DH pendiente
Cada 13 de enero, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, instituciones, universidades y autoridades emiten mensajes de concientización. Se habla de prevención, de autocuidado y de la importancia de pedir ayuda. Sin embargo, pasada la fecha, el tema vuelve a diluirse en la agenda pública. En San Luis Potosí, esa intermitencia resulta especialmente preocupante.
La depresión y el suicidio no son asuntos marginales ni episodios aislados. Desde una perspectiva de derechos humanos, constituyen un problema estructural que interpela al Estado y a la sociedad en su conjunto. La salud mental forma parte del derecho humano a la salud y, por ende, su atención no puede depender de campañas esporádicas ni de la buena voluntad individual.
San Luis Potosí se ha ubicado en los últimos años entre las entidades con tasas de suicidio superiores a la media nacional. Más allá de cifras específicas, la recurrencia del fenómeno revela una realidad incómoda: existen fallas sistemáticas en prevención, detección temprana y atención oportuna. Cuando una persona llega a una crisis extrema, casi siempre hubo señales previas que no fueron vistas, escuchadas o atendidas.
Reducir el suicidio a una decisión personal es una forma de negación social. La depresión no surge en el vacío. Se alimenta de contextos de precariedad económica, violencia, desigualdad, sobrecarga de cuidados, discriminación y aislamiento. Ignorar estos factores equivale a responsabilizar exclusivamente a quien sufre y a eximir de responsabilidad a las instituciones.
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Desde el enfoque de derechos humanos, la pregunta central no es por qué una persona decide quitarse la vida, sino qué falló antes. Falló el acceso a servicios de salud mental suficientes y cercanos. Falló la detección en escuelas y centros de trabajo. Falló la política pública preventiva. Falló, también, una cultura social que estigmatiza la depresión y convierte la vulnerabilidad en motivo de vergüenza.
En San Luis Potosí, las notas periodísticas sobre salud mental aparecen de forma reactiva, casi siempre después de una tragedia. Rara vez se discute el tema como una obligación permanente del Estado. La prevención exige continuidad, presupuesto, capacitación y una visión integral que no reduzca la atención psicológica a un servicio accesorio.
Conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión debería ser una oportunidad para asumir compromisos reales. Concientizar no es romantizar el dolor ni normalizar la muerte. Es aprender a identificar señales de alerta, acompañar sin juzgar y garantizar rutas claras de atención. Es entender que la prevención comienza en la comunidad y no únicamente en los hospitales.
La corresponsabilidad social es clave. Familias, universidades, medios de comunicación y organizaciones civiles tienen un papel fundamental. Informar con responsabilidad, evitar el sensacionalismo y ofrecer contextos explicativos es también una forma de cuidado colectivo. El silencio, por el contrario, perpetúa el riesgo.
La omisión en materia de salud mental constituye una forma de violencia institucional. Cuando no hay atención suficiente, cuando se minimiza el sufrimiento o se posterga la prevención, se vulnera la dignidad humana. En un estado que aspira al desarrollo integral, la salud mental no puede seguir siendo un tema secundario.
Visibilizar el problema en San Luis Potosí no es alarmismo. Es responsabilidad. Hablar de depresión y suicidio desde los derechos humanos es recordar que toda persona tiene derecho a vivir con dignidad, a recibir apoyo oportuno y a no enfrentar sola una crisis emocional. El Día Mundial no debería ser un recordatorio pasajero, sino un llamado permanente a actuar.
Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
carloshernandezyabogados@gmail.com
