Axiomas

Cuando una verdad es tan evidente que no requiere de mayor demostración, nos encontramos con un axioma. La corrupción, por ejemplo, ha sido una verdad tan evidente en el servicio público, que sin mayor problema se ha tenido siempre como axiomática en el caso mexicano. Igual ha ocurrido con la impunidad y otro tipo de conductas registradas en buena parte de los, dizque, servidores públicos, para tener como muy propio de nuestras instituciones gubernamentales y representativas ese tipo de prácticas vergonzosas. Incluso, no ha faltado quien llegue a postular que cambiar ese estado de cosas es harto complicado, como si se tratase de un principio lógico irremediable porque anteriores experiencias así lo han demostrado, como cuando el inefable Peña Nieto lo asumió como una cuestión “cultural”.

     Pero resulta que, en el ámbito de lo social, el sentido lógico de prácticas tan degradantes como las ya señaladas, tiene que verificarse si corresponden o no, y en qué grado, con un sentido digamos histórico, de tal manera que no se tenga como de imposible reparación. De otra manera, habría que asumir que, por ejemplo, la inseguridad que ahora tiene agobiada a la sociedad potosina es un mal endémico de muy difícil solución, en virtud de que, ciertamente, la corrupción y la impunidad son verdades tan obvias que no necesitan de mayor demostración, de tal suerte que, cuando aparecen videos tan escandalosos como el de los policías que arrebatan su bolso a un ciudadano común, ya ni es de sorprender tanta impudicia en la acción, así como tampoco en la conducta omisa de las autoridades para llevar a buen puerto cualquier investigación. 

     El axioma de la inseguridad potosina es de tal fuerza que, aún y cuando las autoridades, en sus diferentes niveles de (in)competencia, aseguren “que todo va bien”, que “aquí no pasa nada”, que “en otras partes están peor”, que “la incidencia delictiva está a la baja”, que “si las arañas”, etcétera, para la mayoría de la sociedad la percepción es otra y, además, se confirma diariamente con la persistente comisión de ilícitos de todo tipo que, incluso, hasta parecieran escalar en su desafío a las instituciones que se ufanan de “ir por más”, “sonar fuerte” y otras yerbas similares que, francamente, ya parecen más un toque de burla que de oficiosa solidaridad. En todo caso, que las autoridades “ni sudan ni se abochornan” por el azote de la inseguridad, es una verdad más que se vuelve axioma por acá.

     Pero si en sentido lógico cabe esperar esa abulia institucional para combatir la corrupción, la impunidad, la inseguridad y otros comportamientos deleznables de “la autoridá”, no puede ocurrir lo propio en sentido histórico y menos si la propia ciudadanía se propone tratar de poner las cosas en su lugar. Afortunadamente, las redes digitales y las propiamente sociales que se instauran entre colectivos y voces críticas que proceden a multiplicar las denuncias sobre casos de abusos de autoridad, se han venido activando cada vez más, impidiendo que esos axiomas cobren carta de naturalidad en las mentes de las personas, como si fuera imposible cambiar ese tipo de “verdades” que, ciertamente, son pesados lastres que se han arraigado y acumulado de tiempo atrás, pero que no se pueden tolerar más.

     Finalmente, no deja de ser sugerente que uno de los últimos escándalos denunciados por la actual administración municipal capitalina lleve por título el de “Axioma”, denominación social de una empresa que, en el pasado reciente, se presume fue utilizada para sobrevaluar y desfalcar con varios millones de pesos las arcas del ayuntamiento de la capital (“Pulso”, 29 de abril de 2019), vía una muy cuestionada prestación de servicios médicos para trabajadores del “Interapas ”, ese organismo convertido en apetecible manzana de la discordia y que ha dado mucho de qué hablar, como si de un barril de corrupción e impunidad sin fondo se tratara, cual verdad tan evidente que no requiere de mayores probanzas y que, empero, se tiene que revisar y sanear, so pena de seguir haciendo del vital líquido un lucrativo negocio y no la prestación de un servicio social.