Acusaciones
En su artículo 40, adicionado en 2025, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: «El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo».
Y en otro párrafo, también recién reformado: «Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano, en el marco de las leyes aplicables».
Esta semana el ambiente local y nacional, de por sí enrarecido en la cercanía de las elecciones intermedias, con medio mundo "destapándose", ha habido acusaciones del partido oficial a la oposición, y viceversa, justamente sobre violaciones a la soberanía. En ambos casos el factor común es Estados Unidos.
Y es que este miércoles, 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer en medios, antes de hacerlo por la vía diplomática, la acusación contra diez personas, supuestamente por "conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos", lo cual habría permitido el tráfico y la protección de cargamentos de droga.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La noche del pasado viernes el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pidió licencia «mientras dure el proceso de investigación». Ya el panismo había pedido la desaparición de poderes en Sinaloa para garantizar "la paz" y el gobernador había dicho que no pediría licencia por no tener nada que temer. Igual al contrario en Chihuahua, pedida por morenistas. Hace unas horas también pidieron licencia otros acusados por EU, como el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
"No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos que durante décadas fueron víctimas de quienes se creyeron con el derecho de despojarlos hasta de lo más elemental. México seguirá cambiando para bien porque tenemos mucho pueblo", declaró el hoy mandatario con licencia.
Horas antes, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la Fiscalía General de la República había dicho que "no existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la colusión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar". Insistió en que la difusión de la solicitud estadunidense pone en riesgo "el debido proceso".
El otro caso es el de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, en cuyo territorio el 19 de abril se llevó a cabo un "exitoso" operativo "para desmantelar un narcolaboratorio" donde participaron miembros de la CIA (siglas en inglés para la Agencia Central de Inteligencia) y murieron dos de ellos. Ellos estaban en el país en "labores de entrenamiento" y se adujo que colaboraron con la Agencia Estatal de Investigación sin que esta diera parte a sus superiores. En el lugar solo encontraron precursores de la droga, no producto.
El fiscal de ese estado renunció este lunes. Citada a comparecer ante el Senado, acusada por morenistas de traición a la Patria, la mandataria recalcó no saber de la participación de la CIA y rechazó la "invitación" o trampa. Tras la negativa, Campos dijo que "quienes iban a hacer a la gobernadora de Chihuahua comparecer están en esta lista roja del gobierno de los Estados Unidos". Y es que uno de los senadores que pidió juicio político contra ella, Inzunza, es uno de los acusados de conspiración y tráfico por Estados Unidos.
En ambas situaciones Estados Unidos ha jugado cartas que se ha sacado de la manga: una participación extralegal "en campo" chihuahuense y la difusión pública de la solicitud de resguardo de los funcionarios sinaloenses. La defensa o ataque según el partido al que pertenecen los involucrados no parece una buena táctica. Es triste que sigamos con la idea (fundamentada) de que "no va a pasar nada".
La aplicación de la justicia debería ser imparcial (además de completa y expedita), pero ya sabemos que no hay cultura de denuncia porque no se aplica el mismo rasero y las sanciones varían según muchos factores, principalmente el económico. En los casos que vimos, lo político parece el abordaje que prevalecerá.
Entre otros datos interesantes, a los que esperamos volver más adelante, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 (Envipe), en 2024 hubo 33.5 millones de delitos ocurridos. De esos solo se denunciaron 9.6 % y de estos solo a 6.8 % se les abrió carpeta de investigación. Cuando se abrió, 40.7 "está en trámite" y en 39.2 % el resultado es "nada".
Gracias por su lectura.
http://alexandroroque.blogspot.com
Correo: debajodelagua@gmail.com
