El mito genial

Pocas veces como hoy ha sido tan válido invocar la sabiduría de Renato Leduc: Periodismo es reiteración. La parte central de esta columna la publicamos el 15 de octubre pasado. La reproducimos hoy por su vigencia dentro del esfuerzo de advertir a los potosinos, de advertirnos a nosotros mismos, que enfrentamos el riesgo cierto y serio de estar pronto gobernados por la delincuencia, a través de la persona de Ricardo Gallardo Cardona.

El texto que viene a continuación es el mismo de octubre, salvo algunas muy pequeñas modificaciones para actualizarlo, facilitar su comprensión y enfatizar algunos pasajes. Dice así:

 “Cada que se ofrece, Gallardo Cardona, sus fans y sus medios salen a gritar que es otra vez la misma historia de hace seis años, cuando se le encarceló para evitar que fuera candidato, conseguido lo cual se le declaró inocente, hecho que, dicen, confirma su tesis de que todo fue una oscura maniobra para descarrilarlo de su venturoso camino hacía la titularidad del Poder Ejecutivo estatal.

“Esto de que RGC fue declarado inocente de las imputaciones que en 2015 le hizo el Ministerio Público Federal atendiendo a una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera, es el meollo de ese mito genial que se actualiza cada que se ofrece.

“La realidad es otra. Lo que en esencia dice el magistrado que le concedió el amparo contra el auto de formal prisión que le dictó el Juez Primero de Distrito de Hermosillo y que ratificó el Tercer Tribunal Unitario del Quinto Circuito, con sede en la misma ciudad, es que el Ministerio Público se equivocó en los delitos que le imputó, mismos que, por otro lado, están acreditados mediante abundante documentación.

“El fallo judicial que permitió a Gallardo Cardona recuperar su libertad en diciembre de 2015, luego de 11 meses de encarcelamiento, consta de 266 hojas. Su lectura resulta tediosa y complicada porque además del oscuro lenguaje judicial, los únicos ejemplares disponibles están testados. Es decir, se suprimen todos los nombres y domicilios de personas, las razones sociales de las empresas involucradas así como la identificación del municipio de cuyas arcas se sustrajo el dinero. Con todo, hay un par de fojas en las que se filtran fotografías y el nombre de RGC.

“La historia ahí relatada se puede sintetizar así: La UIF acreditó que entre octubre del 2012 (con unos pocos días de haber tomado posesión) y septiembre de 2014, de las arcas municipales de Soledad de Graciano Sánchez se transfirieron 209 millones de pesos a las cuentas de una clínica. De ahí, se identificaron movimientos por 119 millones de pesos en favor de tres empresas de las que Gallardo Cardona era accionista mayoritario y apoderado legal.

“Decenas de páginas dan cuenta detallada de los movimientos bancarios, fechas, montos, cuentas de origen y destino, titulares de las mismas, etcétera. Se acredita incluso que varios millones de pesos fueron retirados de los bancos por la ejecutiva y accionista minoritaria de una de las empresas propiedad de Gallardo Cardona, que era al mismo tiempo funcionaria de alto nivel en el Ayuntamiento soledense. Ningún recato, ningún intento de disimular. 

“Gallardo Cardona es encarcelado en enero del 2015 acusado de dos delitos: Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El juez de Distrito que conoce del asunto en primera instancia, considera que hay elementos suficientes para dictarle auto de formal prisión. Esta resolución es luego confirmada por el Tercer Tribunal Unitario de Circuito (ambos con sede en Hermosillo). La defensa se inconforma y acude al Segundo Tribunal Unitario del Quinto Circuito, también de la capital sonorense, cuyo magistrado decreta la libertad del exalcalde.

“Los razonamientos, plasmados en el expediente, para sustentar el fallo de libertad, son de antología. En muy apretada síntesis, el juzgador dice que el delito de Delincuencia Organizada no se acredita, porque para realizar las operaciones bancarias el acusado se valió de varias empresas de las que él era accionista mayoritario y apoderado legal, así como de varios individuos socios minoritarios de esas mismas compañías. Pero, ojo, dice el magistrado, sucede que las empresas de referencia fueron fundadas entre septiembre del 2009 y septiembre del 2010, tres y dos años antes de que RGC fuera presidente municipal de Soledad, por lo que no se puede demostrar que las hubiera creado para delinquir ya que al momento de hacerlo no tenía manera de saber que años después sería alcalde. 

“Sucede, sin embargo, que en los años de creación de las empresas ya era alcalde soledense Ricardo Gallardo Juárez, lo que probablemente fue el motor para constituir empresas de diversos ramos.

“Por cuanto hace al delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la razón del magistrado federal para desestimarlo es gloriosa. Sostiene que el dinero desviado por Gallardo Cardona y socios salió del presupuesto federal, por lo que su procedencia era legal. Consecuentemente, decreta el juzgador, no hay recursos de procedencia ilícita involucrados en la acusación.

“Sin embargo, por lo menos en tres ocasiones el magistrado federal desliza su opinión de que en la misma causa y con los mismos hechos se podrían acreditar otros delitos. Reproduzco a continuación, literalmente, tres párrafos de la sentencia de referencia: 

“En la página 257 de la versión electrónica del fallo, donde se aborda lo relativo a la imputación de Delincuencia Organizada, se lee: “…de donde se infiere que efectivamente el quejoso (nombre suprimido) en su carácter de (cargo suprimido) del municipio de (nombre suprimido), del Estado de San Luis Potosí, distrajo de su objeto para usos propios recursos económicos pertenecientes al Estado, no obstante haberlos recibido en administración, conducta que bien pudiera actualizar algún otro ilícito…”.

