De cuello blanco
El asunto de los despidos y relevos en el gabinete estatal tiene más aristas de las que a simple vista pudieran percibirse; no son, como se supondría de entrada, cambios de rutina dentro de la administración pública. Todos los ocurridos hasta el momento, salvo el caso de la secretaria Turismo, derivan de hechos graves que lesionan las finanzas públicas. Sin embargo las verdaderas causas, dado el hermetismo con que se conduce este gobierno, posiblemente nunca se lleguen a conocer.
En esta lista de la ignominia iniciada por Sergio Desfassiux, hay –como ya se mencionó– una notable excepción, Patricia Véliz Alemán, quien destacó no sólo por ser uno de los pocos perfiles no improvisados del gabinete gallardista, sino que además dirigió acertadamente su secretaría, es una conocedora en el tema del turismo. Su salida, partiendo de los motivos que la generaron, en nada se compara con la salida del personal de otras dependencias, pero no deja de ser una muestra del trato que en esta administración se le da a quienes caen de la gracia del gobernador. Todos sus colaboradores son desechables.
Una constante del gallardismo es el denuesto contra quienes sabe que no responderán las agresiones verbales; habría resultado interesante escuchar que expresara (con comentarios similares a los utilizó para referirse a la salida de la extitular de Turismo) los motivos reales por los que han salido otros funcionarios, por ejemplo los miembros de la legión extranjera asignados hasta esta semana a la Contraloría General del Estado. Si al señalar a Véliz refirió: “se les pidió que estuvieran aquí y no lo hicieron”, sobre los exempleado de la CGE pudo decir: “se les pidió que no participaran en estafas, y participaron”.
Porque es público y notorio que la salida de Lilia Villafuerte (hasta el pasado miércoles contralora del estado) no fue por cuestiones de salud; mucho tuvieron que ver la falta de conocimiento del entorno en el cual se desarrollaba, la nula presencia en actos y eventos en los que la Contraloría juega un rol prioritario, su falta de acción para sancionar funcionarios y su falta de coordinación con todo el sector. De lo que no se habla es de que su salida también fue consecuencia de la intromisión de un siniestro personaje, Benjamín Hinojosa Gutiérrez (también integrante de la legión extranjera, importado del Bajío a la Contraloría como director general), quien aprovechando su posición, comenzó a inmiscuirse en procesos de adquisición en la secretaría de Salud, institución a la que el 31 de diciembre del año pasado “ofreció” un proveedor para la adjudicación directa de medicamento por $48’741,569 (ya en el portal electrónico Astrolabio se había abordado este tema). En este caso se pagó el monto total ese mismo día, por adelantado y sin mediar contrato y garantía.
Nada nuevo, esto era previsible, resulta que Hinojosa Gutiérrez, como dicen por ahí, “era un pájaro de cuenta”. En marzo de 2011 la secretaría de la Gestión Pública del estado de Guanajuato, lo encontró responsable de diversas actividades delincuenciales como integrante del comité de adquisiciones de Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato (ISAPEG); es decir ya había señalamientos por actos de corrupción en aquel estado. Aun así se le invitó a colaborar con el actual gobierno, en el que no pueden decir que lo ignoraban.
Así, el punto de ruptura se generó, cuando la referida adjudicación llegó a los oídos de un muy alto funcionario de la secretaría de Finanzas, quien previamente había “sugerido” otro proveedor para esa adjudicación a la secretaría de Salud, dependencia que no solo quedó cruzada entre los intereses de ambos proponentes, sino además con un fuerte daño en sus finanzas, puesto que el recomendado proveedor adjudicado (también de muy dudosa reputación y aparentemente vinculado a un grupo delincuencial del Bajío) hizo solamente entrega de $12’000,000.00 de pesos en productos farmacéuticos, del total de los más de $48’000,000.00 de pesos, llevándose el resto como botín, para luego desaparecer. Es casi una realidad el que no se pedirán cuentas, mucho ayuda el cuello blanco.
Con toda seguridad otro que permanecerá en la impunidad o al menos no se le sancionará como lo merece, es al criminal ambiental (¡Guadalcázar no se olvida!) y exsecretario de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas, Leopoldo Stevens Amaro, detenido el día de ayer por la mañana, acusado de los delitos de asociación delictuosa y ejercicio indebido de la función pública. En este caso la Auditoria Superior de la Federación, le había abierto un proceso en el que se presumía un daño a la Hacienda federal por un monto de $47’990,092.27 (cuarenta y siete millones novecientos noventa mil noventa y dos pesos 27/100 m.n.), más los rendimientos financieros que se hubieran generado desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, debido a que no acreditó el ejercicio de los recursos al 31 de diciembre de 2015, fecha en que debió ejercer la totalidad de los recursos entregados por el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable 2015 o en su caso reintegrarlos a la Tesorería de la Federación, incluidas las cargas financieras generadas a la fecha en que se hiciera efectivo su pago.
La Auditoría Superior del Estado, por su parte, luego de la revisión de los expedientes presentados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, determinó que en tres obras (LO-924004991-E22-2018, AO-924004991-E35-2017 y AO- 924004991-E4-2018), persistían los conceptos pagados y no ejecutados por la cantidad de $1,994,991.00; en las obras AO924004991- E28-2018, LO-924004991-E16-2018 y LO-924004991-E22-2018, no existía la documentación que permitiera comprobar $5’154,872.00; en las obras SEDUVOP-EST-ADJ-26-2018, SEDUVOP-SF-IRE-19-2018 y SEDUVOP-SF-IRE-19-2018, no existía documentación que comprobara $1’854,646.00; mientras que en las obras LO-924004991-E22-2018 y AO-924004991-E4-2018, persistió un anticipo no amortizado por $1’557,903.00. La misma Auditoría emitió dictámenes que sólo de 2017 a 2020 arrojaban un daño al erario por $78’016,454.00.
De atenernos a lo visto hace algunos meses, no hay motivo para suponer que se actuará distinto a como se hizo con la exsecretaria de Salud; la permanencia en prisión o el tamaño de la sanción lo determinarán la cantidad con la que (bajo la mesa) logre arreglarse y el tiempo que tarde en hacerlo.
Gracias por la lectura. Vean en Netflix el documental sobre Florence Cassez.
