El poder del acuerdo

No se trata de una ortodoxia estéril, ni de una aspiración ingenua. Cuando se habla de que la salud de la democracia depende de la capacidad de construcción de acuerdos entre las fuerzas políticas, nos referimos a la posibilidad de que la sociedad se beneficie a partir de los diálogos y las conciliaciones que puedan lograr las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión.

Quiero ilustrar esta idea a partir de un conjunto de decisiones que deben tomarse por acuerdos mayoritarios entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión y que indudablemente tendrán repercusiones sobre la calidad y la integridad en la organización y arbitraje de las elecciones en todo el país. Por una parte, el Senado de la República tiene pendiente la designación de 43 magistraturas electorales locales, así como de 5 magistraturas en salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Cámara de Diputados, por su parte, debe realizar la designación de cuatro nuevas consejerías que se integrarán al Instituto Nacional Electoral -incluyendo aquella que sea responsabilizará de la presidencia del INE por los próximos 9 años-.

Una cosa que tienen en común estas designaciones es el mecanismo -o el candado- que impone una regla de mayoría superior que comúnmente se le conoce como mayoría calificada. Esto es, que estas designaciones requieren del voto aprobatorio de 2/3 partes -o 66%- de las diputaciones o las senadurías presentes en una sesión válida. Hay que recordar, como lo vimos en las iniciativas de reforma a nuestra Constitución, que ninguna fuerza política por sí misma tiene la cantidad de votos necesaria para poder realizar estas aprobaciones. La suma de los votos legislativos entre partidos que son aliados en las cámaras tampoco resulta suficiente para lograr estas designaciones. En cualquiera de los casos, nos encontramos ante la necesidad de establecer acuerdos con los partidos o alianzas antagonistas.

El diseño constitucional que se encuentra detrás de esta disposición ha previsto esto como un imperativo necesario y positivo. La relevancia política de modificar la Constitución o de realizar estas designaciones, es de una magnitud tal que no debería de estar en manos de una mayoría simple -el partido con más posiciones legislativas- o una mayoría absoluta -50% + 1 de los votos-. La idea es que la importancia del asunto obligue a construir acuerdos mayoritarios de gran calado.

Durante los últimos días he leído con más preocupación que sorpresa, que algunas fuerzas políticas se han posicionado sobre la imposibilidad de construir acuerdos para realizar estas designaciones. Por una parte, en el Senado de la República se habla de devolver las ternas propuestas para las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no se ha logrado conseguir ese acuerdo mayoritario entre las fuerzas del Senado para realizar estas designaciones. 

En la Cámara de Diputados, para el proceso de designación de consejerías electorales del Instituto Nacional Electoral, hay partidos que ya se han posicionado sobre la posibilidad real de que tampoco se logren estos acuerdos y, por tanto, se proceda a una insaculación -o sorteo- entre una veintena de perfiles que serán propuestos por el Comité Técnico de Evaluación que ha sido creado para este efecto. 

¿Qué es lo que explica entonces a estos posicionamientos? ¿será que todos los partidos políticos perciben parcialidad entre las personas que han sido propuestas y las que habrán de proponerse? ¿por qué no sería posible entonces que la mayoría de los partidos políticos no pueda ponerse de acuerdo sobre estas designaciones tan relevantes?. 

Tratando de ver el vaso medio lleno y de identificar una buena señal en este asunto. Podemos destacar que las fuerzas políticas no parecen estar dispuestas a distribuir cuotas que permitan una negociación. En teoría, la calidad de las postulaciones propuestas deberá ser tal, que la mayoría de los partidos políticos -incluso siendo antagonistas- puedan sentirse en tranquilidad de que las designaciones realizadas se conducirán con profesionalismo, imparcialidad, transparencia y objetividad.

Insisto. Es la sociedad la que se beneficia de la conciliación y el acuerdo. Hoy, eso depende de la calidad de los perfiles propuestos y de la capacidad política de los partidos en las cámaras. Son días decisivos.