OJALÁ SIRVA DE ALGO

Según ha quedado la legislación estatal en materia electoral, ya incluidas las últimas reformas de septiembre pasado que recién fueron convalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que estarán vigentes para las elecciones del año próximo, cada vez será más difícil alcanzar un cargo de elección popular en San Luis Potosí, trátese de la gubernatura, las presidencias municipales, sindicaturas o regidurías, y diputaciones locales. 

Dos son las reformas determinantes en este ámbito. Una, la que se refiere a la obligatoriedad de presentar la llamada “3 de 3”, o sea la declaración patrimonial, la declaración fiscal y la declaración de conflicto de intereses. Hasta la elección anterior, esos documentos podían presentarse al asumir el cargo. A partir de los comicios del año próximo, deberán exhibirse ante la autoridad electoral al momento de solicitar registro como candidatos.

La diferencia puede parecer irrelevante, pero no lo es: ya con el triunfo electoral en la bolsa, los remisos encontraban manera de ir pateando el bote o de presentar documentos de dudosa autenticidad, verificar lo cual podía consumir el tiempo del encargo. Además, en caso de una acción en su contra siempre podían argumentar que un requisito no podía estar por encima de la voluntad popular expresada en las urnas. 

Con las reformas avaladas por la SCJN el pasado día 10, el interesado deberá entregar las tres de tres declaraciones al momento de solicitar su registro como candidato. Cualquier incumplimiento daría sustento jurídico para negarle la inscripción. Si no arregla las cosas pronto y bien, simplemente no llegará ni a figurar en las boletas.

Durante la discusión en la Corte sobre estas reformas, entre los ministros que intervinieron hubo comentarios elogiosos para la Legislatura potosina, ya que esa obligatoriedad de la “3 de 3” desde las solicitudes de registro de las candidaturas les pareció un paso de avanzada en la materia. No estoy seguro si somos el primer estado en establecer esa norma, pero por lo menos sí uno de los primeros.

La segunda reforma que impone nuevos acotamientos para convertirse en gobernador, alcalde, síndico, regidor o diputado local, dispone que tampoco podrán ser candidatos quienes enfrenten sanciones por violencia familiar, delitos contra mujeres por razón de género o contra la libertad sexual y/o quienes estén registrados como deudores alimentarios.

La legislación contempla tres hipótesis para negar el registro: a) “Tener sentencia condenatoria que haya causado estado por violencia familiar, o delitos contra las mujeres por razón de género”; b) “Tener sentencia condenatoria que haya causado estado por delitos contra la libertad sexual, la seguridad sexual, y el normal desarrollo psicosexual”, y c) “Estar registrado o registrada en el padrón de personas deudoras alimentarias morosas o en caso de serlo, demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos alimenticios”. 

La diferencia principal entre una “3 de 3” y otra, es que en la primera los interesados deben probar documentalmente que han formulado sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses. En cambio, por lo que hace a la segunda, el no estar en ninguno de los supuestos excluyentes puede manifestarse bajo protesta de decir verdad. Esto, por el principio jurídico de que los hechos negativos no son demostrables. Para proceder, se requeriría denuncia de parte interesada.

En resumen, se trata de dos buenas reformas electorales, ya firmes para aplicar en cuanto inicie el proceso electoral, por cuanto que le estarían cerrando el acceso a cargos de poder a individuos opacos (los que no transparenten su situación patrimonial, su pago de impuestos y sus conflictos de intereses) y, mejor aún, a los machos violentos, abusadores sexuales y desobligados con la familia.

A propósito del tema, el proceso electoral que debía iniciar a fines de octubre fue pospuesto poco más de dos meses para iniciar el dos de enero, con pretextos bastante burdos y estúpidos de ahorrar lo que cuesta una columna de la Arena Potosí, pero según nos comentan, en unos días más habrá varias impugnaciones a esas reformas. De paso les digo que la verdadera razón de diferir la fecha fue para facilitar la eventual incorporación de Pozos a los municipios que elegirán sus autoridades edilicias. Agrego también que, si se alcanza a dar, esa municipalización se puede caer fácil con un amparo. Están haciendo las cosas con las patas.

POSTALES

 En el ya célebre Jueves Negro del 29 de junio pasado -el de la excelsa pieza oratoria de “a mí me gusta la sangre y ver arder el mundo”-, el gobernador Gallardo Cardona expresó su disgusto porque algunos medios de comunicación desplegaron más la noticia del obrero muerto en las obras de la Arena Potosí que sus acusaciones contra el Interapas y el Ayuntamiento. Con tal motivo, la organización internacional Articulo 19, que impulsa y defiende la libertad de expresión, promovió un desplegado en el que reprobó los dichos “estigmatizantes” del mandatario potosino. Ese texto lo firmaron además varias organizaciones afines y numerosos periodistas potosinos y foráneos. En respuesta, RGC minimizó el asunto diciendo que detrás de Artículo 19 estaba alguien “que ni periodista es”. Mensajes encriptados aparte, lo que me imagino es que los elementos de la decena de policías municipales que dice Gallardo que andan “de la chingada” y probablemente infiltradas por la delincuencia, podrán orondamente decir algo así como “¿Y ese cuate qué? Ni policía es”.

