AMLO: el destructor de las instituciones

AMLO es un tirano que desde el inicio de su gestión ha pretendido eliminar los contrapesos del poder, es decir, desaparecer la frágil democracia mexicana; en ello los partidos que conforman la 4T le han ayudado diligentemente. Ahora sus baterías se centran en el Poder Judicial Federal (PJF). Lo hace en dos sentidos, en la reducción del presupuesto y en el robo de los recursos de sus fideicomisos, que afectarán a miles de empleados judiciales y a la impartición de justicia.

Atendiendo lo primero, recordemos que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es un documento que la Cámara de Diputados aprueba cada año a propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que es muy importante para la vida del país. De acuerdo con dicha secretaría, en él se establecen normas que rigen el ejercicio, control y la evaluación del gasto público federal.

Es clara la relevancia que tiene el PEF para la vida pública del país y, por ello, su contenido no debería estar impregnado de filias y fobias. En los últimos años se ha convertido en un instrumento que busca someter a instituciones a través de una “asfixia económica”; si una institución pública es incómoda a la actual gestión gubernamental, particularmente al presidente de la República, se manda el mensaje a Morena y a sus aliados en la Cámara de Diputados para afectar financieramente a las instituciones a través de recortes presupuestales discrecionales.

El actual ejemplo de dicha forma de operar han sido los recortes presupuestales contra el PJF por ser un poder incómodo al poder. La razón para generar tanta molestia en los funcionarios públicos de primer nivel de este país y en Morena, es ejercer su independencia y autonomía en cada una de sus decisiones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó un aumento del 4% al presupuesto recibido en 2023. Estimaciones indican que el monto solicitado ascenderá aproximadamente a 85 mil millones de pesos. La justificación para dicho aumento se sustenta en la necesidad de mejorar la impartición de justicia en el país y estar en posibilidad de atender 1.3 millones de casos nuevos para el próximo año. Además, para la implementación del nuevo modelo de justicia laboral se requiere la creación de 45 órganos jurisdiccionales. La ministra Piña señaló que los recursos solicitados se traducen, aproximadamente, en el equivalente al 0.26% del Producto Interno Bruto de nuestro país.

El PJF ha sido incómodo al Poder Ejecutivo por sus decisiones y por ello, el mensaje de asfixia presupuestal ha sido enviado desde la mañanera. Los afectados no solamente son ellos, sino también el INE y el INAI, organismos que han acrecentado el ejercicio de la democracia y la participación ciudadana en los asuntos públicos.

El correcto funcionamiento de nuestras instituciones depende de un ingrediente básico: el dinero. Estoy seguro de que los presupuestos que han presentado el INAI, INE y el PJF atienden a los criterios de austeridad y racionalidad en el gasto. Ojalá dicha cualidad, la racionalidad, también opere en la Cámara de Diputados y no se asfixie económicamente a instituciones tan importantes para nuestro país.

Por lo que se refiere a la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial Federal es un tema de gran relevancia que impacta de manera significativa a todos los ciudadanos mexicanos, porque su indebida apropiación por parte de AMLO tendrá repercusiones que afectaran diversos aspectos de la vida de los ciudadanos y la estabilidad de la justicia en México.

Es crucial comprender que los fideicomisos son una herramienta fundamental para el funcionamiento eficiente del PJF. Estos fideicomisos permiten la administración transparente y autónoma de los recursos destinados a la justicia. Al eliminarlos, se debilita la capacidad de gestionar de manera eficaz los recursos financieros y, como resultado, se corre el riesgo de que los procesos judiciales se vean afectados. La justicia es un pilar fundamental de una sociedad democrática y la garantía de un juicio justo es un derecho de todos los ciudadanos. La eliminación de estos fideicomisos pone en riesgo su independencia y, por ende, la confianza en el sistema de justicia.

La eliminación de los fideicomisos ha generado incertidumbre, lo que puede tener un efecto desalentador no solo en sus funcionarios, si no que se manda una pésima señal a los inversionistas y a la economía del país en general. Además, al debilitarse la infraestructura y la capacidad del PJF, es posible que los procesos judiciales se vuelvan más largos y costosos, lo que afectaría a las empresas y a los ciudadanos que dependen de una resolución legal oportuna para sus asuntos.

La eliminación de los fideicomisos también tiene implicaciones en la seguridad y el estado de derecho en México. El PJF desempeña un papel fundamental en la lucha contra la corrupción, la protección de los derechos humanos y la garantía de que las leyes se apliquen de manera imparcial. La falta de recursos adecuados y una gestión deficiente podrían socavar estos objetivos, lo que tendría un impacto directo en la seguridad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales.

Por último, es importante señalar que la eliminación de los fideicomisos ha generado preocupación entre la comunidad internacional. La independencia del PJF es un pilar de las democracias sólidas, y cualquier amenaza a esta independencia puede tener repercusiones en las relaciones internacionales de México.

Todo esto tiene un aspecto preocupante, es evidente que AMLO odia este país, porque de manera descarada y dolosa, para sus fines perversos, está preparando “una gran crisis constitucional”.

Delírium trémens.- La labor de Cambio de Ruta en la esfera de la lucha social se entiende en el contexto de un Poder Judicial Federal eficaz y operativo. Gracias a nuestras iniciativas de activismo jurídico, los tribunales federales han emitido órdenes a diversas autoridades a nivel municipal, estatal y federal en numerosos juicios de amparo. Estas sentencias han abarcado cuestiones cruciales como la protección del medio ambiente y la ecología, abordando áreas clave como la Sierra de Álvarez, la Presa de San José, la Sierra de San Miguelito, Joya Honda, así como aspectos relacionados con la calidad del aire, del agua y la conservación del arbolado urbano en lugares emblemáticos como el Himno Nacional y la Glorieta Juárez. Además, también han ordenado la vacunación contra el COVID de menores de 11 años y la provisión de medicamentos para personas enfermas de cáncer, entre otras causas fundamentales.

Por esta razón, únete a la marcha pacífica con el objetivo de defender la autonomía judicial, que se llevará a cabo mañana domingo 22 de octubre, a las 11 a.m. El punto de partida será la Glorieta de Morales con dirección a Fundadores.

@luisglozano