Morena y el Frente seguirán su proceso

Ciudad de México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó al Instituto Nacional Electoral emitir lineamientos para regular y fiscalizar el proceso del Frente Amplio por México para evitar posibles violaciones a la equidad de la contienda, cuyas medidas también aplicarán para las corcholatas de Morena.

Con tres votos en contra, la mayoría del pleno del Tribunal rechazó el proyecto original de la magistrada Janine Otálora que proponía invalidar la convocatoria y suspender el proceso interno promovido por PAN, PRI y PRD, al señalar que se trata de un fraude a la ley.

El magistrado presidente Reyes Rodríguez propuso que el Consejo General del INE emita lineamientos, en un plazo no mayor de cinco días naturales, a fin de regular éste y otros actos similares, propuesta que fue aprobada por la mayoría.

En dichos lineamientos, el INE deberá definir el tipo de propaganda que está permitida, conforme a la naturaleza de estos procesos. En particular, deberá valorar la permanencia o retiro de la propaganda masiva en espectaculares, vehículos de transporte público y pintas de bardas, entre otros.

Los servidores públicos están obligados en todo momento a aplicar los recursos públicos a su cargo de forma imparcial y que no pueden usar propaganda gubernamental con fines políticos.

Además, las prerrogativas de acceso a radio y televisión disponibles para los partidos políticos no podrán utilizarse para la sobreexposición de los aspirantes o participantes de estos procesos político-partidistas.

La fiscalización de estos procesos deberá ser especializada para vigilar el origen y uso de los recursos empleados, además de que debe ser un ejercicio expedito apegado a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

El Consejo General del INE deberá definir el periodo sujeto a revisión considerando el momento desde que iniciaron; el tipo de gastos que serán contabilizados; gastos ordinarios y aquellos que se podrían considerar que benefician a una persona desde una perspectiva electoral.

Por su parte, la magistrada Janine Otálora defendió su propuesta al subrayar que este proceso contiene una serie de acciones que buscan seleccionar al candidato a la Presidencia de la República en 2024. “Es lo correcto y lo necesario en aras de proteger el Estado de derecho en el ámbito electoral”, sostuvo.

“Con tales conductas se vulneran las prohibiciones relacionadas con el inicio anticipado de los actos tendentes a la selección de candidaturas, lo cual necesariamente se traduce en la transgresión de los principios de legalidad y equidad en la contienda”, advirtió la magistrada.