Agravios y más agravios

Damos continuidad al tema de las irregularidades denunciadas por la Coalición Sí por San Luis y su candidato Octavio Pedroza ante el Tribunal Electoral del Estado, como sustento a su demanda de que se anulen la elección gubernamental del pasado 6 de junio. Reiteramos que cualquiera que sea la decisión que al respecto adopte ese órgano judicial el asunto irá a parar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien corresponde la última e inapelable decisión.

La semana pasada dimos cuenta de dos tipos de hechos indebidos que en la jerga judicial se denominan Agravios: personal sustituto de casillas que entró ilegalmente en funciones para recibir, escrutar y computar los votos en centenares de mesas de votación y excesos en gastos de campaña mucho más allá de los límites legales.

Entre los restantes destacan la utilización de centenares de actas de escrutinio y cómputo sin folio y sin código para su digitalización. La impugnación presentada por la Coalición habla de por lo menos 740 con esas deficiencias, de un total de 3 mil 750. Una indagación por parte de esta columna permitió establecer en casi mil 200 los documentos de esas características. Más del 30 por ciento.

Otra irregularidad vinculada con la anterior, consiste en que durante la votación para elegir gobernador se utilizaron actas de escrutinio y cómputo de dos medidas distintas, como se demostró con un peritaje a cargo de la licenciada Verónica Salas Leura, especialista en documentoscopía. Esto apunta a que las actas diferentes entre sí fueron impresas por proveedores distintos -debiendo ser uno sólo para garantizar un adecuado control- o producidas por el mismo en momentos diferentes, lo que tampoco se explica.

Por otro lado, en un solo distrito local, el II perteneciente a esta capital, previo al inicio de la jornada electoral, se detectó un faltante de 8 mil 814 boletas de votación (de un total aproximado de 130 mil), sin que hasta el momento haya sido posible saber cuántos de esos documentos faltaron en los 14 distritos restantes. Hasta hace pocos días había un intenso intercambio de oficios entre el TESLP y el CEEPAC tratando de clarificar el punto.

Existen protocolos previamente establecidos sobre cómo y a cargo de quién deben manejarse, protegerse y trasladarse los paquetes electorales (que contienen todos los votos, las boletas sobrantes, la lista nominal de electores, las actas originales de cómputo y circunstanciadas). De acuerdo con la impugnación presentada, hay una cantidad imprecisa de esos paquetes que estuvieron “perdidos” durante horas antes de llegar a las oficinas de los correspondientes comités distritales locales. 

Finalmente, aparte algunos señalamientos menores que no parecen tener mucha trascendencia, la otra denuncia de importancia es la flagrante violación de la veda electoral (los tres días previos al de la elección) por parte del PVEM, al pagar a influencers y youtubers para que difundieran en sus redes sociales mal disfrazados mensajes de apoyo a ese partido. Entre los cómplices de esta maniobra figuran la cantante Belinda, con 14 millones de seguidores; Laura G, con 8.4 millones, Danilo Carrera con 3.8 millones y Bárbara de Regíl, con 2.5 millones, entre otros muchos. 

Esta fue una grave infracción a nivel nacional, que es obvio que impactó en nuestro estado, por lo que se está solicitando a la autoridad electoral que se estime a prorrata el gasto correspondiente a SLP y se acumule a los gastos de campaña del candidato verde, sin perjuicio de que se sancione al partido como corresponda (sería una fuerte multa).

Por mandato constitucional reiterado en diversas leyes, en nuestro país los procesos electorales deben regirse por seis principios insoslayables: legalidad, certeza, equidad, objetividad, imparcialidad e independencia. Para que una elección sea invalidada, no hay que infringirlos todos. Basta uno sólo en escala suficiente para que los magistrados electorales puedan considerar que ese hecho tuvo un peso “determinante” en el resultado de la votación. 

En recuento de ésta y la columna anterior, y de acuerdo con la asistencia legal que generosamente nos proporcionaron varios amigos abogados, la presencia de personal no autorizado en centenares de casillas para recibir y procesar la votación, constituye un hecho que vulnera claramente el principio de legalidad. Los excesos en gastos de campaña, así como el irrespeto a la veda electoral por parte de un partido, son abiertamente violarios del principio de equidad. Casos como el de la fracturada cadena de custodia de los paquetes electorales, las actas sin folios y de tamaños distintos, embonan perfectamente en la vulneración del principio de certeza. Las presiones que mediante visitas e insistentes llamadas telefónicas los magistrados(as) electorales están recibiendo, pueden muy bien -una vez acreditadas- hacer polvo los principios de imparcialidad e independencia.

Alguien que conoce perfectamente el tema desde dentro y desde fuera dijo a este espacio algo así como “Si el tribunal local quiere, encontrará elementos suficientes para declarar nula la elección. Tendrían la culpa lo mismo los partidos que las autoridades electorales, especialmente el Ceepac que cometió auténticas pifias no por corrupción o mala fe sino porque sus disensos internos y algunos afanes protagónicos lo condujeron a errores e irregularidades suficientes para justificar la repetición de los comicios”.

