Dinero para los partidos

Hace un par de días el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí aprobó el proyecto de presupuesto que especifica el monto de recursos públicos que recibirán los partidos políticos para el ejercicio fiscal 2022. El monto asciende a más de 129 millones de pesos para que el total de los partidos políticos con registro en el estado, financien sus actividades ordinarias, sus actividades específicas -como como educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como tareas editoriales- y sus franquicias postales. De forma similar, hace unos días el Instituto Nacional Electoral aprobó el financiamiento para los partidos políticos nacionales que asciende a 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos.

No hace falta indagar demasiado para encontrar que abundan las posiciones -completamente legítimas- que sostienen que (1) el dinero que reciben los partidos políticos es demasiado, y que (2) no hay razón por la que el dinero público deba servir para sostener las actividades de los partidos políticos.

Es por ello que durante los últimos años se han escuchado posicionamientos y discutido algunas iniciativas de ley que tienen como propósito modificar el modelo por el que se financia al sistema de partidos en México. La razón es evidente: la confianza pública en los partidos políticos es baja. Las distintas encuestas de cultura política que se han realizado y publicado en nuestro país pueden demostrarlo con facilidad. ¿Pero esa es razón suficiente para argumentar que debe disminuir la cantidad de recursos que reciben los partidos políticos? ¿qué es lo que define lo que es mucho, poco, lo necesario o lo suficiente? ¿Cómo debe abordarse la discusión de la predominancia del financiamiento público por sobre el privado en nuestro país? ¿prevalecen las razones históricas y las condiciones políticas que justifican esa determinación? ¿de qué tamaño es la fuerza política -no confundir con la cantidad de votos en el Congreso- que impulsa hoy a la intención de modificar el modelo de financiamiento del sistema de partidos en nuestro país?.

Primero lo primero. Estos montos no son resultado de concesiones o negociaciones arbitrarias. Son resultado del estricto apego a lo que establece la Constitución, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Electoral de nuestro Estado. De lograrse un consenso político con este propósito, son estas leyes las que tendrían que modificarse. 

Sin embargo, el propósito de la reflexión que tengo para compartirle es otro. Necesitamos discutir la relación que existe entre el modelo de financiamiento a los partidos y la fortaleza del sistema de partidos en nuestro país. Déjeme continuar con una idea distópica; a nadie conviene una democracia con un sistema de partidos débiles. Las razones abundan, pero solo mencionaré algunas que me son evidentes: de la solidez de los partidos políticos depende la institucionalización de la política, la manifestación de la pluralidad -o alguna parte de ella- y la dialéctica del poder. Un sistema con partidos fuertes puede significar otro tipo de vínculo con la ciudadanía y el electorado -cuidado, no es lo mismo-. Diversas investigaciones han sostenido que de la institucionalización del sistema de partidos depende la relevancia de éstos para constituirse como canales transitables de la representación política. Otorgan estabilidad política. También gobernabilidad. Si nadie quiere una democracia con partidos débiles, entonces ¿qué es lo que se tiene que hacer para fortalecerles?. Vuelvo a la provocación que sugerí líneas atrás: Más que suponer la existencia de una relación entre financiamiento y solidez del sistema de partidos, debemos prestar atención al detalle de las cosas: ¿De qué manera los partidos políticos emplean los recursos que reciben para su propio fortalecimiento?. Me parece completamente válida la exigencia de quien no solo pide que se transparente el ejercicio de estos recursos públicos, es pertinente, razonable -y quizás hasta justo y necesario- averiguar si los partidos políticos son mejores y más fuertes gracias al gasto que realizan con los recursos que reciben.

Como toda entidad que recibe recursos públicos, la justificación de su financiamiento no se satisface con la mera presentación de datos o facturas, sino con una explicación plena, clara e informada sobre la manera en que los recursos que reciben contribuyen al cumplimiento de los objetivos para los que son creados.

Twitter. @marcoivanvargas