Cambios electorales
Es probable que usted ya haya escuchado estas noticias. Durante las próximas semanas se desarrollará un proceso convocado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para la designación de cuatro consejerías que se integrarán al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, toda vez que en el próximo mes de abril concluirá el periodo de nueve años por el que fueron designadas las consejerías del actual Presidente del INE Lorenzo Córdova Vianello, Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón.
Recordará usted que ya hace algunos meses se había planteado una iniciativa de reforma electoral qué proponía la integración de un nuevo Consejo General del Instituto Nacional Electoral con consejerías designadas por voto popular. Esta propuesta requería de una modificación constitucional que, como usted sabe, no se logró cuando fue presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados -lo que propició el ya célebre Plan B que ha sido discutido ya en otros espacios-. La Cámara de Diputados, que es la instancia legislativa facultada por la Constitución para realizar las designaciones de las consejerías, emitió entonces una convocatoria que después fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al no establecer con claridad cuáles serían los criterios por los cuales se realizarían designaciones de manera paritaria, ni tampoco se especificaba con claridad cómo sería el mecanismo para la designación de la consejería responsable de ocupar la presidencia del Instituto para un siguiente período de nueve años.
Hace unos días se publicó en el Diario de Oficial de la Federación la convocatoria vigente y cuyo plazo para el cierre de registros vence este día jueves 23 de febrero. Esta nueva convocatoria ha sido modificada nuevamente, hace unas horas, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que se especificaba que las distintas etapas de la evaluación de las personas aspirantes tendrían como resultado la integración de cuatro quintetas de personas propuestas. Una por cada consejería; dos quintetas estarían integradas solamente por hombres, una de forma exclusiva por mujeres y una quinteta más que habría sido conformada de manera mixta y de la cual se designaría a la persona que habría de fungir como presidenta(e) del INE. Como le decía, el Tribunal Electoral acaba de determinar la modificación de esta disposición ya que no garantizaba la conformación paritaria en el Consejo General del INE, quedando entonces de la siguiente manera: dos quintetas integradas exclusivamente por hombres y dos quintetas integradas de forma exclusiva por mujeres. Además el tribunal determinó que de una de las quintetas integrada por mujeres se designará a la próxima consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Será la primera vez que la Cámara de Diputados designe a una mujer como consejera presidenta -no hay que olvidar qué hace algunos años la doctora María Marván Laborde ocupó la presidencia rotativa del entonces Instituto Federal Electoral por algunas semanas.
Las personas que serán designadas para fungir como consejeras electorales se integrarán a un colegiado junto con otras 7 personas para enfrentar algunos desafíos inéditos. Quisiera destacar dos de manera puntual: la próxima presidenta del INE, así como el resto de las y los integrantes del Consejo General tendrán la responsabilidad de conducir el proceso de adecuación organizacional, normativa y presupuestal de un Instituto que será modificado por el paquete de reformas que, también hace unos minutos, aprobó el Senado de la República y remitió al Poder Ejecutivo para su publicación.
Sabemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha admitido a trámite las Acciones de Inconstitucionalidad promovidas en contra de la primera parte del Plan B de la reforma electoral y ha concedido la suspensión provisional; no se harán esperar las Acciones de Inconstitucionalidad, las controversias y los amparos por afectación laboral que implica la segunda parte del Plan B de reforma electoral. Lo que habrá de ocurrir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con todos esos recursos es materia de un análisis y discusión acucioso que podremos realizar en otro momento; de entrada, lo que hay que advertir es que una nueva conformación del INE tendrá que enfrentar y resolver la forma en la que se va a implementar esta disposición legislativa.
El segundo desafío tiene que ver con el desarrollo de actividades orientadas a la organización del siguiente proceso electoral concurrente -en el año 2024 donde nuevamente se elegirán los cargos de Presidencia de la República, Senado de la República, diputaciones del Congreso de la Unión y renovación de puestos locales en prácticamente todo el país-. Si consideramos que el desarrollo de estas actividades está condicionado a los factores de suficiencia presupuestal y sobre todo a las disposiciones que tendrán que implementarse lo que resulte del Plan B de la reforma electoral, es posible que nos encontremos frente a un escenario en el que el Instituto tendrá que desarrollar estas actividades de organización sin tener la certeza del posible resultado de lo que determine la Suprema Corte de Justicia sobre las reformas propuestas.
De todas estas definiciones depende la base normativa e institucional sobre la que se desarrollará el siguiente proceso electoral nacional. De ese tamaño es lo que está ocurriendo ahora.
Twitter. @marcoivanvargas
