¿CUÁL ES LA PRISA?

El contraste es notable. Pareciera que se está frente a un caso de doble personalidad o de eso que los especialistas llaman Personalidad Escindida. Ricardo Gallardo Cardona es un gobernante locuaz; todos los días hace declaraciones, sea de viva voz o mediante boletines que ordena. Le encanta anunciar obras o proyectos, prometer otras, lanzar advertencias, quejarse del pasado y deslizar amenazas. Es tan adicto a la presencia mediática y al aplauso que con frecuencia se enreda en sus propias palabras y dice cosas carentes de sentido. Sin embargo, frente a temas puntuales como la opacidad de su gobierno o el probable mal uso del avión oficial, enmudece.

Si, como es lo más probable, se trata de una estrategia simplona para eludir temas que lo incomodan, parece ser tiempo de que la reconsidere. Cierra apenas el noveno mes de los 72 que comprende su mandato y el desgaste ya es considerable. Es decir, hacerse el mudo no le va a funcionar seis años, salvo que no le importe quedar cada vez más en evidencia sobre las, llamémosles así, inconsistencias de su administración.

El domingo pasado, la nota principal de Pulso dio cuenta puntual de que el 80 por ciento de las obras contratadas por el gobierno gallardista y una veintena de ayuntamientos (el mal ejemplo cunde) se han adjudicado de forma directa, sin licitación ni abierta ni restringida. Antes de que el optimismo nos desborde, hay que precisar que la información respectiva -contenida en una página web de la Contraloría General del Estado- es muy pobre: total de contratos (232), método de asignación (33 por invitación restringida, 185 por adjudicación directa y únicamente 14 sometidos a licitación pública) y dependencias contratantes (de las estatales, sobre todo Seduvop y Junta Estatal de Caminos. 

Subrayamos que se trata de una información raquítica y de escasa calidad. No se incluye ningún dato en cuanto a montos involucrados, empresas beneficiadas, identidad de sus representantes legales, individualización de los métodos de adjudicación. En ausencia de este tipo de datos, es prácticamente imposible saber de cuánto dinero público estamos hablando, de su distribución entre los diversos contratistas y las diferentes formas de asignación, así como la participación de cada dependencia. 

Adicionalmente, conocido el nombre de las empresas involucradas, es posible acceder a otras bases de datos gubernamentales e identificar a sus socios, su capital, su fecha de fundación, etcétera.

Este tema le ha sido planteado en algunas ocasiones a Gallardo Cardona. En una de ellas, hará cosa de dos meses, dijo algo así como que no sabía por qué la Seduvop no informaba debidamente de estas cuestiones, pero que en ese momento le enviaba instrucciones a su titular para que lo hiciera. O se trató de una grotesca mascarada o la señora Isabel Leticia Vargas Tinajero se pasa las ordenes de su jefe por sabrá Dios dónde.

A manera de una pista más entre otras muchas, el lunes pasado el colega Jaime Nava publicó un interesante trabajo basado en un hallazgo producto de su persistente búsqueda en las páginas de internet de distintas dependencias. En una de ellas, correspondiente a la Oficialía Mayor de Gobierno, encontró que en los primeros siete meses la administración gallardista ha entregado contratos de adquisiciones por 21 millones 486 mil pesos a un par de empresas (RUPA edificaciones del Potosí y Multiservicios RUPA) vinculadas de tiempo atrás con el actual secretario de Desarrollo Social y Regional, Ignacio Segura Morquecho y con el propio Gallardo Cardona. El primero fue varios años una mezcla de secretario privado y chofer del segundo.

Habrá quienes piensen -he escuchado decirlo a varios- que todo el andamiaje legal e institucional creado a partir del 12 de junio del 2002, cuando se publicó la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, solamente ha servido para que ciudadanos, unos curiosos y otros metiches, fastidien a las dependencias oficiales exigiendo información al por mayor y sin justificación. 

Algo de eso hay, es verdad, pero la verdadera importancia del sistema de transparencia tiene raíces más profundas y trascendentes. De forma extremadamente breve, mencionamos dos: servir como freno a los excesos de funcionarios públicos que los cometían al amparo de la secrecía gubernamental (como utilizar aviones oficiales para ir a partidos de futbol o a mítines partidistas), y tratar de erradicar el sentido patrimonialista de la administración pública; ese por efecto del cual gobernantes de todos los niveles se sentían dueños de dineros y bienes públicos.

Habrá también quienes digan que a justos 20 años de promulgada la legislación en materia de información pública y del surgimiento de las comisiones nacional y estatales dedicadas a su aplicación, la corrupción -por ejemplo- no ha disminuido. Sin duda es cierto, pero quizá también lo sea la afirmación de que sin esa ley y esas comisiones la cosa estaría peor.

¿EN QUÉ QUEDAMOS POR FIN?

El martes, al momento de poner en marcha las obras de rehabilitación de la avenida Himno Nacional, un tanto molesto el gobernador Gallardo Cardona dijo que quienes se oponían a esos trabajos, particularmente por el derribo o traslado de árboles, estaban “desinformados”. Tiene toda la razón. Solo le faltó completar la ecuación y decir que fue él y nadie más que él quien nos desinformó.