“Una página adelante, el magistrado insiste: “…de dichos elementos probatorios, si bien se infiere que efectivamente el quejoso (suprimido), en su carácter de (suprimido) del municipio de (suprimido), del estado de San Luis Potosí, distrajo de su objeto para usos propios recursos económicos pertenecientes al Estado, no obstante haberlos recibido en administración, conducta que como se dijo bien pudiera actualizar algún otro ilícito”.

“En la página 261, donde se desarrolla el tema del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el juzgador dejó asentado: “…la consideración de la autoridad responsable (el otro Tribunal Unitario que confirmó el auto de formal prisión) de que dichos recursos proceden o representan el producto de una actividad ilícita, ya que, en su concepto provienen de la comisión de un delito, el cual no se precisó, pero que en todo caso, por cuestiones obvias, pudiera referirse a la indebida distracción de las arcas municipales realizada por el quejoso (RGC, añadido nuestro), ello, como se dijo, bien pudiera actualizar una diversa conducta delictiva (otro delito, agregado nuestro)…”.

“Es síntesis, viene a decir el letrado, los delitos que se le imputan a RGC no se acreditan, pero bien pudieran acreditarse otros. Ningún intento de actualización de nuevos ilícitos se ha hecho -que se sepa- pero esa opción está viva”. 

Hasta aquí lo publicado hace poco más de siete meses. Agregamos, por su pertinencia un párrafo que corresponde a Las Nueve Esquinas del 19 de noviembre del año pasado.

“Gallardo Cardona es un político de esos que los norteamericanos llaman one natural (nosotros diríamos de nacimiento). Sus desventuras él se las buscó cuando antepuso la codicia a su ambición política. No olvidemos, porque es fundamental, que durante los dos años que duró como alcalde de Soledad dispuso de un presupuesto total de unos mil 400 millones de pesos, de los cuales casi 210 millones (15 por ciento) los desvió, mediante el esquema de la Clínica Wong, a cuentas de empresas de las que él era el socio mayoritario y apoderado legal, y a partir de ahí dispuso de esa suma como si fuera propia. O sea, dirían en el barrio, en la primera oportunidad que se le presentó “se chingó” más de 200 millones de pesos de las arcas publicas. No lo digo yo, lo dice el expediente del proceso penal que lo tuvo casi un año tras las rejas, de las que lo liberó un magistrado que nunca dijo que fuera inocente sino que el Ministerio Público se equivocó de delitos. Y hay fundadas sospechas de que fue un fallo comprado.

Para efectos de perspectiva: Durante los tres años que fue alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez manejó tres presupuestos anuales que sumaron 8 mil millones de pesos. Las denuncias presentadas tanto en la Fiscalía General de la República como en la Estatal, documentan desvíos y otras irregularidades por más de mil 200 millones de pesos (15 por ciento). ¿Se imagina usted a la gallardía con acceso a los 50 mil millones de pesos del presupuesto anual del Gobierno del Estado -300 mil millones mínimo en un sexenio-? Dan escalofríos”. 

COMPRIMIDOS

Ignoro cuál haya sido la sofisticada estrategia que hubo tras la ruidosa caravana de automóviles deportivos de alta gama (de esos que cuestan más de dos millones de pesos) que recorrió las calles del sector poniente de la ciudad el pasado domingo en apoyo a Gallardo Cardona, pero desde mi rústica perspectiva eso encaja más bien en la categoría de medidas desesperadas. La mayoría de los vehículos no portaban placas y algunos las traían de otros estados.

Digna de encomio la intervención de la diputada Josefina Salazar Báez, el pasado miércoles, en la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, desde donde con mucho carácter del que hasta ahora han carecido nuestros prohombres públicos, denunció el riesgo de que San Luis Potosí se convierta en un narcoestado. Aplaudo su valentía.

El buen y oportuno acuerdo de las cuatro dirigencias de los partidos que conforman la coalición Sí por San Luis para salir a denunciar el mismo riesgo, naufragó apenas comenzando por designar portavoz a Juan Francisco Palabra de Hombre Aguilar, quizá el político potosino más desprestigiado y motivo del mayor desprecio popular desde que decidió hacerse caca sobre su palabra notariada de que no sería candidato a nada, y que sigue emperrado en hacer magistrado a su hermano. Y en Palacio le hacen caso ignorando que de seis diputados panistas que había en el Congreso quedan tres. Ya, Azuara, ponlo en orden ¿o vas en la polla?

Su anterior cargo en los Servicios de Salud era de carácter técnico, pero a partir de febrero que asumió la titularidad de la dependencia, el doctor Miguel Ángel Lutzow se fue enterando de manejos financieros, sobre todo en el área de adquisiciones y contrataciones, que le pusieron los pelos de punta. Decidido a no cargar muertos ajenos, comenzó a despedir a funcionarios involucrados en las irregularidades, a todos los cuales llevó ahí la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez. Iba por el tercer despido cuando lo citaron de Palacio de Gobierno y le dijeron que se aplacara, que no hiciera olas. 

Hasta el próximo jueves.