Lo que sigue ya lo sabemos: si al TESLP le tiemblan las corvas o se le hinchan los bolsillos, queda la última y definitiva instancia en la Sala Superior del TEPJF. Hacía allá vamos.

Antes de cambiar de tema, les comparto un caso muy peculiar suscitado durante las elecciones, al que no se le ha podido encontrar explicación -al menos que yo sepa-. Hay dos actas de escrutinio y cómputo (las que se levantan casi simultáneamente en todas las casillas luego de que se cierran y se procede a abrir las urnas) correspondientes una a una casilla de Ciudad Valles y la otra a una de Rioverde. Están a 126 kilómetros de distancia. Extrañamente, ambas están llenadas con exactamente la misma caligrafía y el mismo bolígrafo. No sé si se hayan encontrado más, pero la incógnita ahí está. ¿Un rellenador itinerante de esos documentos? Por supuesto, el mayor número de votos en las dos es RGC.

INTERESANTES COMENTARIOS

Desde hace tiempo, con gran discreción, funciona en la Ciudad de México un grupo de estudio identificado como Ágora. Entre sus aproximadamente 40 integrantes lo mismo hay académicos que políticos, editorialistas de diversos medios e internacionalistas. A petición suya, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, aceptó darles una charla informativa sobre los resultados de la elección del pasado 6 de junio.

El evento se llevó a cabo este lunes, en forma remota. Córdova Vianello hizo una presentación apoyada en 59 láminas de power point, con abundante información sobre la jornada comicial, y luego de algunas consideraciones adicionales aceptó responder preguntas. 

Uno de sus interlocutores, que tiene algunos vínculos con nuestro estado, le preguntó puntualmente sobre el caso de la elección de gobernador en San Luis Potosí que estaba siendo cuestionada por diferentes vías y por distintas razones. Luego de recordar que se trata de un tema estatal que está siendo procesado en las instancias locales, Córdova les dijo que el INE cumplirá su compromiso de presentar el próximo día 22 sus dictámenes en materia de fiscalización, y que en los casos de rebase de topes de campañas se turnarán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que aplique las sanciones correspondientes (si el exceso es superior al 5 por ciento y la diferencia entre el primero y el segundo lugar es inferior a ese mismo porcentaje, lo que ordena la ley es anular la elección).

Como añadido a su respuesta, LCV hizo luego dos comentarios interesantes. El primero, que a diferencia de momentos anteriores en que las relaciones entre el INE y el TEPJF se deterioraron hasta casi volverse inexistentes, actualmente están recompuestas y cercanas, sobre todo, dijo, a raíz de decisiones recientes del tribunal (todos sus oyentes entendieron que se refería a los casos de Félix Salgado Macedonio, de Guerrero, y Raúl Morón, de Michoacán). En segundo término, comentó que nuevamente en este proceso el Partido Verde había reincidido en violaciones graves a la ley por lo que era probable que recibiera una sanción muy fuerte.

Enseguida, otro de los participantes le preguntó en un sentido más amplio sobre el riesgo de que llegaran a posiciones de poder personajes vinculados a la delincuencia organizada y si había algo que se pudiera hacer al respecto. Palabras más palabras menos, comentó que se hace necesaria una acción coordinada de distintos órganos e instancias del poder público “para impedir que tomen posesión”. Interesante ¿verdad?

COMPRIMIDOS

Ahora que leí el boletín gallardista de la visita a Palacio Nacional, en su parte medular de que ambos protagonistas del encuentro acordaron apoyarse mutuamente y emprender juntos diversos proyectos, recordé una historia que platicaba hace muchos años el Caco Leal: dos matamorenses paisanos suyos estaban de ociosos, cuando uno de ellos propone “Vámonos a Acapulco”. El otro de inmediato dice que sí. “¿Traes dinero?” pregunta el de la iniciativa, “porque yo llevo 20 mil pesos”. “No hay problema”, responde el otro, “yo traigo 300, pero ¡A’i nos vamos prestando!”. 

Hagan de cuenta.

Sin duda que la entrevista palaciega, aunque haya sido el último de la fila, le cayó a Gallardo Cardona como un tanque de oxígeno. Igualito que en su momento les cayeron los suyos a Salgado Macedonio y a Morón. Creo que el primero de estos hasta compadre es del presidente López Obrador.

Francisco Elizondo Garrido aterrizó aquí a principios del año, en calidad de Delegado Nacional en funciones de dirigente local del Partido Verde. Es de origen chilango y está por cumplir 40 años. Entre 2011 y 2013 fue secretario de Ecología y Medio Ambiente en Quintana Roo, y de 2013 a 2018 fue Delegado de la SCT en la misma entidad, durante el gobierno de Roberto Borge, preso desde 2017 por lavado de dinero y otras linduras. De manera discreta, hace días este recién llegado, licenciado en Derecho, comenzó a ser presentado por Ricardo Gallardo Cardona como su próximo secretario de Finanzas. Insisto, sobre aviso no hay engaño. Pero ya ve usted, ahí tiene a Teófilo and Company.

Hasta el próximo jueves.