México rechaza informe de ONU

Ciudad de México.- Después de que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) dictó medidas cautelares al Estado mexicano, el gobierno de México rechazó las declaraciones de sus integrantes sobre la supuesta práctica desaparición forzada por parte del Estado.

“El gobierno de México rechaza las declaraciones de integrantes del comité en torno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado”, indicaron conjuntamente las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE).

A través de una tarjeta informativa, indicaron que México mantiene una cooperación sostenida con el Comité Contra la Desaparición Forzada, en su calidad de Estado parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.

“El gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado. México está comprometido con el respeto irrestricto de los derechos humanos y con la atención de las causas de la violencia”, señaló el gobierno de México.

Aseguró que ha manifestado su compromiso para combatir “este flagelo” y ha anunciado la puesta en marcha de “acciones contundentes” para estos efectos.

“En apego a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, México seguirá atendiendo las solicitudes de información que remita el comité, a través de acciones urgentes, comunicaciones individuales e informes periódicos, a fin de que este cuente con información fidedigna sobre el contexto actual en el país”, dijo.

Cabe señalar que el CED dictó medidas cautelares al Estado mexicano para el correcto resguardo de los restos y objetos personales, así como para garantizar el acceso a la información, participación y protección de los familiares y representantes de las personas desaparecidas en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

Señaló que el comité está particularmente preocupado por las reiteradas alegaciones que ha recibido sobre la existencia de un riesgo de daño irreparable sobre los restos óseos y elementos probatorios localizados en el rancho Izaguirre.