De manera clara y patente he dejado en claro que el señor López y yo tenemos visiones divergentes respecto de muchas cosas; sin embargo, tengo identificado, por lo menos hasta este momento, una cuestión en la que compartimos opinión: la corrupción es un problema que se dejó llegar a niveles impresionantemente altos y descarados. Al margen de la honestidad autoproclamada de López, de manera dogmática, me parece que lleva razón el querer establecer un combate a la corrupción directo y frontal.
Ya el 5 de febrero de 2018 publiqué en este mismo espacio, en relación con las propuestas que en aquel entonces hacían sobre esta temática el candidato a la presidencia de la república, José Antonio Meade: “Hay una sola reforma a una sola ley, en un solo artículo que, per se, cambiaría radicalmente el método de combate a la corrupción y permitiría mejores resultados: incluir en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada a los actos de corrupción. No se trata de una ocurrencia de quien esto escribe. En el artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional se contiene la obligación, aceptada por México, de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito la corrupción.”
El señor López impulsó, mediante sus personeros legislativos, una adición al artículo 19 Constitucional para incluir como delitos de prisión preventiva oficiosa el enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones. Es decir, prefirió violentar los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, en vez de acudir a mecanismos que se establecen como aceptados en otros instrumentos de la comunidad internacional.
El enriquecimiento ilícito consiste en que el servidor público no pueda acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquéllos respecto de los cuales se conduzca como dueño; por su parte el ejercicio abusivo de funciones es lo comete el servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte, o bien, el servidor público que valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del conocimiento público, haga por
sí, o por interpósita persona, inversiones, enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido al servidor público o a alguna de las personas ya mencionadas.
Como podemos ver, si bien de manera defectuosa, los servidores públicos deberían repasar estos delitos, a efecto de cuidar su conducta.
Ahora bien, la corrupción tiene esa vertiente del servicio público, pero también una amplia presencia de particulares ya sea individuos o empresas, que resultan beneficiarios de autorizaciones, licencias, permisos, concesiones, adjudicaciones, etcétera, otorgados en contravención a la ley y que son, en buena medida, ignorados en este combate a la corrupción, salvo que haya algún interés gubernamental específico.
Quiero terminar recomendando al lector que dedique un poco de su tiempo, si es de su interés, a ver interesantes series que se encuentran en la plataforma de Netflix, donde el tema de la corrupción, política, empresas y delincuencia se entrelazan: Marseille, sobre cuestiones electorales en ese puerto francés; El mecanismo, basado en una trama de corrupción en Brasil; Estocolmo serie argentina sobre trata de personas; Suburra, tanto la película como la serie, con fuertes y crudas escenas pero de una factura impecable, que trata de cuestiones relacionadas con desarrollo urbano y corrupción.
En cuanto a libros sobre corrución, de fácil e interesante lectura, solo dos de los muchos que hay: la novela Crematorio, de Rafael Chirbes, sobre corrupción urbana y reservas ecológicas y Juego sucio. Futbol y crimen organizado, texto de Declan Hill en el que se aborda arreglo de partidos, soborno a jugadores y directivos, además de otras cuestiones vinculadas al futbol, con la particularidad que es un libro periodístico y no ficción.
Sobre corrupción deportiva platicaremos la semana próxima.