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Demandas Ambientales y Desafíos Climáticos del Siglo XXI

Por Luis González Lozano

Septiembre 30, 2023 03:00 a.m.

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En los años recientes, hemos sido testigos de un fenómeno inquietante que ha sacudido el mundo empresarial: el incremento exponencial de demandas legales dirigidas hacia empresas en el contexto de cuestiones medioambientales y de acción climática. Este fenómeno, denominado por algunos como la “revolución de la responsabilidad ambiental”, se ha erigido como un claro reflejo de la creciente conciencia pública sobre los riesgos y desafíos climáticos que acechan nuestro planeta. Simultáneamente, el último informe emitido por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) ha iluminado con intensidad la urgencia inminente de abordar el cambio climático y sus efectos devastadores. Ahora es actual explorar en detalle esta creciente ola de demandas ambientales contra empresas y expondremos los principales insights brindados por el informe del IPCC, resaltando su pertinencia no solo para el ámbito empresarial, sino para la sociedad en su conjunto.

La relación entre las empresas y el medio ambiente ha entrado en una fase de profunda controversia durante las últimas décadas. Con la expansión de la conciencia ambiental, las empresas se han hallado bajo una lupa más crítica y escrutinio público. Este escenario ha propiciado un incremento notable de demandas legales presentadas contra empresas en una serie de ámbitos vinculados al medio ambiente y a la acción climática.

Entre las áreas de mayor controversia se incluyen la calidad de los productos, inversiones infladas en acciones de apoyo a la acción climática, compromisos corporativos relativos al clima y la falta de transparencia en cuanto a los riesgos climáticos. Ejemplos paradigmáticos de estas demandas comprenden la acción legal interpuesta contra BNP Paribas, centrada en sus credenciales climáticas y su inversión en combustibles fósiles. Asimismo, se observa una demanda presentada por ClientEarth, una organización de legisladores ambientales, contra los directivos de Shell, a quienes se acusa de no gestionar adecuadamente los riesgos planteados por el cambio climático.

A pesar de que el número de casos nuevos experimentó un decremento el año pasado, el informe señala que la diversidad de casos en aumento representa una tendencia inquebrantable. Esto abarca desde demandas vinculadas a contaminantes climáticos de vida breve hasta litigios asociados a condiciones climáticas extremas y a las responsabilidades gubernamentales y corporativas en la preservación de los océanos y la biodiversidad. La heterogeneidad de estos casos refleja preocupaciones más amplias sobre la responsabilidad corporativa en torno a las promesas climáticas y el impacto de las empresas en la toma de decisiones que determinan nuestro futuro climático.

Continuamos en la siguiente entrega.

Delírium trémens.- <1> Desde el 13 de septiembre, el Gobierno del Estado y la SEDUVOP cuentan con la autorización para REANUDAR las obras en el Barrio de San Miguelito, sin embargo, hasta el momento no se ha registrado avance alguno en este sentido. Como se ha señalado con anterioridad, la suspensión otorgada en los dos juicios de amparo permite la continuación de las obras, siempre y cuando se cumplan tres condiciones esenciales: (i) la presentación de los permisos pertinentes, (ii) la realización de una consulta con los cinco quejoso con discapacidad que han expresado sus inquietudes y (iii) la garantía de accesibilidad adecuada para este grupo. Nos gustaría conocer cuál es la razón para la falta de progreso en este asunto.

<2> El Plebiscito Villa de Pozos se perfila como un notorio laboratorio jurídico. No obstante, es imperativo reconocer que la indiferencia social, en conjunto con los organizadores, predominó en este ejercicio, que demandó una inversión de $20,000,000.00 provenientes de las arcas públicas, financiados mediante impuestos abonados por todos los contribuyentes. Solamente 36,492 ciudadanos expresaron su respaldo, mientras que 8,839 votaron en contra, representando un modesto 6.82% del padrón electoral y elevando el costo por voto a $437.51. Se hace necesaria una revisión exhaustiva del proceso.

<3> Hasta la fecha, no se ha divulgado en el segundo informe de gobierno ninguna acción concreta, efectiva y sustancial para abordar los conflictos ambientales en San Luis Potosí. 

@luisglozano