Condenar la condena
Ginés de Sepúlveda reivindicó, en el siglo XVIII, que los europeos conquistaran tierras americanas, asumiendo que se trataba de un “derecho de gentes”, de un pretendido privilegio de los pueblos “civilizados” frente a los bárbaros y salvajes de ultramar. Hoy, los miembros del Parlamento Europeo han resuelto condenar al gobierno mexicano, asumiendo que se violentan los derechos humanos en materia de libertad de expresión, de prensa y de manifestación de las ideas. De inmediato, de manera mecánica, sumaron aplaudidores en sectores derechistas que no han logrado convertirse en una oposición “leal” al régimen gobernante, como alguna vez se calificaran, a sí mismos, como presunta seña de identidad civilizatoria en las lides políticas. Ante la debilidad política acumulada, esos sectores conservadores locales prefieren adherirse a la descalificación externa, antes que generar con fuerza la crítica propia. En el caso que ocupa, la develación de un eurocentrismo aparece como viejo lodo de aquéllos polvos que se creían desterrados. Pero, en el fondo, como siempre ha sido, lo que les duele a propios y extraños (léase conservadores de casa y parlamentarios extranjeros) es la defensa de los intereses nacionales y populares que un gobierno distinto lleva a cabo.
Hoy, como ayer, cuando se frena el despojo, la depredación, por parte de intereses externos en complicidad con traidores a la patria que, poco faltó para que vendieran el país completo a precio de ganga, aparecen los émulos de Sepúlveda, ignorando que también existen quienes reivindican el espíritu de un Bartolomé de las Casas, por ejemplo, que mucho antes que el tal Ginés, condenaba la esclavitud hacia los pueblos originarios, cuestión que a éste último, por el contrario, le parecía de lo más natural y necesario. Pero la respuesta del gobierno mexicano ha sido contundente y la de los gobernadores de la Cuarta Transformación demoledora, como puede leerse en un manifiesto difundido, ampliamente, el 11 de marzo: “saludamos el repentino interés en el desarrollo democrático de nuestro país, sin embargo, no podemos dejar pasar la oportunidad de señalar que el eurodiputado Francisco Millán, del partido Conservador Europeo, en su intervención ante el pleno del Parlamento, después de una larga descalificación de las políticas populares de la 4T, abordó la verdadera razón detrás de este pronunciamiento, al afirmar que en México no hay seguridad jurídica para las empresas, esta carencia la sufren, por ejemplo, las inversiones extranjeras en el sector energético, entre ellas empresas europeas”. No dan paso sin huarache, pues.
Pero no queda allí la cosa, otro entusiasta eurodiputado que cuestiona rabiosamente, la política popular del gobierno de la Cuarta Transformación, es un tal Leopoldo López Gil que, antes, fue opositor al régimen de Hugo Chávez en Venezuela y, como no tuviera eco en su país de origen, emigró a España donde, luego, resultó elegido, en 2019, como eurodiputado por el partido Popular y, ya como miembro de la subcomisión de Derechos Humanos, ha sido un fuerte impulsor de la condena a la política del gobierno mexicano. De otra eurodiputada que anda por las mismas, basta con saber su nombre (Inmaculada Rodríguez) para darse una idea del talante que caracteriza a este tipo de políticos conservadores que se asumen como autorizados para decirle al mundo “de qué lado masca la iguana”. Pero el fondo de las cosas es el malestar que ocasiona una política de freno a la voracidad económica de los capitales que, también, de esta manera presionan.
