El oro y el moro
No es referencia a lo que ya se ofrece por cualquier candidato a un cargo de elección popular. Más bien, se trata del reiterado saqueo de la riqueza mineral de nuestro país por capitales extranjeros, sobre todo con los gobiernos del “prianismo” neoliberal que, desde principios de los años noventa del siglo pasado, decretaron como preferente la inversión minera a cualquier otra en el país. El saldo es devastador como escalofriante: “setenta y cinco por ciento de las concesiones mineras que se concedieron en administraciones pasadas (en la actual no se ha dado ninguna) fueron a mineras en su mayoría canadienses, según datos de la secretaría de economía del gobierno federal” (en “La Jornada”, 7 de marzo de 2021).
En el recuento de los daños, Carlos Fernández Vega, nos recuerda que: “de 2001 a 2010, década de gobiernos panistas, un pequeño grupo de empresas mexicanas y extranjeras, con las canadienses a la cabeza, extrajeron el doble de oro (…) que la Corona española atesoró en 300 años de conquista y coloniaje, de 1521 a 1821, en lo que hoy es México, de acuerdo con estadística histórica del Inegi. En esa década, los corporativos mineros obtuvieron 380 toneladas de oro (…) contra 182 en los tres siglos citados” (en “La Jornada”, 8 de marzo de 2021). Pero este balance, sigue Fernández, no termina alí porque “de 2011 a 2019 los corporativos mineros, especialmente canadienses, obtuvieron 882 toneladas adicionales, es decir, que en lo que va del siglo XXI, se quedaron con 1,262 toneladas de oro mexicano, o lo que es lo mismo, en apenas 20 años los dueños de ese sector obtuvieron un volumen casi siete veces mayor que en 300 años de conquista” (Ibid).
La cereza del pastel está en que, para este 2021, la situación ha empeorado para los intereses nacionales, toda vez que de las 10 minas de oro más importantes, 6 son canadienses y extraen 60 por ciento del preciado metal que representa alrededor de 64 mil millones de pesos, negándose a pagar los impuestos establecidos, por lo que el actual gobierno ha señalado que buscará revertir ese daño patrimonial, además de cuestionar el despojo de tierras y la explotación laboral de sus trabajadores en México con respecto a los de su país de origen. De la devastación y daño ambiental hablamos aparte, porque se trata del gravísimo problema que conlleva esta doble explotación del capital sobre la naturaleza y el trabajo. Basta con tener presente el caso emblemático de la explotación minera a cielo abierto en Cerro de San Pedro, que acabó hasta con el símbolo de identidad en el origen de nuestro pueblo.
Para completar el cuadro, otros datos contenidos en la nota referida en el primer párrafo, advierten que “de acuerdo con la dirección general de desarrollo minero, en México operan 238 empresas con capital extranjero, de las cuales 153 son de Canadá, 32 de Estados Unidos, 14 de China y 9 de Australia (…) en tanto, en 25 estados del país existen 1,777 proyectos mineros de todo tipo en manos de compañías extranjeras, de los cuales 503 están en etapa de exploración, 96 en producción y 49 en etapa de desarrollo, mientras que 523 están detenidos y en revisión y 6 operaciones cerraron”. Todo esto sin contar otro tipo de trabajos de extracción de materias primas que se ocupan en el procesamiento de productos industriales como el cemento, pero lo que prevalece es la misma lógica de ganancia lucrativa, despojo territorial, degradación ambiental, conflictos socio-ambientales y, en general, abonar al colapso civilizatorio por favorecer más la reproducción del capital que de la vida misma.
Es de reconocerse y aplaudirse que el actual gobierno federal no haya otorgado concesiones mineras y, por el contrario, revise el estatus de las existentes para meter orden en el cumplimiento de sus obligaciones, tanto económicas como sociales y ecológicas. No más una política de quedarse con el oro y el moro.
