Tras revés, FGR insistirá en detener a científicos mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) advirtió que volverá a solicitar la orden de aprehensión contra 31 exfuncionarios de Conacyt y miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico "explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan".

"La FGR intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial", informó esta tarde la Fiscalía.

Esto ante la negativa, por segunda ocasión, de un Juez de Distrito, a la solicitud de orden de aprehensión a diversos exfuncionarios del Conacyt "por delitos patrimoniales en contra del erario público".

"El Juez de Distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del CONACYT, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del CONACYT, lo autoriza.

"Ese criterio no es aceptable para la Fiscalía General de la República (FGR), ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del CONACYT, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio CONACYT, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución, y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria", indicó la FGR.

Subrayó que esas razones el Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio "y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas".

La FGR consideró que no es necesario, en modo alguno, el uso de filtraciones a medios de comunicación "que no ayudan al conocimiento cabal de un tema que debe ser tratado con toda objetividad y en apego a derecho".

Más de 600 catedráticos expresan apoyo imputados por la FGR

Más de 600 catedráticos de diferentes institutos, facultades y sedes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Cinvestav, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se expresaron contra las acciones emprendidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Fiscalía General de la República (FGR), a la que le exigieron "atender la sentencia de la Suprema Corte de Justicia". En días recientes, se dio a conocer que tras una denuncia presentada por el Conacyt ante la FGR, se buscaba que se giraran órdenes de aprehensión contra 31 personas, entre investigadores, extrabajadores del Conacyt y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).

Por la mañana, al ser cuestionado sobre si había denuncias contra investigadores del Conacyt, el titular del Ejecutivo respondió: "Tengo entendido que sí, porque se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt, sin embargo, esto lo va a resolver el juez. Y el que nada debe, nada teme". Hacia la tarde, se dio a conocer que un juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México, negó en definitiva a la FGR girar órdenes de aprehensión contra los 31 imputados.

A través de una carta que fue firmada por 614 catedráticos de diferentes institutos, facultades y sedes de la UNAM, se señaló que las 31 personas fueron acusadas de supuestos delitos de "Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita" y "Delincuencia Organizada". "Su supuesto delito según la FGR, fue la entrega ordinaria de recursos que provenían del Presupuesto de Egresos de la Federación por parte del Conacyt para el funcionamiento del Foro Consultivo, una organización reconocida en la Ley de Ciencia y Tecnología vigente del 2002 al 2020. Se hace notar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considerando la normatividad aplicable, ya había sentenciado el 17/8/2021 (MI/SS/D/9941/2021) que fue legal que el Conacyt hubiera otorgado recursos públicos al Foro Consultivo para su operación desde el 2002 hasta el cambio del Estatuto Orgánico del Conacyt el 17 de febrero de 2020", dijeron los académicos en su documento.

Frente a esa situación, los firmantes consideraron que las acusaciones son "injustas" e "inaceptables", por ello, dijeron, "exigimos atender la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y el desistimiento de las solicitudes de órdenes de aprehensión sin fundamentos. Manifestamos nuestro rechazo a estas acciones de represión y convocamos a la comunidad académica a unirse a esta demanda solidaria".

Entre los firmantes están Alejandro Frank, físico y miembro de El Colegio Nacional; el economista Alfredo Camhaji, Alma Maldonado, del Cinvestav; Felipe Neri López Veneroni, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; Gloria Soberón Chávez, del Instituto de Investigaciones Biomédicas; José Sarukhán, del Instituto de Ecología, y Judith Zubieta, del Instituto de Investigaciones Sociales.

También firmaron Julieta Fierro, del Instituto de Astronomía; Susana Quintanilla, del Cinvestav; Anne Johnson, de la Universidad Iberoamericana; Francisco F. Pedroche, de la UAM – Lerma; Gustavo Cantero Meza, UAM – Iztapalapa, y José Ignacio Ponce Sánchez, de la UAM – Xochimilco.