Es una vieja historia que se repite con cierta frecuencia: Yo les digo “señor, señora, trae usted sucios los zapatos” y me contestan (o mandan a contestarme) “yo me compro mis sombreros del color que me da la gana y me los pongo como se me antoja porque me protegen del sol”. En esas andamos.
Hace una semana publiqué una columna cuyo párrafo inicial era una síntesis del tema a desarrollar: “Dos empresas fantasmales que están bajo investigación en la Fiscalía General del Estado de Baja California, acusadas de haber celebrado cuatro contratos fraudulentos por 94 millones 520 mil 309 pesos con la administración del exgobernador Francisco Kiko Vega entre 2017 y 2019, fueron traídas a San Luis Potosí en esa misma época por los Servicios de Salud del Estado que encabeza la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, para adjudicarles en forma directa dos contratos “de asesoría” por un total de 22 millones 502 mil 840 pesos”. Sostengo lo dicho.
Los dos contratos aquí tuvieron como propósito, uno, la elaboración de la “Guía de Dotación de Equipo Médico” para el Hospital Central, suscrito con la empresa “Kazpher Proyectos, Insumos y Mantenimiento Universal, S.A. de C.V.”, por 16 millones 763 mil 160 pesos, y otro la “Actualización de Evaluación Socioeconómica”, que se firmó con “Servicios Empresariales Aplicados Glutivec, S.A. de C.V.” por 5 millones 739 mil 680 pesos (con este nombre aparece en el acta de la sesión del Comité de Adquisiciones de los SSSLP, pero en su papelería oficial aparece como “Gluvitec”).
En el curso del texto señalé el carácter sospechoso de ambas empresas, habida cuenta de su creación reciente (2016 y 2017), domicilios inexistentes o inubicables (uno de ellos una casa habitación sin ninguna identificación como sede empresarial), la ausencia de información sobre sus directivos o representantes, la consecuente imposibilidad de localizarlos y la falta de currículum institucional.
Subrayé que con fecha 12 de diciembre de 2018, la Contraloría General del Estado había comunicado a los Servicios de Salud que la licitación pública nacional que se pretendía convocar para contratar esos servicios no era procedente y que si se procedía a su adjudicación sería bajo la responsabilidad de su Comité de Adquisiciones, como a final de cuentas se hizo. El Comité procedió a una adjudicación directa el 20 de ese mes y año.
Señalé que según la opinión de expertos consultados, los trabajos contratados por 22.5 millones de pesos los podía haber realizado, con un ahorro económico sustancial, un grupo multidisciplinario con personal del propio Hospital, de distintas escuelas e institutos de la UASLP, y del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología (IPICYT).
EL ROLLO DE LOS SOMBREROS
El sábado pasado sostuve una conversación de casi dos horas con la titular de los Servicios de Salud, la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez. Yo no tenía el gusto y ella no tenía el disgusto. En presencia física de un testigo de calidad, la funcionaria me ofreció una detallada explicación de lo complicado que es obtener recursos federales para inversiones en el sector salud, comenzando por la ineludible gestión y obtención de los llamados “Certificados de Necesidad” que justifiquen paso a paso y pieza por pieza cualquier erogación.
Me explicó también que ante el cambio de administración federal era urgente asegurar con Hacienda los recursos necesarios (más de 900 millones de pesos), lo cual no sería posible sin la “Guía de Dotación de Equipo Médico” y la “Actualización de Evaluación Socioeconómica”. Ambos, trabajos indispensables y urgentes. Le pregunté por qué no se contrataron con instituciones y profesionistas locales, y le hice referencia concreta a la UASLP que cuenta desde 2016 con un Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina. “Solo tiene pasantes”, fue su lacónica respuesta. En un momento volvemos sobre este punto.
Cuando concluyó su amplia, detallada y minuciosa exposición, respetuosamente le pregunté si estaba consciente de que me había dado una prolija explicación sobre algo que yo no había cuestionado, objetado o criticado. Le enfaticé que yo jamás negué que los estudios en cuestión se necesitaran y que tuvieran un alto grado de complejidad, o sostuve que no fueran urgentes, y en ningún momento puse un duda su utilidad.
Le insistí en que mis dudas y cuestionamientos eran sobre la idoneidad de las empresas contratadas (que al momento de su contratación tenían entre uno y dos años de constituidas), sobre la legalidad de la adjudicación directa; sobre la discriminación de instituciones y profesionistas potosinos y, en suma, de que se pudiera tratar de un turbio negocio con empresas fantasma.
Le recordé que en mi columna de dos días antes decía yo que seguramente por el tiempo transcurrido tanto Kazpher como Glutivec o Gluvitec ya debían haber entregado los resultados de su trabajo. Pero que yo no conocía ninguna constancia de ello.
Me dijo que sí. Echó mano de una carpeta con más de un centenar de hojas y comenzó a mostrarme algo. Le hice notar que casi todos los documentos ahí contenidos traían el logotipo de los Servicios de Salud y algunos de la Secretaría de Salud federal, pero ninguno era de Kazpher o Glutivec o Gluvitec. Le dije que me interesaría tener acceso a alguna constancia de los llamados “entregables”, mayores datos para ubicar y localizar a ambas empresas y de ser posible el currículum institucional de las mismas.
