que sus defendidas tienen derecho a información básica como el tipo de cargos, la sentencia o el tiempo que Um Sayyaf estará detenida, dado que la yihadista estuvo bajo custodia de EE.UU., aunque finalmente decidió entregarla a los kurdo-sirios. 

"Y también hemos solicitado información básica sobre si el Gobierno de EE.UU. tiene capacidad de pedir su extradición a EE.UU. y enjuiciarla aquí, porque está claro que el KRG (siglas en inglés del Gobierno regional del Kurdistán) no ha juzgado los crímenes contra los yazidíes", apuntó. 

Esto podría allanar el camino para que Um Sayyaf fuera procesada no solo por ofrecer apoyo material a los terroristas, sino acusarla de genocidio, tortura y esclavización. 

Los abogados se pusieron en contacto con el Departamento de Justicia de EE.UU., pero tras una serie de intercambios y ver que no obtenían la información que requerían decidieron presentar la moción judicial hace unos meses. 

"INFORMACIÓN MUY VAGA" SOBRE UM SAYYAF 

Desde que adoptaron este paso, han logrado algunos datos que buscaban pero es una "información muy vaga", remarcó McLaughlin, quien subrayó que han averiguado que Um Sayyaf fue juzgada en el Kurdistán iraquí, que los cargos contra ella fueron por pertenecer al EI y que recibió "una sentencia significativa", aunque no saben cuándo será liberada. 

"No tenemos información de que ninguno de esos cargos estuviera relacionado con los yazidíes", indicó. 

Durante la sesión este viernes tanto el juez como el Gobierno han reconocido que las cinco yazidíes son víctimas y que, por tanto, pueden beneficiarse de la Ley de Derechos de las Víctimas de Delitos. 

Sin embargo, el magistrado resolvió que las jóvenes no tienen derecho a recibir más información sobre "los procedimientos en el extranjero" acerca de los que ya se les han proporcionado datos. 

"Esperábamos en la audiencia que el juez obligaría al Gobierno a proporcionarnos información adicional, pero desafortunadamente el magistrado ha dicho que no, que bajo la CVRA (siglas en inglés de Ley de Derechos de Víctimas de Delitos) sus derechos son limitados y que el Gobierno ya ha aportado suficiente información cumpliendo con sus obligaciones", dijo McLaughlin. 

Sin embargo, este contratiempo es solo una piedra en el camino, ya que no descartan la posibilidad de recurrir la decisión del juez; y más allá del frente legal seguirán presionando al Departamento de Justicia para que pida la extradición de Um Sayyaf. 

Todo ello para dar justicia a esas jóvenes yazidíes, que permanecen en paradero desconocido en países de Oriente Medio y mantienen el anonimato por cuestiones de seguridad.