Las áreas jurídicas de por lo menos dos partidos de oposición llevan días revisando minuciosamente la Ley de Juicio Político del Estado. Particularmente su artículo 9, que dispone que los diputados, los magistrados y consejeros de la judicatura; los jueces de primera instancia, los secretarios de despacho, los distintos fiscales; los subsecretarios y directores generales, los titulares de los organismos constitucionales autónomos, el auditor o auditora superior del estado y todos los presidentes municipales, regidores y síndicos, son todos sujetos de juicio político cuando sus actos u omisiones redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, o de su buen despacho. También se analiza el artículo 10, que establece que “Para efectos del artículo anterior, se considera que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho: I. El ataque a las instituciones democráticas” y (…) “IV. El ataque a la libertad del sufragio”. En principio se considera que estas dos fracciones permitirían fácilmente abrirles juicio político al Secretario de Finanzas y al Director General de Egresos (coloquialmente conocido como Tesorero), porque las reducciones y retrasos en su pago de los presupuestos del Ceepac, del Tribunal Electoral del Estado y de las prerrogativas de los partidos, son claras formas de ataque a las instituciones democráticas y a la libertad del sufragio. Si se animan a seguir adelante, el litigio va a ser muy, muy interesante.

En el listado de funcionarios del párrafo anterior no aparece el gobernador porque a él se refiere un artículo por separado, el 8º, que establece que mientras permanezca en el desempeño de su encargo sólo podrá ser acusado por: “I. Violaciones graves a la Constitución Política del Estado; II. Por oponerse a la libertad electoral, III. Por la comisión de delitos graves del orden común, y IV. Por el manejo indebido de fondos y recursos públicos”. Quienes trabajan en esto, coinciden en que la previsión de la fracción II (“Por oponerse a la libertad electoral”) puede invocarse para iniciar también un juicio político contra Gallardo Cardona, pero por estrategia prefieren comenzar con el titular de Finanzas y el Tesorero. Ya si ellos para salvar el pellejo dicen que todo ha sido por órdenes superiores, a levantar la mira. Finalmente, en cuanto a la fracción IV (“Por el manejo indebido de fondos y recursos públicos”), se nos hizo un comentario que no acabamos de entender. Algo así como “esto huele a Arena”.

Diremos, como otras veces: Hay cosas que no checan. Al inicio de la escasez de agua y luego de que el alcalde Galindo decidió no ir a implorar misericordia en el palacio de enfrente, el titular del Ejecutivo anunció en voz alta que mandaría comprar de inmediato 30 mil tinacos para hogares de escasos recursos, y que dos o tres días después celebraría una reunión, “para encontrar soluciones a 50 años”, con el Consejo Hídrico estatal, el grupo de expertos en temas del agua de la UASLP, investigadores del Colsan y alguien más. Dicha reunión nunca se llevó a cabo. Hubo una convocada por el director de la Comisión Estatal del Agua, bastante desinformado y poco talentoso, que no alcanzó ninguna conclusión o propuesta. El Consejo Hídrico fue puesto en el ojo del huracán por Gallardo, sin conocer bien a bien sus alcances. Algo muy extraño pasó, porque la última vez que quiso hacer un pronunciamiento, el joven presidente de ese organismo, acompañado de dos o tres integrantes más, dio una rueda de prensa ¡en la Plaza de Armas, a pie del kiosco! O sea, además de que ni oficinas tienen los que primero los ensalzaron y alborotaron ahora ni los llaman, ni los reciben, ni los pelan y ni en el mundo los hacen. Tenemos un gobierno sensacional.

Por cierto, en la Comisión Nacional del Agua han de decir que los potosinos somos entre chistositos y curiositos. Por instrucciones presidenciales, su titular Germán Martínez Santoyo, que tiene rango casi de secretario, vino a ver cómo va el problema de la escasez de agua. Para enterarse, tuvo que asistir a dos reuniones diferentes, consumiendo el doble de tiempo, para tratar exactamente lo mismo, porque no hubo poder humano que pudiera juntar a Gallardo y a Galindo. Como dice el fabricante de confeti: “Pinches papelitos”.

Una de las instituciones culturales potosinas que mejor venían funcionando desde su fundación hace más de 20 años, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, está en crisis y corre el riesgo de desintegrarse. La historia es más larga que el espacio que nos queda, pero en la semana siguiente se las platicamos. ¿Y la nueva secretaria de Cultura? Parece que en Gobierno andan haciendo casting con maestras de ceremonias, presentadoras de noticias, ganadoras de concursos de belleza, publirrelacionistas y community managers. Van a llegar a septiembre del 2027 sin saber qué es cultura.

Hasta el próximo jueves.