AL FINAL, LAS CIRCUNSTANCIAS MANDAN

Si las quejas y lamentos mediáticos de hoy se convierten mañana en denuncias formales ante autoridad competente, creo que se generarán las condiciones necesarias para que el principal damnificado resulte ser el exgobernador Juan Manuel Carreras. Ignoro si existe un pacto de impunidad entre Ricardo Gallardo Cardona y su antecesor, pero aún si lo hubiera éste apunta para ser uno de esos casos en donde el peso de los hechos y las necesidades impuestas por la realidad mandan al cesto de la basura cualquier arreglo previo.

Desde antes de asumir el cargo, Gallardo Cardona comenzó a quejarse de que a partir del 26 de septiembre iba a recibir una Herencia Maldita de manos de su antecesor, aunque hizo malabares verbales para no hacer imputaciones directas a Carreras: recurrió a la muy antigua y muy priista fórmula de “sus colaboradores le fallaron”; lo engañaron, lo defraudaron, le fueron desleales, le vieron la cara, etcétera, etcétera. Y aunque este enfoque hacía ver a JMC como un mandatario ausente, despistado, incompetente, ingenuo y medio bobo, lo cierto es que lo alejaba de los señalamientos de corrupción e ineficiencia.

Pero ese montaje destinado a liberarlo de cualquier responsabilidad y, mejor aún, exonerarlo de cualquier delito, duró lo mismo que un suspiro. ¿Por qué? Porque al adentrarse en las revisiones de cuentas y pendientes, Gallardo Cardona y su gente se convencieron de que los estragos eran mayores de lo esperado y sería un error costosísimo -económica y políticamente hablando- en el inicio, el medio y el final del sexenio, hacer como que no pasaba mayor cosa. Tratar de subsanar los agujeros negros en no pocas de las dependencias de la administración carrerista, quedó rápidamente fuera del menú de opciones.

Al día de hoy, ni Gallardo ni su gente han lanzado imputaciones directas contra Carreras, pero han entrado en una dinámica que lo quieran o no los va a conducir a eso. Luego de insistir en su eslogan de la Herencia Maldita, el propio RGC enfiló baterías contra el sector Salud, contra la Seduvop y contra la secretaría de Seguridad, principalmente. Esto supondría que se encuentran en riesgo de tener que responder ante la justicia por sus pillerías y/o incompetencias, cuando menos la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, el ingeniero Leopoldo Stevens Amaro y Jaime Pineda Arteaga.

Sigue preguntarse si lo que estos personajes cocinaron se lo comieron ellos solos, o si salpicaron para arriba, y hasta dónde. Si fueron previsores y conservan algún documento, alguna grabación o cosa parecida que pueda ayudarles a acreditar que siguieron órdenes o que tuvieron alguna forma de autorización a sus desmanes, ya fregaron. Todo sería cuestión de treparse a la moda y solicitar el llamado Criterio de Oportunidad para obtener privilegios en sus tratos con la justicia a cambio de entregar peces más gordos. ¿Y cuál más gordo que el ex?

No hay excesos de imaginación, son posibilidades que están disponibles, que todos los días ocupan espacio en los medios sea por Emilio Lozoya, por el Cabo Gil, por Rosario Robles y Juan Collado que las rechazaron, y por otros de menor renombre. El criterio que viene cobrando carta de naturalización es algo así como “si cometes algún delito, asegúrate de tener un cómplice de mayor jerarquía que puedas denunciar”.

Por supuesto que la doctora, el ingeniero y el comisario no son los únicos asomados al abismo; hay varios más de distintos rangos que hasta ahora han sido menos mediáticos pero que conforme las circunstancias lo exijan irán apareciendo en el escenario.

En plazos relativamente cortos se harán presentes en la arena otras circunstancias que obligarán a Gallardo Cardona a cargar contra la administración anterior. Ya no será cuestión de si quiere hacerlo o no, si tiene o no un pacto de impunidad con su antecesor. Las circunstancias lo van a forzar, salvo que no le importe si su gobierno naufraga prematuramente.

Ese riesgo de naufragio deriva de factores que inevitablemente se van a ir haciendo presentes pronto; que no son de fácil control y que descuidados o manejados mal pueden dar origen a una tormenta perfecta. 

¿De qué estoy hablando? Entre otros, del endeudamiento sin el cual la administración gallardista corre el riesgo de insolvencia. De forma urgente se anunció ya la tramitación de un crédito quirografario por mil millones Es decir, para pagarse dentro del actual sexenio. En cuanto a temporalidad nada que objetar -“antes de irte pagas lo que pidas”- pero hay un problema: los intereses de los prestamos de corto plazo son más altos que los de larga data, lo que agrava los costos financieros. 

Está también el hecho de que las primeras promesas de campaña en ser cumplidas por RGC tienen un costo proporcionalmente muy elevado: entre licencias y placas los cálculos fluctúan entre 250 y 400 millones de pesos que dejarán de ingresar, y existe el riesgo de que la federación nos “castigue” con algunos millones mas por reducir la captación de ingresos propios.

Tenemos además promesas de campaña y otras más recientes que simplemente no va a poder cumplir Gallardo Cardona, y para salir del brete le vendrá bien seguir con el mantra de la Herencia Maldita. Pero como dice en sus memorias Javier Fiscal de Hierro Coello, “consignación sin reo vale madre”. Este es un tema algo extenso que hoy nos dejaría sin espacio para otro que no queremos dejar para después, pero lo recuperamos pronto.

