Durante la campaña presidencial fue uno de los temas que más escozor causó entre los adversarios de AMLO, acusando al hoy presidente de México de pretender perdón para criminales de toda laya, soslayando el meollo del asunto: la necesidad de recuperar la paz social, combatiendo las causas de la violencia estructural y generando un entorno de reconciliación nacional. Sin entrar, por ahora, en los detalles y alcances de la iniciativa presidencial, lo que interesa destacar aquí es la insistencia de la oposición de derecha a obstaculizar una medida de justicia restaurativa para sectores vulnerables por su condición económica, de género, raza u otra que atente contra la igualdad y los derechos humanos, alegando que se propiciaría “mayor impunidad” o, incluso, como lo ha señalado un connotado dirigente panista, Damián Zepeda, “que la delincuencia salga a tomar las calles”.
En el plano local, vale recordar que el gobierno del licenciado Horacio Sánchez Unzueta promovió y expidió un decreto de amnistía para resolver una compleja situación política en la zona huasteca que impidió tratar como delincuentes a quienes, en efecto, no lo eran, sino que participaban como activistas en demanda de respuesta a legítimos reclamos sociales; así como la implementación del Plan “Ponciano Arriaga”, para que las personas privadas de su libertad por delitos menores, pero carentes de recursos económicos, pudieran beneficiarse con el pago de sus fianzas mediante el respaldo estatal. Con tal experiencia, la opinión del ex-gobernador potosino es más que pertinente para dimensionar la necesidad de una medida así a nivel nacional y que “contribuiría a disminuir la inseguridad”, pero sobre todo, a “recuperar la fe en nosotros mismos”. (Entrevista en “El Exprés”, 15 de septiembre de 2019).
Volviendo a la cuestión de la oposición (más delirante y políticamente interesada que racional), que descalifica sin más una medida como esa, habría que recordar que la delincuencia ya estaba en las calles cuando, sobre todo Felipe Calderón, decidió aplicar a lo sonso la fuerza estatal con más ánimos de legitimar su fraudulento ascenso presidencial que de garantizar la seguridad pública. El resultado es de todo mundo conocido. La amnistía como proceso de paz ha sido considerada como viable por expertos en el tema, incluso en un esquema de regulación de drogas, como lo ha sostenido Santiago Roel con respecto a sectores vulnerables de la población, como los campesinos pobres, que podrían evitar caer en prisión si el Estado mexicano promueve “un cambio con un enfoque científico, pragmático, preventivo e innovador, tomando paulatinamente el control del mercado de drogas y disminuyendo el poder corruptor de las organizaciones criminales” (Entrevista en “La Jornada”, 26 de abril de 2018).
Para aterrizar un cambio así, el especialista Roel propone, antes que nada, aceptar el problema y la gravedad del mismo. Luego, no confundir regulación con promoción de drogas y, mucho menos, considerar que se trataría de un beneficio marginal. Sin embargo, la reacción de la oposición a un planteamiento amplio de construcción de paz y reconciliación nacional ha sido la de, a falta de argumentos más sólidos que prejuicios y supuestos, mofarse de todo lo que proponga el actual gobierno. Finalmente, vuelvo a traer para la reflexión el abrumado pensamiento del protagonista de “Crimen y castigo” de Dostoievski, cuando se pregunta si no es bastante sufrimiento la incomprensión de quienes le rodean, sobre los motivos que le han orillado a cometer el homicidio de una usurera, sobre todo el pobrísimo medio en que ha vivido, asumiendo que no puede aspirar a tener “el derecho” de matar puesto que ni siquiera puede imaginar la posibilidad de tener “el poder”. Así las cosas, cuando la rancia oposición supone que los pobres amnistiados podrían volver a delinquir, parece que lo suponen considerando que el Estado les dará ese “poder”; un poder que, empero, como delincuentes de cuello blanco, pretenden siempre tener concesionado.