Me ofreció que el lunes contaría yo con esos elementos. Efectivamente, vía electrónica recibí copia simple de dos cartas, una de cada empresa, en las que se señala que llevan adjuntos los estudios encomendados; enlaces para acceder a los registros de proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública entre 2010 y 2020, sin que aparezcan ni Kazpher ni Glutivec o Gluvitec. También, un enlace a los registros de Programas y Proyectos de Inversión en Cartera de la Secretaría de Hacienda.
La conversación con la Dra. Rangel Martínez y los documentos que hizo favor de enviarme el lunes por correo electrónico, se complementan con la publicación el domingo 7, en estas mismas páginas, de una columna de opinión que aborda el asunto esencialmente con la misma perspectiva que la titular de los Servicios de Salud. Por lo que alcancé a ver de la carpeta que sacó a relucir la doctora en nuestro encuentro, la exposición periodística a que me refiero está apoyada en ese legajo.
PUNTO POR PUNTO
Para efectos prácticos, la explicación personal de Rangel Martínez, los documentos que hizo favor de enviarme y el tratamiento periodístico dominical, constituyen una misma narrativa. Para hacer algunas precisiones indispensables y no confundir a los amables lectores, procedo puntualmente.
1.- En la columna dominical alusiva al tema, se dice lo siguiente: “El trámite para cada aparato es toda una filigrana, un ejercicio técnico complicado y prolijo que requiere profesionales de ingeniería biomédica, una formación que en San Luis no hay”.
La verdad es otra. Desde 2010 la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ofrece en su Facultad de Ciencias la carrera de Ingeniería Biomédica. En su primer ciclo escolar 2010-2011 tuvo 26 alumnos y alumnas, en el actual 2019-2020, cuenta con 307. Al momento en que los Servicios de Salud contrataron a las fantasmales empresas, en estas tierras había varios centenares de ingenieros biomédicos con experiencia. Reconfirmé con expertos del IPICYT si ahí hubieran podido realizar los trabajos contratados a las empresas sospechosas y me contestaron que definitivamente sí, y que también en la UASLP.
2.- En el mismo espacio dominical se confirmó lo dicho previamente por nosotros, en el sentido de que el 12 de diciembre del 2018 el Contralor General del Estado comunicó al Comité de Adquisiciones de los Servicios de Salud (CASS) que no podía autorizar la licitación pública correspondiente porque el rubro específico a contratar no está contemplado en la Ley de Adquisiciones del Estado, dejando al Comité en libertad de decidir, bajo su responsabilidad, si procedía a la adjudicación, lo que hizo de inmediato en forma directa. Para justificar esta acción del CASS, se invoca una norma contenida en la citada ley, según la cual esos comités tienen entre sus atribuciones “desahogar e intervenir en los procesos de licitación pública y autorizar sus excepciones”.
Entendámonos, las excepciones a los procesos de licitación pública son las que están contenidas en diversos ordenamientos y tienen razón de ser (hacer frente a urgencias o circunstancias especiales causadas por fenómenos naturales, catástrofes o contingencias sanitarias; cuestiones de seguridad pública o militares), no las que paladinamente se les ocurren a las dependencias oficiales.
Por si no fuera suficiente, hay un principio general de derecho según el cual los particulares podemos hacer todo aquello que no prohíba la ley, en tanto que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que expresamente les autoriza la ley. Si la Ley de Adquisiciones no contempla determinado concepto para ser contratado, ningún funcionario puede, legalmente, contratarlo.
Una de las aristas más sospechosas de todo este asunto es que en ausencia de licitaciones públicas es imposible comparar precios o costos, calidad ofrecida, plazos de ejecución, antecedentes, seriedad y profesionalismo de los proveedores, etcétera. En las condiciones que se dio, es imposible saber si otras empresas hubieran cobrado la mitad o el doble.
3.- Entre los documentos que nos envió la Dra. Rangel Martínez hay uno de Kazpher y otro de Gluvitec, donde señalan que están adjuntando los famosos “entregables”. No tengo razón para ponerlos en duda, pero no puedo dejar de señalar que se trata de papelería bastante chafa, donde aparecen los domicilios ya referidos la semana pasada, pero ningún teléfono. Reproducimos hoy uno de cada empresa, donde se puede observar a simple vista que se trata de montajes mal armados, de suerte que se empalman logotipos con texto.
4.- Ciertamente, en los padrones de proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública no aparecen ni Kazpher ni Glutivec o Gluvitec. No sé si algo tenga qué ver que ambas compañías son de muy reciente creación. O si sean de esas que van cambiando de razón social cada que terminan un contrato de importancia.
Durante la conversación con la doctora Mónica Liliana, el momento en que más capturé su atención fue cuando le dije que tuviera cuidado con el futuro. Que todo lo que ahora parece bien, le aprueban en Contraloría y le aplauden en Gabinete, con otra administración puede ser todo lo contrario.
Hasta el próximo jueves.