Buena, pero manchada
“No hagas cosas buenas
que parezcan malas, ni cosas
malas que parezcan buenas”.
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La controversia sobre el 13º transitorio de la reforma judicial ha ocultado el hecho de que se trata de una buena reforma. Quizá por eso ha sido tan desesperante la introducción del mentado artículo.
No hay reforma perfecta, pero algunas generan avances, otras, retrocesos. La reforma judicial impulsada por el ministro presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar y el presidente Andrés Manuel López Obrador promueve un progreso innegable.
Lo más significativo es que concentra el trabajo de la Corte en las controversias y acciones de inconstitucionalidad. El objetivo es convertirla en un verdadero tribunal constitucional, dejando otros temas a cortes inferiores. La SJCN podrá elegir los casos más trascendentales, lo cual permitirá un mayor cuidado en las sentencias, pero también una mayor relevancia, ya que tendrán efectos de más fondo. Esperemos que la selección de casos que verá la Corte no se politice.
Ya no serán necesarios cinco fallos consecutivos en el mismo sentido para sentar jurisprudencia. Como en otros países, una sola sentencia establecerá precedentes que tendrán que atender los tribunales inferiores. Esto hará mucho más breve y claro el proceso para marcar un rumbo en las decisiones judiciales.
La reforma incluye medidas para mejorar la carrera judicial. Establece concursos de oposición en todas las categorías, por lo que las designaciones ya no podrán venir de influencias o de nepotismo; será, paradójicamente, un sistema meritocrático, como el que ha rechazado el presidente en la administración pública federal al dar preferencia a sus incondicionales.
La creación de una Escuela de Formación Judicial, como el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ayudará a la profesionalización de quienes ingresen a la carrera judicial. Se establecerá también un sistema de defensoría pública para dar un mejor perfil a los “abogados de los pobres”, como los llamó el presidente López Obrador, los cuales reemplazarán a los defensores de oficio de hoy.
Como la Corte no tiene capacidad de iniciativa legislativa, los proyectos para la reforma constitucional y la ley orgánica del poder judicial fueron elaborados por el Consejo de la Judicatura, pero presentados al Congreso por el ejecutivo. Por eso había un conocimiento de fondo sobre los problemas a resolver.
No todo en la reforma es positivo, a mi juicio. Por ejemplo, mantener el requisito de mayoría calificada, por lo que ocho ministros de los 11 deben declarar la inconstitucionalidad de una ley, es demasiado oneroso y no corresponde a la práctica en otros países, donde basta una mayoría simple. Tampoco me gusta el requisito de “paridad de género” en la carrera judicial, que obliga a la aplicación de cuotas. Deberíamos escoger a los mejores jueces, magistrados y ministros sin discriminar por sexo, etnia, religión o inclinación política.
La reforma constitucional fue aprobada por mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso y por mayorías simples en las legislaturas estatales. El apoyo de muchos legisladores de oposición subraya las bondades del proyecto. Por eso es tan frustrante que el senador Raúl Bolaños del Partido Verde haya metido de último momento, y sin consultar a la Judicatura, el 13er transitorio que amplía los mandatos del ministro presidente y de integrantes de la Judicatura.
Este artículo mancha una buena reforma. La Corte debe descartarlo.
Antigüita
Hoy es aniversario de la cuestionada elección de 1988. El problema no fue la caída del sistema: México no tenía, ni tiene, voto electrónico. Las irregularidades se registraron en los centros de votación y en los cómputos distritales. En Chiapas, por ejemplo, 90 por ciento de los sufragios beneficiaron a Carlos Salinas. Fue un fraude a la antigüita.
Twitter: @SergioSarmiento
