Contra el despeñadero

La reforma eléctrica promovida por Enrique Peña Nieto, en 2013, ha sido  un pesado lastre para el desarrollo socio-económico de nuestro país. En apenas una de las múltiples aristas de esa mentada reforma peñista se puede apreciar la magnitud del negociazo, fraguado por aquel gobierno, para favorecer los intereses financieros de grandes corporaciones empresariales. Rocío Nahle, actual secretaria de energía del gobierno federal, ha enfatizado el descomunal “agandalle” de empresas como Bimbo, Kimberly Clark, Oxxo, Femsa, Cemex, Walmart y otras más que hicieron mal uso de los denominados “permisos de autoabastecimiento”, incurriendo en una práctica ilegal “creando un mercado eléctrico paralelo, donde simularon tener socios de un dólar, y empezaron a vender electricidad utilizando las líneas de transmisión de la CFE” (en “El Financiero”, 11 de octubre de 2021), precisando que “actualmente hay registradas 239 centrales de auto-abasto (por tanto, debería tenerse igual número de consumidores en esas interconexiones) y … ¡77 mil consumidores!” (Ibid). Un auténtico despeñadero para México.

Recuperar la soberanía nacional en materia eléctrica para fortalecer la economía popular, es el eje de la iniciativa enviada por el presidente AMLO al poder legislativo federal y ya se sabe que esa opción preferencial por los pobres provoca reacciones conservadoras de todo tipo. Por lo que no faltan hasta cuestionamientos orientados más sobre las formalidades que sobre el contenido, como si, por ejemplo, garantizar en el propio texto constitucional un porcentaje mayoritario de control estatal en la producción y despacho del fluido eléctrico fuera un aspecto tan secundario que mereciera situarse en una ley secundaria. Pero cómo serán las cosas que hasta el PRI está “considerando reconsiderar” y apoyar la iniciativa presidencial, queremos pensar que no tanto por un cálculo de rentabilidad electoral sino porque sería una oportunidad (la última quizás) de reivindicarse como el partido que alguna vez pugnara, así fuera retóricamente, una conveniente “democracia y justicia social”. Por lo pronto, ya encandilados, se apuran en repudiar a quien antes glorificaron, exigiendo que Emilio Lozoya, en efecto, deje de andar provocando la ira de propios y extraños.

La transformación institucional enderezada por el actual gobierno federal, hemos comentado antes en este espacio, sentará sus bases en la presente administración y tocará consolidar su derrotero a quien resulte ganador en la sucesión presidencial que, inevitablemente, ya está en marcha. Sin embargo, es deseable que los representantes de la nación estén a la altura de la responsabilidad histórica que implica recuperar una dignidad social y soberanía popular tan lastimadas por gobiernos anteriores que no dudaron de ofertar al mejor postor los bienes patrimonio de la nación y, hasta sin el menor rubor, aparecer luego como parte de los consejos de administración de los corporativos beneficiados con esos actos de traición (nada más como botón de muestra, recuérdese el caso escandaloso de quien fuera secretaria de energía con Felipe Calderón, una señora Kessel que, después de sus trácalas, sería parte de la trasnacional Iberdrola, en generosa compensación por los servicios prestados a quien consideraba patrón de su patrón). Kessel, Lozoya y más funcionarios que, sin solución de continuidad neoliberal en gobiernos hermanados por la corrupción, hicieron de las suyas aprovechando un desmantelamiento del Estado mexicano que, hoy, está en vías de reversión.