El combate a la corrupción tiene que contar con resultados claros y contundentes -digamos que hasta espectaculares-, para mostrar que va en serio. Tal parece que hacia allá (ojalá) apunta la orden de aprehensión contra el ex-director de Pemex con Enrique Peña Nieto, el hoy prófugo de la justicia, Emilio Lozoya, como consecuencia del escandaloso caso “Odebrecht”. Ya se avizora que un buen número de ex-funcionarios públicos y personalidades ligadas con la clase política que detentó el poder en el sexenio pasado, tendrán que ser llamados a cuentas respecto de la participación diversa (acción u omisión) que hayan tenido en los enjuagues de la famosa compañía brasileña por estos lares.
En otros países latinoamericanos, por su parte, ya han sido investigados y encarcelados ex-presidentes (hasta un “suicidado”, el peruano Alan García) y acá, por lo menos, algunos “achichincles” cercanos a Peña Nieto deberían poner sus barbas a remojar (al ver las del vecino cortar); así como también otros muchos personajes que, en el pasado reciente, aprovecharon la situación para darse vuelo en cualquier rincón del país para dejarlo “en ceros”, como en la célebre película “La ley de Herodes”, donde hasta las arcas del tesoro del municipio más empobrecido fueron “pasadas por las armas”. El mensaje parecería decir, entonces, “si es posible que caiga un pez gordo, cualquier charal de agua puerca también”.
Sin embargo, mientras que en otras partes ha sido posible enjuiciar a no pocos altos “dignatarios”, en México sigue pendiente demostrar que también hace aire en materia de combate a la corrupción. Nuestros ex-presidentes de la República siguen muy campantes, algunos haciendo desfiguros dizque bailando (Peña); otros son corridos y “boca-bajeados” hasta por sus propios correligionarios de espectro ideológico (Fox); otro más atizando “el fuego del incendio que sigue al crimen” (parafraseando a Elías Canetti), como Calderón que aprovecha para meter la mano en el tema de la seguridad pública, después de que ese tema fue el talón de Aquiles en su mandato (como para espetarle que ya le pare, “que no es tema...”).
Y es que terminar con todo ese aparato de rapiña, tanto tiempo instalado y usufructuado por unos cuantos, no es cualquier cosa. El mentado Lozoya hizo de la necesidad “virtud” y allí tienen que, literal, hasta la madre, su esposa y una hermana estaban “metidas en el ajo”. Corrupción familiar de altos vuelos, como para que no haya dudas de que todo el saqueo pueda quedar en “buenas manos”. Hasta eso, Peña Nieto fue más listo que este subalterno y, más rápido que el rayo, decidió cancelar el que, en su momento, fuera un convenenciero contrato de matrimonio que tenía con la actriz de telenovela Angélica Rivera, mejor conocida como “la gaviota”. Y es que, en ese tipo de negocios turbios, el hilo se revienta siempre por lo más delgado.
Pero el pueblo cree y espera (parafraseando a otro clásico nuestro), mientras la esperanza no muera; por eso, es de vital importancia que en este caso se vaya al fondo y quede como ejemplo de que no habrá más impunidad en los tiempos venideros. La propia titular de la secretaría de gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha sido enfática en esto: “la imagen del país es de absoluta impunidad” (en “La Jornada”, 6 de julio de 2019). Los datos de la funcionaria son de dar miedo: “sólo 2 de cada 100 ilícitos se denuncia, llegando a tribunales 0.4 por ciento de los casos y el riesgo de una sentencia condenatoria para un delincuente de alta peligrosidad es de 0.2 por ciento” (Ibid.) O sea, está cañón obtener justicia, pero se tiene que intentar y lograr.
Finalmente, si los ex-presidentes de México, del pasado reciente, andan como “chivos en cristalería”, no significa que hayan pasado la prueba de la justicia histórica, esa que, más allá del brazo largo de la ley que los pueda alcanzar algún día, les recuerda que la memoria del pueblo siempre permanece viva y que, perogrullada incluida, jamás olvida.