Me explico: el miércoles de la semana pasada, en el arranque de los trabajos de repavimentación de avenida Industrias, el gobernador informó a los medios que estaban por iniciar los trabajos en Himno Nacional, que sería convertida en una avenida moderna e icónica, al estilo de 

avenida Chapultepec.

Sucede que el tramo más transitado de Chapultepec, el que va de un costado de Home Depot al bulevar Antonio Rocha Cordero, no tiene camellón. Así, diversos medios y colegas interpretaron que el de Himno Nacional sería retirado. Incluso en la columna De Todos de este diario se comentó un día después que era absurdo retirar o, peor aún, sacrificar cientos de árboles para ganar un metro de arroyo. Nadie del gobierno aclaró las cosas e incluso el Ayuntamiento pareció allanarse a esa decisión.

Por supuesto que suprimir el camellón de Himno Nacional es una barbaridad. Primero, porque nunca ha quedado claro cuál sería el destino de los 867 árboles que aloja, algunos de ellos bastante frondosos y que no son adornos, son altamente benéficos. Segundo, porque parece que éste es un pueblo de ciegos y nadie ha reparado en las docenas de postes que también están sobre el camellón. Muchos son de la CFE, otros del alumbrado municipal, varios de semáforos y algunos parecen ser de empresas telefónicas o de televisión por cable. Claro que se pueden mover, pero primero hay que ver qué dicen sus dueños y, segundo, 

sacar cuentas.

Pero lo que es verdaderamente preocupante es la falta de sentido común y el exceso de improvisación de este Gobierno. El camellón de Himno Nacional lo utilizan muchas personas que cruzan de una acera a la otra. Sirve de punto seguro de espera mientras cambia el semáforo, donde lo hay, o baja el tráfico vehicular. Ambos lados de esa avenida están saturados de viviendas y, sobre todo, de negocios.

Avenida Chapultepec es un caso atípico: en el tramo ya mencionado, de su lado sur no hay más que una puerta (de acceso al parque Tangamanga) y es utilizada casi exclusivamente por automóviles. Es decir, prácticamente nadie cruza a pie la ancha avenida. Por eso el camellón no se 

extraña tanto.

En cuanto a lo de convertir Himno Nacional en una rúa “icónica”, bien lo señaló el sábado Oscar G. Chávez, ya tenemos la avenida Carranza y la calle Hidalgo. Yo añadiría la Calzada 

de Guadalupe.

Debemos confiar en que se encuentre una solución racional y eficiente a esta cuestión, pero cómo no decir que nos metemos en ásperas discusiones públicas por los apresuramientos gallardistas, su falta de claridad y falso sentido de urgencia (para anunciar cosas).

Por último, lo que quizá debió ser lo primero: en esta ciudad no sobran árboles. Remover centenares con riesgo de que mueran muchos es, más que un crimen ecológico, una estupidez.

Ya ese infatigable activista que es el abogado Luis González Lozano interpuso una demanda de amparo para impedir la remoción o derribo de los árboles de Himno Nacional. Es muy competente en la materia y será muy interesante ver qué resuelve el juez.

COMPRIMIDOS

El Consejo Consultivo Potosí ya entregó al gobernador su propuesta de obras de infraestructura. Van enfocadas a mejorar la movilidad en esta ciudad y parte de su zona metropolitana. Hasta donde es posible ver al momento, son proyectos de puentes y vialidades bien pensados y analizados. Durante su presentación quedó claro que el financiamiento será del orden de 4 mil millones de pesos, en los cinco años que le restan al sexenio. De lo que no se dijo nada y no sé si algún día se diga, es cuándo y cómo se van a adjudicar las obras; quién las supervisará y si habrá participación empresarial en los procesos de licitación. 

A puros golpes de realidad se comienza a derrumbar uno de los mitos geniales más propalados por el gobierno gallardista: la flamante, presumida, exaltada y bofa Guardia Civil Estatal no está sirviendo para mayor cosa. No podía ser de otra manera, por la razón varias veces dicha de que compraron (supongo que con muy buenos “moches”) vehículos, armas y uniformes nuevos, pero el personal es el mismo desde hace años. Son los mismos en número y en nombres y apellidos. Así ¿cómo?

 El martes, un grupo que se autoidentificó como de vecinos y comerciantes de Himno Nacional se hizo presente en el evento de inicio de las obras en esa arteria. Llevaban varias cartulinas en las que pedían no se cometiera un ecocidio con los árboles del camellón y que se les escuchara por parte del gobierno. En algunas fotografías se aprecian esas expresiones y es fácil constatar que no contienen ningún insulto o diatriba a nadie en particular. En las gráficas del evento difundidas más tarde por el área de comunicación del Gobierno del Estado aparecen dichas cartulinas, pero ¡están en blanco! No dicen nada. Insisto, no ofendían ni irrespetaban a nadie. La lógica parece ser: mantas, cartulinas, cualquier letrero que no me eche porras, se desaparece. Ya son síntomas preocupantes.

 Me niego a aceptar, como algunos colegas y amigos lo interpretaron, que la mayor preocupación de RGC no sea proteger a nuestros niños de la pandemia y reducir la curva de nuevos contagios sino asegurarse la celebración de la Fenapo a la de a huevo. ¿Otra vez habrá que ir consiguiendo un diván?

Hasta el próximo jueves.