Contra la inversión

“Destruye el mercado libre y creas 

un mercado negro; abruma a la gente 

con leyes y reglamentos e induces una falta generalizada de respeto por la ley”.

Winston Churchill

El gobierno de la república está en una cruzada, pero no para combatir la pobreza, sino para generar obstáculos burocráticos a la inversión y destruir empleos. 

La lista de medidas negativas se sigue acumulando. Son tantas, que a veces escapan al escrutinio público. El gobierno, por ejemplo, empezó a emitir el año pasado una serie de “modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para 2020”. Ya estamos a mediados de 2021, pero sigue emitiendo nuevas reglas para 2020. 

Este pasado 11 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Séptima Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020. Como las seis resoluciones anteriores, esta también busca cerrar puertas a las actividades productivas. Señala: “Las personas morales interesadas en obtener la autorización para la entrada o salida de mercancías del territorio nacional por lugar distinto autorizado o, en su caso, la prórroga de la misma, podrán solicitar autorización, de conformidad con la ficha de trámite 49/LA del Anexo 1-A”. Pero, siempre hay un pero restrictivo, “únicamente se podrá otorgar la citada autorización o, en su caso, prórroga, a las empresas productivas del Estado, sus organismos subsidiarios y empresas productivas subsidiarias”. 

La medida es abiertamente injusta. Prohíbe la exportación e importación de productos en lugares distintos a las aduanas oficiales, pero solo para las empresas privadas, ya que las del gobierno quedan exentas. La medida no promueve la “rectoría del Estado” que el régimen dice querer recuperar, sino que simplemente crea un oneroso requisito burocrático adicional para las empresas privadas. Al exentar a las gubernamentales, les da a estas una ventaja indebida. Es una práctica monopólica, de esas que prohíbe el artículo 28 de la Constitución. 

Los principales objetivos de estas nuevas restricciones son los hidrocarburos, los petrolíferos y los combustibles, en los que el gobierno quiere reimplantar un monopolio estatal, pero también algunas drogas, los químicos esenciales y “los minerales. cuando se trate de la salida de mercancías del territorio nacional”. 

En los últimos años se han hecho inversiones importantes en instalaciones de exportación e importación, así como de almacenamiento, para estos productos; pero una vez más el gobierno cambia las reglas de manera retroactiva. Para una empresa exportadora de productos pétreos, por ejemplo, esta medida significará aumentar un paso más a su ya complejo proceso de exportación, con un incremento significativo en sus costos, que quizá lleve a la pérdida de mercados y de empleos. 

Para los funcionarios que nunca han tenido que crear empleos, destruirlos con regulaciones onerosas es aparentemente una ocupación muy divertida. No entienden, o no les importa, el daño que causan a la inversión y a la actividad productiva. Al volver menos competitivas las actividades económicas en México, generan pérdidas graduales de empresas y de puestos de trabajo. 

La ley mexicana sobre mejora regulatoria establece desde hace tiempo que cada medida del gobierno debe estar acompañada por estudios sobre los daños colaterales que pueda causar. La idea es no hacer más daño que el bien que pretende lograr. A los funcionarios de hoy, sin embargo, les importa más la ideología que el bienestar de los mexicanos. 

Gas Bienestar

AMLO sigue el camino de Echeverría y López Portillo. Ayer anunció la creación de una empresa de gas doméstico. No solo es competencia desleal para las firmas privadas, sino que será una inevitable fuente de corrupción y de subsidios. A todo esto, ¿alguien sabe qué pasó con la distribuidora gubernamental que iba a eliminar el desabasto de medicamentos?

Twitter: @SergioSarmiento