Era previsible que al plantearse la posibilidad de que el gobierno del estado contrate un nuevo crédito, de inmediato se levantaran voces oponiéndose. La deuda pública tiene mala fama entre nosotros. Sobre todo por los excesos de Marcelo de los Santos en sus delirios de niveles delictivos. En esta ocasión, la verdad es que no es para tanto, sobre todo si efectivamente los 700 millones de que se habla van a servir para paliar los estragos en salud y economía social que ya está causando el coronavirus.
Desde hace varias décadas, las cifras más confiables en materia de ocupación y desempleo que se conocen en México son las que mes a mes ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social. Precisamente el martes pasado dio a conocer las correspondientes al mes pasado: en abril nuestro estado perdió 10 mil 992 puestos de trabajo, respecto de marzo anterior que cerró con 453 mil 898. Esos 11 mil empleos perdidos significan que entre 30 y 40 mil potosinos se quedaron sin ingreso.
Eso es un drama. Sobre todo por la circunstancia de que según las propias autoridades sanitarias estamos cruzando apenas los días de mayor contagio en el Valle de México, y pronto comenzaremos a hacerlo en el territorio potosino. A mediados de junio lo sabremos con certeza, pero todo apunta a que en mayo la pérdida de espacios laborales será mayor.
Si finalmente el Ejecutivo estatal decide solicitar la autorización del Congreso para contratar el empréstito, la mejor aportación que pueden hacer los señores diputados es exigir que queden claros y comprometidos los rubros en que será gastado, y luego vigilar que se cumplan. Por ley, ningún dinero público obtenido vía crédito puede ser destinado a otra cosa que no sean inversiones productivas.
El pasado 7 de abril, cuando el gobierno de Juan Manuel Carreras anunció que destinaría tres mil millones de pesos para apoyar a las micro y pequeñas empresas con préstamos hasta de 2 millones de pesos; a emprendedores(as) sociales con financiamientos de hasta 10 mil pesos y a pequeños empresarios en lo individual con hasta 50 mil pesos, advertimos que para las finanzas estatales era un esfuerzo significativo que no sería fácil sostener sin afectar otros rubros del presupuesto general.
Según nos explicaba en días pasados el secretario de Finanzas Daniel Pedroza, para cubrir esas erogaciones extraordinarias, así como el incremento en el área de los servicios de salud, todavía no cuantificado porque hay gastos en proceso, se tuvo que echar mano de dinero originalmente previsto para obras y programas de distinta naturaleza. No es oficial el dato pero además de haberse suspendido la construcción de un puente sobre el Río Españita se pusieron en riesgo las aportaciones estatales para otro en el periférico oriente y la ampliación del puente Pemex sobre la Salvador Nava. Más grave aún, llegado el caso no habría recursos para iniciar siquiera la ruta alterna a la Zona Industrial que tanto urge para resolver problemas ingentes de movilidad.
Así las cosas, y para no violentar la norma legal que obliga a destinar a inversiones productivas los créditos adquiridos por el Gobierno, lo que se haría a -grosso modo- sería canalizar a obras los dineros del empréstito y los que ya se tenían contemplados para las mismas redireccionarlo a los costos de la pandemia, que pueden ser catastróficos.
Además, a manera de tormenta perfecta, los ingresos del Gobierno este año serán menores de lo previsto. Imposible saber hoy en qué proporción bajarán, pero de lo que no hay duda es de que lo harán en un volumen importante: por razones obvias, los recursos que envía la federación por concepto de participaciones, aportaciones y demás, serán menos de lo calculado en diciembre pasado cuando se elaboraron los presupuestos. Los pocos ingresos propios dependen principalmente de los impuestos sobre nómina, sobre hospedaje y de control vehicular. En los tres se está recaudando a la baja.
ME EXPLICO
En el primer párrafo de este texto dijimos, respecto de las voces que se oponen al eventual crédito gubernamental, que en esta ocasión “no es para tanto”. Paso a explicarme.
Al día de hoy, el Gobierno del Estado encara pasivos totales por 14 mil 747 millones 600 mil pesos, un 31 por ciento menos de los 21 mil 360 millones que por ese mismo concepto recibió en septiembre del 2015. Este solo dato es indicativo de un manejo disciplinado de las finanzas estatales, lo cual sin duda es un argumento que puede esgrimir Juan Manuel Carreras ante el Congreso.
Pero en el ámbito de estas cifras no es eso lo más importante. Lo es la verdad matemática de que 700 millones representan el 4.8 por ciento de esos 14 mil 747 millones de pasivos totales. Y si la administración carrerista cumple el compromiso de vender antes de concluir su sexenio el terreno devuelto por la Ford y pagar por lo menos la mitad de los 700 millones, el incremento en el total de sus adeudos sería del 2.4 por ciento. Muy poco.
Conviene hacer un desglose de esos 14 mil 747 millones de pasivos totales: 995 millones son Pasivo Circulante (adeudos de muy corto plazo, principalmente con proveedores); Deuda Bancaria, 3 mil 856 millones; Pasivos del Sector Educativo, 3 mil 258 millones; Pasivos del Sector Salud, 755 millones, y APPS y Arrendamientos (Asociaciones Públicas-Privadas, que incluyen pagos pendientes por la presa El Realito, varias plantas de tratamiento de aguas y el penal de Ciudad Valles), 5 mil 882 millones. Salvo el pasivo circulante, el resto son adeudos de mediano y largo plazo.
