Estado rector
Dos actos recientes muestran la voluntad política distinta del actual gobierno federal con respecto a los del modelo neoliberal que le precedieron. Por una parte, la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo Federal para reformar la Ley Minera de 1992 que, sabido y experimentado está, propició el despojo de tierras por grandes empresas trasnacionales mineras que, además, generaron daños ambientales severos en diversas regiones del país. Por otra, la determinación de adquirir 13 plantas de generación de electricidad a la empresa española Iberdrola, con lo cual nuestro país tendrá el control del fluido eléctrico en 55 por ciento del territorio nacional.
Es una voluntad política distinta porque los gobiernos neoliberales anteriores, se plegaron a los designios del gran capital financiero internacional, subastando al mejor postor empresas del sector público, bajo el “argumento” de que significaban un lastre para la economía nacional y había que achicar al Estado mexicano lo más posible para que los privados orientaran el desarrollo del país, con todo y que el espíritu constitucional indicara lo contrario. Recuérdese cómo Salinas llegó a plantear “su” reforma del Estado, bajo el eufemismo del “liberalismo social” que no era más que un “oxímoron” que se escuchaba espectacular, pero que buscaba justificar una nueva política clientelar llamada “Solidaridad” y que resultó un fiasco para combatir, en serio, la desigualdad económica y social.
Nuestra Constitución es clara al abordar la planeación del desarrollo económico y rectoría del Estado en sectores productivos estratégicos, como en el artículo 25, párrafo primero: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales…”. Sí, leyó Usted bien dicho artículo “in fine”, se hace referencia a “clases sociales”, con todo el escozor que eso causa a grupos conservadores. También, dicho artículo en su párrafo segundo: “El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo…”. En el artículo 28, párrafo quinto, se establece que: “El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado”. En suma, como observara don Pablo González Casanova, el Estado como “poder de disponer de la economía nacional”.
La compra a Iberdrola, es un acto que, por cierto no implica mayor deuda pública y, para desmentir a la oposición, no es una expropiación, sino un acto de responsabilidad consecuente con lo que establece la Constitución, amén de una voluntad política distinta y una realidad económica que demanda cambios de fondo y no mera simulación. De la iniciativa de reforma a la Ley Minera ya comentaremos en otra ocasión.