Sin la complicidad de Juan Manuel Carreras -impunidad para todo su clan incluida- Gallardo Cardona difícilmente sería gobernador. Que las circunstancias lo obliguen a proceder contra aquel, tendrá mucho de justicia poética.

CADA QUIÉN  SU ESPERPENTO

No hay gobierno que no produzca algún esperpento, algún bodrio. Quizá la única diferencia entre un gobierno y otro sea la cantidad. El campeonato de la actual administración en este grotesco deporte le corresponde por ahora -en cerrada competencia con varios nombramientos del gabinete- al decreto administrativo firmado por el señor gobernador para modificar la estructura de su Secretaría Particular, con especial atención al área de ayudantía y protocolo. 

Reproduzco al pie de la letra (con algunos subrayados nuestros) la parte del Considerando que me parece pone el asunto en perspectiva. Dice: “Con el fin de proteger y salvaguardar la integridad física y moral del Ciudadano Gobernador y su familia, directos y consanguíneos en todo momento y lugares en que se encuentren, sean públicos o privados, dentro y fuera del Estado, la Ayudantía del Ciudadano Gobernador del Estado ha sido creada para proteger de forma directa y permanente la personalidad del C. Gobernador y de su familia, sus instalaciones, oficinas, domicilios, y demás lugares que así lo amerite según las necesidades, además de llevar a cabo operaciones de coordinación, administración de recursos, seguridad e información y estadística, esto en base a la importancia que representa para la estabilidad del Estado”.

Incluido Gallardo Cardona, he conocido a catorce gobernadores potosinos. Estoy absolutamente seguro de que ninguno de los trece anteriores habrían firmado tan enorme estupidez, y varios de ellos habría despedido al autor de semejante disparate, ejemplo de pésima redacción y plagado de absurdos. A propósito del directamente responsable, J. Guadalupe Uñas Largas Torres Sánchez, alguien me dijo hace meses: “Sí, es rata pero es muy buen abogado”. No se aprecia. 

Unas breves consideraciones: ¿Cómo se protege y salvaguarda la integridad física y moral del Gobernador? Yo entiendo que si alguien le lanza una piedra o intenta darle un golpe, está atentando contra su integridad física y procede retirarlo del lugar con uso de la fuerza y consignarlo ante la autoridad competente. Pero, si alguien se presenta frente al mandatario con una cartulina donde se lea “Gallardo es un inepto” o le grita algo parecido, podría deducirse que está atentando contra su integridad moral. ¿Y luego? A ese alguien también lo van a retirar con el uso de la fuerza y llevar a la barandilla. Sería una ilegalidad absoluta. En tanto sea expresión pacífica un hecho así está protegido por la Constitución. De veras que son burros.

Dice el documento -sin duda candidato a estar en la antología de los peores textos producidos por gobierno alguno- que el beneficio de la protección alcanza además del gobernador “a su familia directos y consanguíneos” (sic). ¿Hasta qué grado? Lo habitual ha sido incluir esposa e hijos, con nueras, yernos y nietos si los hay. Como está redactado el bodrio este, igual puede alcanzar papás, hermanos(as), cuñados(as), sobrinos, primos y lo que se le ocurra.

Ya no me extenderé sobre la sonsera esa de proteger al gobernador y toda su infinita familia en eventos públicos y privados dentro o fuera del estado, ni tampoco en el ominoso tema de las operaciones de información y estadística, pero imposible pasar desapercibida la joya de la corona: “proteger de forma directa y permanente la personalidad del C. Gobernador” .

¿Cómo puede hacerse eso? ¿Cómo se puede proteger una personalidad? Podría ser obligándolo a leer lo que va a firmar y alguna otra cosa que le ayude a mejorar su vocabulario; enseñándolo a vestir apropiadamente y ofreciéndole algunas alternativas a sus gustos musicales de pura onda grupera; quizá ayudaría algo de media training y un terapista que lo convenza de que no use palabras que no entiende o cuya pronunciación no domina. Lo demás para efectos de salvaguardarle su personalidad ya es cosa de especialistas altamente calificados.

COMPRIMIDOS

A como se ven las cosas, Josefina Salazar Báez les va a ganar el litigio a los todavía “dueños” del panismo potosino que quieren dejarla fuera de la contienda por la dirigencia estatal con una convocatoria amañada. Y no me sorprendería que la intentona de exclusión le redituara una mejor votación a su favor.

Donde también es inminente el cambio de dirigencia estatal es en el PT. Los mandos nacionales ya le avisaron a los locales que van para afuera, a petición de Gallardo Cardona, quien se hará cargo del financiamiento del partido en la entidad (supongo que será de su bolsa, porque del erario es delito) a cambio de manejarlo a través de quien él decida.

Para emparejar cartones, propongo que en vista de la absurda decisión que mutiló el nombre de muestro estado en la papelería y manual de imagen de la administración gallardista, dejándolo en “Potosí”, esfumando el San Luis, podríamos los ciudadanos ajustar el nombre de José Ricardo Gallardo Cardona al más práctico de Pepe Cardona. A ver qué siente.

Ahora resulta que la Contralora General del Estado, enviada por el Niño Verde a cuidar que nada más determinados funcionarios gallardistas sean los que puedan robar, es tan poderosa que mandó por un tubo a Uñas Largas cuando le pidió reconsiderar algunos despidos. Nomás falta que la doña declare que su dependencia es embajada Verde y goza de extraterritorialidad.

Hasta el próximo jueves.