DE TRAMPAS Y EVASIONES
Esto se pone cada vez más interesante. Gallardo pudo haber hecho el planteamiento en privado, con espacio para repasar pros y contras, para ver números y sopesar alternativas. Pero no, optó por pedirle a Galindo que apoye el “Borrón y Cuenta Nueva” en adeudos de agua potable durante un evento público, con centenares de asistentes, en una colonia populosa y con el argumento de que “es lo que el pueblo pide”. Si esto no es una trampa, se le parece mucho. Con dificultades la eludió momentáneamente el alcalde.
Digo trampa porque si Galindo hubiera respondido con un claro Sí a la demanda del gobernador, habría renunciado a no pocos millones de pesos vía recuperación de cartera vencida, utilísimos para paliar en algo la crisis financiera del Interapas, y sin mucho esfuerzo el equipo de comunicación de Palacio lo habría hecho ver como muy aquiescente con Gallardo, si no es que sumiso. En el supuesto caso de un No categórico, habría sido fácil mostrarlo como socialmente insensible, sordo a “lo que pide el pueblo”, indigno de aspirar a más.
Habilidosamente, Galindo optó por eludir cualquiera de esos extremos y vinculó lo del borrón con la revisión de las tarifas que, recordó, está en manos del Congreso. Una salida útil, pero poco duradera. Lo que por ahora no es posible saber es si el tema será recuperado por Gallardo en algún encuentro privado o si habrá un nuevo garlito en cualquier otro evento populoso que los reúna a ambos.
Una de las razones que le confieren particular interés a estos acontecimientos políticos es que no hay manera de anticipar si evolucionarán como un duelo de esgrima o como un pleito de callejón con navajas.
Por cierto, a propósito de la confesión pública del gobernador Gallardo Cardona de que dio instrucciones a los diputados de su partido y aliados sobre cómo deben decidir en materia de tarifas de agua, creo que le vendría bien -para efectos de por lo menos mantener la compostura, guardar las apariencias y evitar excesos- leer el artículo 116 de la Constitución General de la República, cuyo primer párrafo dispone: “El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo”.
Es decir, políticamente puede en corto hasta nalguear a sus legisladores si quiere, pero públicamente no puede darles instrucciones. Más que antipolítico es de mal gusto; corrientón pues.
En ese mismo artículo constitucional, su fracción I incluye una reforma que está por cumplir dos años -es del 20 de diciembre del 2019- y respecto de la cual aquí nos hemos hecho los desentendidos. Dice el texto correspondiente: “Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Las Constituciones de los Estados establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato del gobernador de la entidad”.
En tanto no se siga el ejemplo lopezobradorista en este tema va a ser muy cuesta arriba andar presumiendo de que aquí se aplican los principios de la 4T. ¡Sí cómo no!
LOS DESCUIDOS CUESTAN
El fondo del asunto no da para mucho pero sí alcanza para ilustrar un fenómeno que nuestros hombres de poder no deberían ignorar: los descuidos rara vez salen gratis. Lo acabamos de ver en vivo y a todo color en el Ayuntamiento de la Capital.
Como punto VIII del orden del día de la sesión ordinaria de Cabildo celebrada el pasado viernes 12, los 18 integrantes de ese cuerpo colegiado aprobaron por unanimidad, sin discusión ninguna, en un trámite que no duró más de cuatro minutos, lo siguiente: “Se somete a consideración y en su caso aprobación del Cabildo, la solicitud que presentan los síndicos municipales, para desistirse y/o convenir dentro de los juicios o procedimientos de índole laboral; carpetas de investigación; en procesos penales el otorgamiento del perdón; juicios civiles; amparos mercantiles; agrarios; en materia de justicia administrativa; medios de impugnación y en general”; (hemos respetado el texto original, incluido su abusivo uso del punto y coma. Las negritas sí son nuestras).
Conocida la decisión del cuerpo edilicio, todas las alarmas se prendieron y el sospechosísmo paseó a sus anchas. Uno de los primeros mensajes que recibí en mi teléfono, remitido por un abogado muy conocido, traía el orden del día y una frase lapidaria –“vuelve a campear la impunidad”-.
En pocas palabras, se extendió la percepción de que era un primer paso para que el Ayuntamiento encabezado por Enrique Galindo se desistiera de todas las acusaciones (once en total) que la administración de Xavier Nava formuló ante las fiscalías General de la República y General del Estado, en contra de Ricardo Gallardo Juárez y varios familiares, prestanombres y socios.
La mesa estaba servida para el imperio de la suspicacia. Ese avío en beneficio del clan gallardista sería la llave para que Gallardo Cardona cambiara “sus instrucciones” a los diputados y autorizaran cualquier aumento en las tarifas del agua potable que Galindo pidiera.
Nada de eso. Fue una simple pero monumental torpeza de alguien en el Ayuntamiento que trabaja con ojeras como las que usan los caballos de los picadores de toros.
