El dinero público. Parte II: Lo que gastamos
En la primera parte de este análisis (publicada en este espacio la semana pasada) discutimos la problemática de la dependencia financiera que enfrenta San Luis Potosí, donde el 87.6% de los ingresos estatales provienen de fuentes federales, mientras que solo el 12.4% corresponde a recursos generados localmente. Este desequilibrio limita la autonomía fiscal del estado y condiciona su capacidad de maniobra ante las demandas locales. Hoy le propongo discutir el segundo aspecto del dinero público: cómo se ejerce el gasto y qué tan eficientes somos en traducir los recursos disponibles en beneficios reales para la ciudadanía.
Es fundamental entender que la manera en que los gobiernos (federal, estatales o municipales) gestionan sus gastos refleja no solo sus prioridades políticas, sino también su compromiso con la responsabilidad y la transparencia. Así como la dependencia de ingresos externos puede ser una limitante, el ejercicio ineficiente o descontrolado del gasto público tiene consecuencias igual de perjudiciales. ¿En qué gastamos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y, más importante aún: ¿estamos utilizando los recursos de manera eficiente?.
Uno de los hallazgos más destacados del Informe Estatal del Ejercicio del Gasto 2024 -publicado por el IMCO- es la frecuente discrepancia entre los montos aprobados en los presupuestos de egresos y los realmente ejercidos por las entidades federativas. En 2023, los estados en su conjunto gastaron un 9% más de lo autorizado por sus congresos locales, sumando un sobreejercicio de 235 mil millones de pesos. Este exceso de gasto pone de manifiesto problemas en la planeación presupuestaria y en la ejecución de los recursos públicos.
Por otro lado, se observan sobreejercicios en áreas que no necesariamente corresponden a prioridades sociales o de desarrollo económico. Ejemplos notables incluyen los sobreejercicios en amortización de deuda (174.0%) y servicios de comunicación social y publicidad (66.6%).
El tema del gasto excesivo en publicidad me parece, por sí mismo, un tema que merece un análisis puntual. Es el elefante en la habitación del que nadie quiere hablar. Sobre todo porque no parece existir un referente que permita justificar cuánto es necesario o suficiente para gastar (¿invertir?) en publicidad gubernamental. Tampoco se cuenta con instrumentos transparentes e incontrovertibles que justifiquen la cobertura o el alcance de algunos medios. Nos ocuparemos de este asunto en una entrega posterior.
El sobre y subejercicio del gasto refleja la falta de control en el uso de los recursos y la discrecionalidad con la que algunas secretarías estatales de finanzas manejan los fondos públicos.
Hace algún tiempo le hablé sobre la necesidad de reflexionar de manera crítica sobre la forma en que los gobiernos gastan los recursos públicos. Si el diablo se encuentra en los detalles, bien haríamos en contar con los insumos de información y las herramientas de análisis que nos permitan conocer a detalle los destinos, montos y justificaciones de cada peso que se gasta del erario público.
No puedo negar que este ejercicio puede resultar complicado. Las primeras personas responsables en realizarlo son las y los titulares de las distintas dependencias y organismos públicos que formulan su presupuesto anual. Soy de la idea de que un presupuesto claro y plenamente justificado facilita la labor de las y los diputados quienes son responsables de analizar y autorizar el presupuesto público para el siguiente ejercicio fiscal.
Ante este panorama, el IMCO ha planteado diversas medidas para reducir la discrecionalidad y fomentar una mayor rendición de cuentas en el uso de los recursos estatales. Una de las principales propuestas es establecer controles más estrictos sobre las modificaciones presupuestarias, sugiriendo que cualquier ajuste que exceda el 15% del presupuesto aprobado deba contar con la autorización previa de los congresos locales. Este mecanismo permitiría a las y los legisladores ejercer su rol como contrapeso -en el supuesto de que efectivamente quieran asumirlo-, evitando cambios injustificados en la distribución de los recursos.
Asimismo, es fundamental que los congresos locales y los órganos de fiscalización asuman un papel más activo en la supervisión del gasto público. Esto implica revisar detenidamente las variaciones presupuestarias y exigir explicaciones claras sobre los ajustes realizados, garantizando que se respeten las prioridades originalmente establecidas en los presupuestos. Soy de la idea de que la ausencia de explicaciones claras o de justificaciones plenas, acusa la improvisación de la presupuestación. Además, la aprobación de un presupuesto pobremente justificado habla más de quien lo autoriza que de quien lo formula.
Finalmente, es importante resaltar la necesidad de promover la transparencia mediante la publicación de información financiera en formatos de datos abiertos. Esto complementaría los tradicionales PDFs oficiales, facilitando así el acceso y análisis de los ingresos y egresos por parte de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, promoviendo un escrutinio público más amplio y efectivo.
La situación fiscal de los estados en México demanda tanto un fortalecimiento de la autonomía como una mejora en la responsabilidad del gasto público. En un contexto de recursos limitados y una creciente demanda por servicios de calidad, los gobiernos estatales no pueden seguir operando con un enfoque de dependencia y discrecionalidad. Un ejercicio responsable del poder público sería que adopten prácticas más responsables y transparentes en la gestión de los recursos, asegurando que cada peso se traduzca en beneficios reales para sus habitantes.
Nota de salida.
Los organismos constitucionales autónomos agonizan y, con ellos, una forma de entender la contención del poder público. La siguiente semana nos ocuparemos de ello.
X. @marcoivanvargas