Hay otra forma de medir el impacto del posible crédito de 700 millones de pesos: contrastarlo con su rubro específico de Deuda Bancaria. Ésta, como ya dijimos, es de 3 mil 856 millones, por lo que el nuevo empréstito representaría un incremento del 18 por ciento. Mayor que el calculado sobre el total de los pasivos, pero tampoco nada que ponga en crisis las finanzas estatales. Si el Gobierno carrerista cumple su expectativa de abonar antes de irse por lo menos la mitad con lo que obtenga por la venta del terreno de la Ford, el impacto futuro sería del 9 por ciento. Con eso, en septiembre del 2021 la actual administración dejaría una deuda con los bancos por 4 mil 206 millones, todavía inferior a la que recibió de Fernando Toranzo por 4 mil 656 millones 400 mil pesos.
Para encarar las demandas emergentes traídas por la pandemia, el Gobernador habló de dos recursos adicionales: renegociación de la deuda (sin aumentarla) y reducción de gastos operativos. Son más que nada buenas intenciones que aún si se aplican con eficiencia y eficacia aportarán unos pocos millones.
Las reestructuraciones de deuda se buscan siempre para cumplir tres propósitos principales (todos, lo cual es muy infrecuente, o alguno de ellos): ampliar plazos, reducir tasas de interés y/o conseguir un lapso de gracia. No traen por sí mismas dinero fresco. En todo caso, si se logra bajar un poco el llamado servicio de la deuda actual (abonos a capital, pago de intereses, comisiones y honorarios fiduciarios), ese concepto no se incrementaría con el nuevo empréstito. En cuanto a la austeridad ajustándose el cinturón con los gastos operativos, si se hace algo significativo se paraliza el gobierno. Ese rubro es para pagar combustible, energía eléctrica, agua, mantenimiento, papelería, fotocopiadoras, escobas, trapeadores, cloralex, etcétera. También viáticos y alimentos, que ya de suyo se han recortado.
También vale la pena tener presente otro dato: medido con diferentes métricas, San Luis Potosí es uno de los seis o siete estados menos endeudados del país.
Finalmente, no puedo pasar por alto algo que me llama mucho la atención: veo un Juan Manuel Carreras actuando más como potosino que como lopezobradorista. Todos sabemos que López Obrador está inflexiblemente en contra de contraer deuda y muy resistente a apoyar a las empresas y emprendedores golpeados por la epidemia.
Amables lectores, todo lo dicho, explicado y argumentado hasta aquí ha estado presidido por una certidumbre: esta vez lo que está en juego son vidas humanas. La suya y la mía incluidas.
COMPRIMIDOS
Las últimas señales que nos entrega la pandemia no son precisamente tranquilizadoras: de viernes a sábado se agregaron 20 nuevos casos confirmados de contagio; de sábado a domingo fueron 15 y de domingo a lunes 12. De lunes a martes hubo un brinco alto al pasar a 30 contagios y ayer miércoles aparecieron 28 más. La tendencia es a la alza.
No logro recordar cuándo fue la última vez que un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mereció aprobación tan amplia. El que mandó al cesto de la basura la llamada Ley Bonilla, tiene un alcance que va mucho más allá de su efecto específico en Baja California: Nos devuelve la esperanza de que, por lo menos, la SCJN no esté servilmente sometida al Poder Ejecutivo. Enhorabuena.
No se me ocurre nada más despreciable y vomitivo que insultar a los médicos mexicanos justo cuando la mayoría de ellos están exponiendo la vida (y no pocos ya la han perdido) para salvar la de sus pacientes. Cada vez me convenzo más de que en Palacio Nacional hay demasiados resentimientos, demasiado rencor.
La primera abolladura a la corona del nuevo rector fue autoinfligida. El nombramiento como Abogado General de la UASLP de Joel González de Anda no se entiende y se puede recibir bien. Pertenece a la estirpe más corrupta que ha aterrizado en los últimos años en cargos gubernamentales. Su paso por la SCT estatal en el ultimo tramo del sexenio torancista dejó una huella tan indeleble como pestilente.
El supuesto atentado contra la privacidad de Gallardo Cardona suena raro. El único documento que conocemos al respecto -un boletín de los diputados del PVEM- habla de que “descubrió que el sistema de seguridad de su domicilio particular fue bloqueado e inhabilitado y sin su autorización ni conocimiento previo, pretendieron instalar cámaras y micrófonos remotos en su propiedad”.
En su idea de posponer entre uno y dos meses el inicio del proceso electoral (actualmente previsto en la ley para la primera semana de septiembre), los señores diputados deben tener en cuenta que ya se recortó un mes, toda vez que las elecciones del 2021 serán el primer domingo de junio y no de julio. Si el inicio lo trasladan a la primera semana de noviembre, en realidad el recorte sería de tres meses. ¿Por qué no se toman la molestia de platicarlo con los consejeros del Ceepac, que son los que más saben de esto?
Hasta el próximo jueves.