Tengo a la vista copias autentificadas de dos sesiones ordinarias de cabildo, una del 26 de octubre del 2018, inicio de la gestión de Nava, y otra del 25 de octubre del 2012, comienzo de la administración de Mario García. En la parte atinente, la primera de ellas dice: “Se emita autorización expresa para que en uso de las atribuciones previstas en los artículos 75 fracciones I y II, los Síndicos Municipales puedan desistirse y/o convenir en asuntos laborales, penales, mercantiles, civiles y/o juicios de nulidad en los que el Ayuntamiento de San Luis Potosí sea parte, así mismo, para que en uso de estas mismas facultades puedan signar convenios de manera extrajudicial, cuando con ello se eviten demandas por incumplimiento de obligaciones, que generen un costo extra al erario municipal, en términos del artículo 76 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí”.
Por lo que hace a la sesión del 2012, el acuerdo para autorizar a los síndicos ese tipo de acciones jurídicas es básicamente igual a los aquí reproducidos.
Habida cuenta de que las sesiones ordinarias del Cabildo son públicas y siempre hay medios de comunicación presentes, qué les costaba una intervención de dos minutos de cualquiera de los síndicos para explicar lo rutinario del acuerdo sometido a votación, sus alcances precisos y cualquier consideración adicional. Y lo de sus alcances viene al caso porque sucede que en casi todos los asuntos referidos se involucran bienes o intereses jurídicos municipales, por lo que la ley mandata que los síndicos tienen que obtener autorización expresa del cuerpo edilicio antes de firmar cualquier desistimiento, convenio u otorgamiento de perdón.
Adicionalmente, en el tema que más suspicacias provocó -el supuesto desistimiento de las acusaciones contra Gallardo Juárez y asociados- sucede que estas son por delitos que se persiguen de oficio. Es decir, aunque el alcalde, su gabinete, los síndicos, los regidores y los vendedores de tacos en la UAM fueran a desistirse de las denuncias hechas por Nava, ningún efecto práctico conseguirían pues el Ministerios Público está obligado a continuar las investigaciones del caso (que no lo haga, es otro tema).
Este descuido oficial que hoy comentamos me hace imaginar un conductor de automóvil que únicamente ve por el parabrisas, negándose a ampliar su campo de visión utilizando las ventanillas laterales y el espejo retrovisor. Se expone demasiado e innecesariamente. Dicho sin metáforas: no hay que desentenderse del contexto, del entorno, del momento ni de la previsión.
Conforme avanzan los días de la campaña interna del PAN para renovar su dirigencia estatal más me convenzo de que Lidia Argüello y Josefina Salazar están luchando a brazo partido para ver quién de las dos pierde con menos diferencia. Entre más información acumulo, más números hago y más opiniones escucho, más me convenzo de que si no se unifican en una sola fórmula, el grupo en el poder va a arrasar con ambas y ubicará en la presidencia del Comité Directivo Estatal a su candidata Verónica Rodríguez.
En enero anterior, cuando se votó para elegir candidato panista a gobernador, el padrón de militantes estaba formado por 6 mil 871 nombres. Votaron 5 mil 936, equivalentes al 86.4 por ciento. De ese total, Octavio Pedroza obtuvo 2 mil 608 sufragios; Xavier Nava alcanzó 2 mil 11 y Marco Gama logró 1 mil 189. Hubo 128 boletas anuladas. Para las elecciones del próximo mes los empadronados con derecho a voto serán aproximadamente 7 mil 400, unos 550 más que en enero anterior, pero en su gran mayoría afiliados por Azuara y Juan Pancho. Con un porcentaje de votación de entre el 80 y el 85 por ciento, acudirán a sufragar entre 5 mil 900 y 6 mil 300. Los expertos en la materia aseguran que sus apoyadores le podrán conseguir a Verónica unos 2 mil 800 votos, suficientes para borrar de la faz de la tierra a Lidia y a Josefina, salvo, insisto, que se unan.
Espero algún día poder despertarme sin la angustia de saber qué diablos pasó con los famosos “lineamientos” emitidos por la Oficialía Mayor de Gobierno dizque para consolidar todas las compras y contrataciones oficiales. Hasta ahorita, las tres principales instancias compradoras (Salud, DIF e Invernaderos de Santa Rita) siguen haciendo sus adquisiciones de bienes y servicios como se les viene en gana. Entiendo que atrás de esto hay un jaloneo terrible, al parecer entre el papá y el tal Serrano.
Ojalá a los integrantes del gabinete gallardista no se les haga vicio eso de querernos ver la cara de tontos a los potosinos. El pillo ese que despacha en la Secretaría de Finanzas sale con su batea de babas de que para tapar el hoyo financiero dejado por la gratuidad de placas y licencias se intensificará la fiscalización a fin de incrementar la recaudación. Eso igual lo hubieran hecho sin placas ni licencias de por medio, pues no habrá dinero que les alcance para tantos compromisos.
Hace años que insisto en que las encuestas de opinión que reúnan los requisitos de metodología, profesionalismo y seriedad, o se aceptan o se rechazan todas. Lo que no se vale es la aceptación selectiva e interesada, esa que te lleva a dar por buenas únicamente las que te favorecen y repudiar las que no. Lo digo por la encuesta de Mitofsky que pone a Gallardo como el gobernador peor calificado. Si no les parece en Gobierno, que tampoco vengan luego a presumir cualquier otra en la que les vaya mejor.
Hasta el próximo jueves.