Si el Ejecutivo estatal a cargo de Juan Manuel Carreras continúa cerrando los ojos ante el grave problema de creciente inseguridad que nos aqueja, lo único que se va a conseguir son pesadillas cada vez más horribles. La proximidad del último cuarto sexenal es un mal momento.
No sé si el gobernador Carreras lo sepa, lo entienda y lo valore o que ni lo sepa ni lo entienda ni le importe, pero lo cierto es que en materia de seguridad pública vamos de mal a peor, y no hay ninguna reacción de su gobierno que refleje alguna preocupación por evitarlo.
Para quienes se interesen en la parte cuantitativa, les recomiendo la columna Bitácora de Armando Acosta publicada ayer en San Luis Hoy. No tiene desperdicio. Incluyo aquí una síntesis: en los dos años que Jaime Pineda lleva al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el número total de delitos registrados en la entidad aumentó un 47 por ciento. Conforme a las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los incrementos se dieron en todos los rubros: en homicidios dolosos, 17 por ciento, en feminicidios, 37.5 por ciento; robos en general, 27.5 por ciento, robo de automóviles, 76.5 por ciento, y en cuanto a delitos sexuales el aumento se disparó hasta un escandaloso 350 por ciento.
Si nos atenemos a estas cifras, no hay manera de eludir la conclusión: la de Pineda es una gestión fracasada como Secretario de Seguridad Pública. Pero no perdamos de vista que los números ni se producen por generación espontánea ni dibujan todo el panorama. Los índices, incrementos o decrementos delictivos tienen causas, raíces, orígenes y, en algunos casos, explicaciones.
De alguna manera, el propio Pineda nos permitió el martes pasado vislumbrar algo de esas profundidades. Dijo que en nuestra entidad “no hay un lugar seguro”. Esta escalofriante declaración, es al mismo tiempo una confesión de derrota, una capitulación ante la severa realidad que debe ponernos los pelos de punta. Las palabras del titular de la SSPE aparecieron en la versión electrónica de este Diario desde la mañana del martes, permanecieron ahí todo el día y continuaron ayer, además de aparecer en las versiones impresas de Pulso y San Luis Hoy. Hasta el momento de redactar estas líneas -media tarde de ayer miércoles- no hay ninguna aclaración, precisión o desmentido.
¿Le sirve a San Luis, a sus habitantes, un responsable de la seguridad pública que se exhibe pesimista, derrotado, resignado? Por supuesto que no.
Imagínense ustedes un rector de universidad que sale a declarar que en ninguna de sus facultades las cátedras se imparten como debe ser; o a un entrenador de futbol que asegura que ninguno de sus jugadores va a meter gol en la temporada. Algo equivalente es lo que confiesa Pineda.
En otros momentos, con un estilo de gobierno distinto y con un sentido de la responsabilidad de gobernar diferente, JP ya habría sido despedido. Hace algunos meses, por ineficaz; ayer, por derrotista, por confesarse fracasado y, en última instancia, por tonto.
No se va a ir. Pineda es beneficiario de una doble circunstancia: la aversión enfermiza del gobernador Carreras a hacer cambios en su Gabinete, y la protección a ultranza que le brinda Alejandro El Caco Leal Tovias, a quien trae embelezado no sabemos si con halagos, con regalos, con negocios lucrativos o con todo al mismo tiempo.
En más de una ocasión, Juan Manuel Carreras ha racionalizado su resistencia a los cambios de colaboradores. Palabras más palabras menos, dice que si cambia a alguno, no tardarán mucho -los medios de comunicación, la IP, las organizaciones civiles, etc. (suponemos)- en pedirle que cambie al nuevo o a otros más. Con esa convicción, justifica que es mejor mantener a los que están y solo tratar de que hagan mejor las cosas. Es decir, se asume incapaz de encontrar relevos que sean menos incompetentes, menos flojos o menos pillos. Desde luego que los hay, lo mismo para el caso de Pineda que para los de Leopoldo Stevens, Alberto Elías y demás, pero a Carreras ni le interesa buscarlos ni ganas tiene de encontrarlos. Es una tarea demasiado pesada, exige pensar y tomar decisiones. No está para tamaños desafíos nuestro afable y sonriente señor gobernador.
Esta visión del mandatario potosino explica por qué pese a su comprobada y medida ineptitud Jaime Pineda está seguro, segurísimo en su puesto: es también una visión derrotista, propia de quien se siente fracasado. Ambas perspectivas pertenecen a una misma escuela de pensamiento: Pineda y Carreras, para beneplácito de El Caco, son autoderrotados, reacios a cumplir sus deberes.
Una apostilla: en su última comparecencia del año pasado ante medios de comunicación, para dar cuenta de la evolución de las estadísticas delictivas a nivel nacional, el secretario Alfonso Durazo utilizó esencialmente un solo referente comparativo: años y meses anteriores. En ningún momento el responsable federal de la seguridad pública sacó a relucir que comparados con Honduras, Senegal o El Salvador estamos mucho mejor, aunque en relación con Suecia, Canadá y Singapur estamos peor.
Traigo esto a colación porque como a todos nos consta una de las chapuzas de Pineda, aceptada dócilmente por sus superiores, es presumir que en cuanto a seguridad hay algunos estados mejor que nosotros pero que son más los que están peor. Esto es lo que en el barrio se llama consuelo de tontos.
