El espejismo de la transparencia

Por más de dos décadas, México construyó, no sin tropiezos, un andamiaje institucional que permitió a los ciudadanos abrir rendijas en la obscura e intrincada maquinaria del poder. No era perfecto, tal vez apenas regular, pero existía un principio rector: quien administra recursos públicos debe rendir cuentas. El derecho de acceso a la información y la protección de datos personales no meras ocurrencias, sino herramientas con las que periodistas, activistas y ciudadanos pudieron confrontar al Estado. 

Hoy, ese andamiaje tiembla, bajo los marros demoledores de los transformistas de cuarta.

El pasado veinte de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un ambicioso y siniestro paquete legislativo que, con retórica modernizadora, reordena de raíz las reglas del juego. Se expidieron tres leyes: la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. También se reformó el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Las tres comparten una pantalla perfecta: transparencia proactiva, inclusión digital, accesibilidad para personas con discapacidad, y datos abiertos que la sociedad pueda reutilizar.

Pero la letra, como suele ocurrir en la política, es apenas la superficie visible que esconde un sucio pantano de malas intenciones.

El nuevo marco normativo cristaliza la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), un órgano con autonomía constitucional en algún momento (hoy acabada por la ambición y los prejuicios del oficialismo), por una estructura dependiente del Ejecutivo: la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. En este rediseño, el órgano garante deja de ser árbitro para convertirse en jugador. 

¿Quién fiscaliza al Poder si el fiscal está en nómina del propio Poder?

La reforma no solo debilita la independencia institucional, sino que establece un modelo vertical de vigilancia. En nombre del combate a la corrupción y la defensa de la privacidad, se crea un sistema opaco de control centralizado. Es como si para apagar el fuego se apostara por inundar la casa. 

Se encubre el abuso institucional y se abre la puerta para que el gobierno supervise, sin contrapesos reales, la gestión de los datos personales incluso en manos de particulares.

En el caso de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares su aplicación será administrada desde esta nueva Secretaría. Empresas, medios de comunicación, universidades, organismos y organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, plataformas digitales… todos quedarán bajo el escrutinio de una entidad sin autonomía. ¿Quién podrá garantizar que una auditoría a una organización crítica del gobierno no esconda motivaciones políticas? ¿Qué barreras existen para evitar que se utilice el marco de protección de datos como herramienta de presión o censura? La respuesta es simple: ninguna.

La discrecionalidad permanece intacta. Aunque se insiste en el principio de máxima publicidad, se permite la reserva de información por razones tan amplias como el “interés público” o la “seguridad nacional”, sin definir con precisión quién determina esos conceptos o cómo se impugnan. La experiencia mexicana demuestra que, cuando se permite interpretar la ley desde el Poder, la transparencia se convierte en opacidad legitimada.

Nuestra supuesta democracia que se encapsula en estructuras burocráticas. El acceso a la información y la protección de datos no son favores que el Estado otorga, sino derechos fundamentales que deben ejercerse sin miedo y sin permiso, algo muy lejano a lo que hoy pasa en México.

Podrá esta reforma tener defensores técnicos, pero su diseño político es inequívoco: reconcentrar el poder, administrar la verdad y vigilar a quien incomode.

@jchessal