Auditoría a la doctora

No es difícil entender por qué el Congreso del Estado en la sesión plenaria de ayer emitió un acuerdo mediante el cual se instruye al Órgano Máximo de Fiscalización del Estado, para que éste inicie en calidad de inmediato y prioritario, un proceso nuevo e independiente de auditoria a la Secretaria de Salud estatal.

La auditoría ordenada se concentrará específicamente en proveedores, licitaciones, procesos de compras, adquisiciones y contrataciones de servicios, obras y arrendamientos que ha efectuado la actual administración, abandonada por la extitular de esa dependencia, ahora candidata  morenista a la gubernatura, y quien por cierto, apenas hace un par de meses reclamaba a los medios que no efectuaran cuestionamientos de corrupción, durante sus conferencias matutinas, bajo la premisa de que “la dejaran trabajar puesto que ahí estaban salvando vidas”. Del respeto a las  de las vidas –si es que alguna vez lo tuvo– se ha olvidado; actos multitudinarios pletóricos de acarreados (obligados bajo presión sindical) lo demuestran. . 

Son múltiples los antecedentes que dieron lugar a la instrucción de la Legislatura; los hechos han quedado ya evidenciados, van desde la absoluta secrecía en el manejo de deuda de la dependencia (misma que la llevó a ser señalada como obscura ante la falta de transparencia), hasta los maquillajes a que sometió los estados financieros para ocultar el incremento exponencial de la deuda; basta recordar el escándalo que se generó a principios de la administración cuando comenzaron a repartirse indiscriminadamente cunas de cartón; fructífero contrato directo otorgado por la hoy candidata a uno de los vástagos del vicegobernador carrerista. 

No es tampoco nuevo el señalar, como lo hicieron en su momento diversos medios, las corruptelas en las que fue sorprendida la doctora Rangel cuando comenzaron a abundar los contratos que de manera directa le otorgó al flamante “príncipe del emprendimiento” Gabriel Salazar, a quien primeramente desconoció y ante la evidencia contundente de sus fotografías y contratos, pretendió –sin lograrlo–desvincularse.  Hoy, ambos enfrentan denuncias que van desde desvío de recursos hasta falsificación de documentos; ambos, también, candidatos.

Mucho de esto ya es del conocimiento público  gracias a la investigación “Pandemia de la corrupción” realizada por el portal de transparencia Ciudadanos Observando, el cual documentó y evidenció el uso desmedido de empresas fantasmas para desviar más de 300 millones de pesos durante la gestión de la hoy candidata morenista, quien perversamente pretendió cobijarse bajo el manto de “violencia de género” ante las críticas de los medios.

Es fácil adelantar lo que los auditores designados pudieran encontrar en esta nueva auditoría; por ejemplo, se percatarán que muchas de las empresas favorecidas durante los poco más cinco años que encabezó la dependencia la doctora Rangel, y que obtuvieron directamente contratos millonarios, fueron creadas en el mes de octubre del 2015, y subsecuentes. No es ocioso recordar que fue nombrada secretaria el 25 de septiembre del mismo año.

Con toda seguridad la auditoría también evidenciará que las acta constitutivas que aparecen en los expedientes, fueron armadas exprofeso y con posterioridad, “para cumplir con la ley”; aparte que el objetivo de las empresas en muchos casos no está relacionado con el servicio para el que fue contratado y, todavía más, los domicilios fiscales de muchas de estas empresas no soportarían un visita de inspección, ya que  son –en el mejor de los casos– domicilios particulares donde se desconoce que con él fue registrada una empresa; en el peor, la búsqueda será infructuosa, el auditor determinara que los domicilios son inexistentes.

Abundando más en estas diligencias de revisión, se encontrará (como ya quedó demostrado en los resultados de la Cuenta Pública 2019) que existen errores tan burdos y tan falsos en los expedientes armados, como que la secretaria de Salud llegó a firmar contratos antes de tener la cotización del proveedor. Me explico: en los resultados de la auditoría a la Cuenta Pública, se detectó ya, que en el contrato SSSLP-ASIG-COMBLUBDI-131/2019 celebrado el día 26 de diciembre del 2019, por $1’253,437.00 a favor del proveedor TOKA Internacional, S.A.P.I de C. V. en donde se evidenció que el expediente de compra carecía de carta de garantía, investigación de mercado, declaración de impuesto sobre la renta, constancia de situación fiscal del proveedor y falta de acreditación de personalidad jurídica del proveedor. No obstante lo anterior, así, se celebró el contrato; pero, más grave todavía, el hallazgo que se realizó es que el contrato se celebró con fecha anterior a la fecha en que fue emitida la cotización por el proveedor. 

No es aventurado afirmar, en apoyo al grupo de auditores a quienes se les encomiende la revisión,  que si se realiza una adecuada observación a los trabajos que ya ha realizado la propia Auditoria Superior del Estado, de un análisis lógico se pueda ver que en la Cuenta Pública 2018 fueron señaladas cuatro acciones ordenando vista al Sistema de Administración Tributaria para que ejerciera sus facultades de comprobación fiscal, puesto que quedó en evidencia que derivado de los contratos que celebró la extitular con los proveedores en turno, no fueron localizados dichos proveedores en los domicilios fiscales que fueron manifestados; es decir, son inexistentes. Pero para el caso de la Cuenta Pública 2019 no fueron cuatro sino ocho acciones de la misma índole; es decir se duplicaron de un año para otro este tipo de acciones de contrataciones simuladas con proveedores que fueron elegidos para este tipo de actos.

Es posible establecer  también que, gracias a la pandemia, para el caso de la Cuenta Pública 2020, estas acciones se habrán triplicado sin duda alguna; lamentablemente estos datos se tendrán –pasadas las elecciones– a finales de octubre de este año. Pero se evidenciará una vez más, que Mónica Liliana Rangel Martínez, ex secretaria de Salud y candidata morenista a la gubernatura, realizó un dispendio brutal del erario, de manera directa y en contubernio con el grupo de empresas favorecidas, sin que en muchos de estos contratos por bienes y/o servicios se pueda acreditar que se hayan recibido los insumos y/u otorgado los servicios. 

No está por demás  sugerir a la Auditoria Superior del Estado, o a quien legalmente pueda ejecutar esta auditoria ordenada: existe un protocolo de auditoria denominado “follow the money” (sigue el dinero). Si comienzan a rastrear con el apoyo de la UIF (fiel guardián pretoriano federal y brazo ejecutor de la cuatroté) los depósitos y trasferencias que se realizaron a partir de que los Servicios de Salud pagaron a los proveedores, podrán cerrar la pinza y detectar en dónde terminó al final ese dinero, y quiénes fueron los verdaderos beneficiados de estos esquemas. Los resultados serán sorprendentes.

Por cierto, aunque el día de ayer corrió insistentemente el rumor del cese o renuncia del secretario de Finanzas, Daniel Pedroza, hasta el momento éste continúa –aunque no sé si firme– desempeñando su encargo.   

Gracias por la lectura, comiencen a reflexionar su voto.