Derechos denegados y Estado menguado
México atraviesa por una regresión en materia de derechos humanos. Lejos de revertirse, esta tendencia se ha agudizado con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En octubre, el presidente aseveró que “una de las cosas que [los neoliberales] promovieron en el mundo para poder saquear a sus anchas fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos. Entonces se alentó mucho, incluso por ellos mismos (sic), el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales […] El propósito era crear […] todas esas nuevas causas para que no reparáramos, para que no volteáramos a ver que estaban saqueando al mundo y que el tema de la desigualdad en lo económico y en lo social quedará afuera del centro del debate”. Desde luego que esta afirmación es falsa por la sencilla razón de que nunca la lucha por estos derechos y causas fue una pantalla para desviar la atención de la desigualdad sino para combatirla directamente como forma de violación de derechos cívicos, políticos, económicos, sociales y culturales. Pero eso está fuera del radar de AMLO. Tan es así que en materia de derechos humanos y de desigualdad económica y social, su gobierno ha retrocedido. A tres años de gobierno tenemos menos derechos y
mayor desigualdad.
Tres reportes recientes dan cuenta de la tragedia. Signos Vitales (https://bit.ly/3yaOW92) reporta el retroceso en derechos humanos: las reformas del “artículo 22 constitucional, la emisión de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como las reformas a la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley Nacional del Registro de Detenciones [y] la militarización de la política migratoria” son retrocesos en derechos humanos y constitucionales de todos los mexicanos. Impunidad Cero (https://bit.ly/3DFbz6x) reporta el desastre de las fiscalías en los estados: “A pesar de que de 2017 a 2019 la probabilidad de denuncia y esclarecimiento de un delito presentó una tendencia al alza (pasó de 0.9% a 1.32%)”, para 2020, la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca disminuyó a 1.04%. Es decir, se retrocedió respecto de lo alcanzado previamente. El World Justice Project (https://bit.ly/3IFRock) señala que a nivel de los estados de la República “un continuo debilitamiento de la libertad de prensa y una contracción del espacio cívico […] A pesar de esta disminución, la sociedad civil y la prensa se ubicaron de nueva cuenta como los contrapesos más efectivos del poder ejecutivo estatal por tercer año consecutivo, por encima del poder legislativo, el poder judicial, los organismos de fiscalización y control, y las comisiones de derechos humanos”.
No hay estudio o encuesta que no revele la gravedad de la situación de los derechos de los mexicanos. México se ha sumado a los países en los que simultáneamente con la democratización de las reglas de acceso al poder político se ha degradado y debilitado el Estado. A lo anterior se agrega la desigualdad.
Aunque no disponemos aún de cifras del índice de Gini para México de 2018 a 2021, los reportes del Coneval (https://bit.ly/3oKaTJ3) sobre pobreza son elocuentes. La población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos aumentó del 14 al 17 por ciento y la que tiene ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos creció de 50 al 52 por ciento. Así pues, no hay por dónde el gobierno de López Obrador pueda decir que hay avances y que vamos requetebién.
En estas grietas se juega la estrambótica política que habitamos desde el arranque del sexenio. Diga lo que diga el Presidente y sus funcionarios, la 4T se suma a los gobiernos que producen estados menguados por su indiferencia a los derechos y a la desigualdad. Han abandonado sus deberes primordiales.
Twitter: @pacovaldesu
(Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM)
