Se adelantarían elecciones para calmar la crisis

Lima, Perú.- El Congreso peruano interrumpió su sesión entre incidentes cuando buscaba aprobar un adelanto de elecciones generales, a fin de calmar las violentas protestas de la última semana devenidas tras la destitución de Pedro Castillo como presidente.

El adelanto electoral planteado contemplaría una nueva votación tanto para el cargo de mandatario como para la renovación de los legisladores. Sin embargo, la votación no tuvo respaldo suficiente y la sesión se interrumpió por las discrepancias entre las bancadas de izquierdas, que piden incluir una consulta a la población sobre la posibilidad de hacer una asamblea constituyente y elaborar una nueva Constitución, y el rechazo de los bloques de derecha.

El proyecto de adelanto de elecciones, una de las demandas en las protestas, tuvo 29 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones de un Congreso de 130 parlamentarios. Se ha pedido una reconsideración para volver a votar, solicitud que se atenderá cuando se reanude la sesión.

Mientras, en el interior del país, las protestas suman una jornada más. El Ministerio de Salud de Perú confirmó este viernes que hasta la fecha 20 personas han fallecido y 63 se mantienen hospitalizadas tras las protestas producidas en diversos puntos del país.

Ante el incremento de muertos, la Secretaría General de Naciones Unidas ha dado a conocer la preocupación por la situación en Perú. El secretario general, Antonio Guterres, lamenta la pérdida de vidas, según trasladó el portavoz del organismo Stephane Dujarric, y reitera su llamado a las autoridades y a todas las partes a apegarse a las leyes, así como a respetar derechos y libertades de reunión y protesta pacífica. 

La realidad a 560 kilómetros de la capital peruana es que los manifestantes tenían fogatas en las calles del centro de Huamanga, en el centro sur del país, alimentadas con desperdicios y neumáticos. Cientos de personas, sobre todo jóvenes, chocaban con la policía.

Esa tensión en las calles se ha reflejado ya en las primeras renuncias en el gobierno de Dina Boluarte. La ministra de Educación, Patricia Correa, renunció a su cargo alegando que “la muerte de connacionales no tiene justificación alguna”. Reprochó que “la violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”. Más tarde, también dimitió el ministro de Cultura, Jair Pérez Bráñez.