TORREÓN
Y SUS SECUELAS
La tragedia que se registró la semana pasada en Torreón, Coahuila, cuando un niño de once años llegó armado a su escuela, asesinó a su maestra, hirió a varios de sus compañeritos y luego se suicidó, replanteó en la conversación nacional la conveniencia o no de volver a aplicar en los planteles la “Operación Mochila”, para la revisión preventiva de los bolsos de los alumnos para evitar el ingreso a las aulas de armas, sustancias prohibidas o cualquier tipo de objetos peligrosos.
Quienes se oponen a su implantación, principalmente organismos y activistas defensores de los derechos humanos, esgrimen argumentos robustos que en principio parecen difíciles de rebatir. Según estos, la revisión de mochilas, implica una serie de circunstancias adversas a los niños y jóvenes alumnos: se les criminaliza (o sea que se les considera posibles criminales); se viola su derecho a la intimidad y se vulnera su dignidad.
La experiencia, ya histórica e internacional, nos demuestra que cuando se trata de proteger intereses colectivos superiores, resulta perfectamente racional y legal afectar un tanto cuanto los derechos humanos en su escala individual.
En mayor o menor medida todos lo hemos experimentado. A raíz de la irrupción del terrorismo internacional, que tuvo su clímax en los atentados de septiembre del 2001 en los Estados Unidos, las revisiones en los aeropuertos de todo el mundo se volvieron estrictas, invasivas y en no pocos casos vejatorias. Había que abrir el equipaje de mano, quitarse los zapatos, entregar el cinturón, el llavero, las monedas y todo objeto metálico. Desde luego que había inconformidades y malas reacciones, pues todos los pasajeros afectados entendían que implícitamente se les veía como posibles terroristas, pero al final del día también sabían que a ninguno les gustaría que explotara una bomba dentro del avión en pleno vuelo. Con altibajos a lo largo del tiempo, con variaciones según el país, las revisiones violatorias de derechos humanos ahí siguen.
Luego de que hacia principios de los 90s los fanáticos ingleses del futbol comenzaron a tener dinero suficiente para seguir a sus equipos en el extranjero, les dio por provocar verdaderas batallas campales en los estadios ajenos, hasta que hubo víctimas fatales. A partir de entonces, en una política universal, a los estadios y demás escenarios deportivos no se puede entrar sin pasar una revisión más o menos minuciosa. Está prohibido introducir armas, drogas, bebidas alcohólicas en recipientes de vidrio. Pero no basta con la prohibición, las autoridades correspondientes se aseguran de su cumplimiento con la aplicación de revisiones incómodas.
Lo mismo sucede en eventos artísticos que se presentan en lugares cerrados, en parques de diversiones, en clubes nocturnos o antros. En muchos de estos sitios, como los escenarios deportivos, los parques de diversiones y los eventos artísticos, acuden niños que también son revisados si llevan mochilas o cosa parecida. Y no se diga las señoras, cuyos bolsos simplemente no pasan si superan determinado tamaño y si pasan antes los vacían para ver qué llevan.
¿Y entonces?
COMPRIMIDOS
El viernes pasado anduvo por estas tierras el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Héctor Larios, para reunirse con la dirigencia, consejeros y cuadros locales y hablarles sobre el proyecto de reformas a sus estatutos. Previo a la reunión abierta, Larios se reunió a comer en petit comité con comité estatal que encabeza Juan Francisco Aguilar y cinco de los aspirantes a la candidatura para gobernador: Xavier Azuara, Marco Gama, Rolando Hérvert, Sonia Mendoza y Octavio Pedroza. Xavier Nava Palacios no fue invitado localmente, con el argumento de que no está afiliado al albiazul.
Antes de concluir la comida en el Trashumante, Larios propuso que a la próxima reunión de ese tipo se invitara a Nava Palacios. Cuatro de los cinco prospectos se opusieron (“hasta que sea panista”). Únicamente Azuara estuvo de acuerdo. El visitante debe saber algo que no saben sus compañeros potosinos de partido, o por lo menos considera negativas sus diferencias, porque en una entrevista con el semanario El Exprés le echó flores al alcalde capitalino, y cuando le preguntaron si podría ser candidato a gobernador sin estar afiliado a Acción Nacional, Larios respondió que su partido tiene una larga tradición de candidatos externos. Incluso citó que en sus primeras candidaturas Vicente Fox y Manuel Clouthier participaron con esa modalidad.
Algo curioso está pasando con los Superdelegados de la 4T que tantas expectativas despertaron. Se percibe que van a la baja a nivel nacional. Hay distintas circunstancias, pero ya no son lo que eran y menos lo que prometían ser. A nivel local, atrapado en acusaciones de malas cuentas que están siendo investigadas por la Secretaría de la Función Pública, Gabino Morales anda de bajo perfil, muy bajo.
Mañana viernes se abre y cierra -de 18:00 a 20:00 horas- el plazo para registro de interesados en contender por la dirigencia estatal del PRI. Hasta ayer miércoles, no había noticias de que alguna fórmula distinta a la de Elías Pesina y Yolanda Cepeda estuviera buscando los apoyos necesarios para participar. En cuanto al número de casillas que pudieran instalarse para recibir los votos de los 6 mil 200 consejeros, nos explican que si no hay una segunda planilla, la votación carece de sentido y sería sustituida por una asamblea de proclamación.
Hasta el próximo jueves.