Defensa del litio

Estamos tan entretenidos con el proceso electoral rumbo al 6 de junio que, de pronto, pareciera que otros asuntos públicos y de vital importancia para el país, son secundarios. Sin embargo, forman parte del mismo contexto político y socio-económico de construcción crítica de una nueva institucionalidad que impulsa el gobierno de la cuarta transformación. Junto con el despliegue de una política de apoyo a sectores populares pobres y desprotegidos -que son los más-, se limitan los privilegios de una minoría rapaz y depredadora de la economía nacional y eso, por supuesto, genera animadversión de grupos conservadores al presidente López Obrador, a quien consideran como “enemigo declarado” de sus intereses de facción.

Un papel más activo del Estado mexicano, en tanto que garante de la soberanía nacional que, por definición, descansa en el pueblo considerado como la sede del poder político (la “potentia”), ha sido reivindicado por el actual gobierno “lópez obradorista” para mejor protección y resguardo de los bienes de la nación y, por eso, hasta se le ha acusado de promover una regresión al pasado del “nacionalismo revolucionario”. Esa retórica de la oposición termina por naufragar pronto en sus propios términos de discusión. La transformación es un proceso distinto al del antiguo rasero del reformismo y/o la revolución; por tanto, la 4T avanza cimentando cambios que permitan un nuevo régimen institucional y eso no es cualquier bolsa de cacahuates.

La defensa del patrimonio nacional es uno de los grandes ejes que mueven al actual gobierno federal, no sólo como continuación de una prolongada lucha popular y de resistencia en el movimiento social, sino como deber ético en el ejercicio del poder político considerado como “obediencial” y no en el típico “mandar, mandando”. Poner diques a las reformas estructurales regresivas del “prianismo”, como la eléctrica, es un botón de la amplia muestra que se requiere revisar para reordenar la economía nacional, empero, hay otros filones de riqueza natural que siguen despertando la codicia de grandes intereses económicos privados de fuera y dentro del país, como en el caso de las reservas de litio.

La reciente visita a México del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, ha dejado en claro las coordenadas geopolíticas de este asunto y, afortunadamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado nota de ello. Arce ha sido enfático en señalar que detrás del golpe de Estado a Evo Morales, en 2019, estuvo la rapiña de intereses económicos y políticos por apropiarse de las enormes reservas de ese mineral en su país. Pero, además, habría que tener en cuenta otro tipo de precondiciones que fueron dibujando la crisis boliviana y que han sido documentadas, tales como la carencia de un cambio en la subjetividad de un sector popular que pasó a formar parte de una clase media racista que no reconoció nunca a Evo su avance en bajar la pobreza, así como el embate de una oficialidad de altos mandos policíacos y militares formada en el exterior, y hasta la influencia de una “teología de la prosperidad” que glorifica la riqueza personal.

El precipitante de la crisis fue una supuesta antidemocracia electoral que propagó el ya muy desprestigiado dirigente de la OEA (Organización de Estado Americanos), Luis Almagro, pero todo ha caído por su propio peso. Al final se impuso la razón popular y hoy los golpistas están detenidos unos y prófugos otros. El presidente AMLO advierte ya que habrá una fuerte participación pública en la explotación del mineral y un papel activo del Estado para contrarrestar el saqueo de esa riqueza que debe ser tenida y defendida como patrimonio nacional y no como mercancía negociable al mejor postor, como hicieron los prianistas con todo lo que tuvieron a su alcance mediante dudosas concesiones, incluso para lucrar por mera especulación.