Agua pasa por…
El gobierno de Nuevo León pretende llevar agua… a su molino y, eso, no es una simple metáfora política. Se trata del intento de volver a un proyecto que se había desechado por el exgobernador de esa entidad federativa, Jaime Rodrígiez “El Bronco”, consistente en llevar agua, desde la Huasteca potosina hasta la zona metropolitana de Monterrey, mediante un acueducto de 372 kilómetros de longitud, específicamente 473 millones de metros cúbicos al año, desde la cuenca del río Pánuco, entre los límites de los estados de San Luis Potosí y Veracruz. Se ve complicado que prospere ese (des)propósito y, aunque la intención se ha planteado, venturosamente, se han generado reacciones de las autoridades potosinas llamando a no permitir que se nos despoje de tan preciado bien de la naturaleza que, no solamente, nos es común, sino de una indudable importancia vital, literalmente hablando. Y, así como hace poco se logró destrabar el riesgo de que las exportaciones del aguacate mexicano quedaran varadas, así también se espera que no pase a más ese intento de llevarse el agua que pasa por la casa de todos los potosinos.
El origen de esta intentona de reactivar un proyecto como el denominado, en su momento, “Monterrey VI”, tiene que ver, ciertamente, con el problema de la grave escasez del vital líquido que, se avizora, se agudizará en este 2022 en grandes urbes del país, como en la denominada “Sultana del Norte”; así como tratando de aprovechar que no se cuenta con una nueva Ley General de Aguas, que tiene ya 10 años de retraso luego de que, observa Miguel Concha en un artículo reciente, “el 8 de febrero de 2012, a partir de la reforma al artículo 4, México reconoció en la Constitución el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible (…) por lo que, bajo la obsoleta Ley de Aguas Nacionales salinista, México sufre una grave inequidad en el acceso al agua” (en “La Jornada”, 26 de febrero de 2022). En ese contexto, el “argumento” para llevarse el agua de los potosinos a otra entidad federativa es de una simpleza tal, como decir algún funcionario norteño que “el agua es de la nación y, por tanto, los estados tienen la obligación de ceder el líquido que ha sido concesionado por la Conagua”, pero como dijera Ramón Gómez de la Serna, en peculiar greguería, “no es lo mismo simpleza que sin plaza”.
El padre Miguel Concha cita, en el artículo antes referido, a Jean Robert para poner el dedo en la llaga: “se deberá evitar desincrustar el agua de su matriz local, es decir, de su nicho natural, de su sabor y (hasta) de sus poderes mito-poéticos locales, reconociendo que los trasvases de cuenca a cuenca se considerarán por lo que son: despojos y modos de fomentar la escasez de lo que originalmente fue gratuito” (Ibid.). Sí bien el agua es de la nación, la nación ya no es el viejo concepto que campeaba cuando dejaba de lado a las muchas naciones que componen la “pluriversidad” de nuestro país. No se debe seguir despreciando el parecer de las comunidades que, en este caso, desde la Huasteca potosina, se verían afectadas (y, por extensión, el resto de la entidad potosina) en su entorno inmediato, así como en sus medios y modos de vida comunitarios. Ya se ha planteado antes, en este espacio, que no es lo mismo lo público que lo común.
