Según se quiera ver, la próxima elección de dirigencia del PRI estatal puede ser un asunto de mero trámite, sin mayor trascendencia o, aún con las limitaciones del método de votación escogido, convertirse en una importante prueba de laboratorio sobre las perspectivas futuras del tricolor, particularmente de cara a los comicios del próximo año.
Por razones comprensibles pero no compartibles y mucho menos aplaudibles, los mandos reales del priismo potosino –lease Juan Manuel Carreras López- decidieron que la elección recaiga en un universo de aproximadamente 6 mil 200 consejeros políticos. En términos coloquiales, pudo haber sido peor, pues una imprecisión de los estatutos habría permitido que la elección se diera exclusivamente en el seno del Consejo Político Estatal, con unos 500 miembros en total. Obviamente, también pudo optarse por un ejercicio mejor, más amplio, plenamente representativo, como sería la consulta abierta a la base militante. El padrón estatal debidamente depurado es de 126 mil.
Quienes tomaron la decisión, consideraron que acudir a la militancia significaba un costo que ni el Partido ni sus valedores están en condiciones de soportar, pero que además entrañaba el serio riesgo de una votación muy baja que convirtiera todo el ejercicio en un bochornoso y caro fracaso.
Con todo, la decisión de que los electores sean los 6 mil 200 consejeros políticos, incluidos los municipales, estatales y unos pocos nacionales que radican aquí, deja abierta la puerta para resultados digamos satisfactorios o francamente desastrozos.
Por un lado, en la parte numérica, no será lo mismo si acude a depositar su voto en las urnas el 60 por ciento o más de los potenciales electores, que si lo hace el 20 por ciento o menos.
Para conseguir una votación aceptable o, mejor aún, una muy buena, el tricolor tiene que ayudarse. De entrada, es un hecho históricamente comprobado que para obtener porcentajes de participación elevados hay que facilitar la entrega del voto. En ese orden de ideas, la Comisión de Procesos Internos debería esforzarse lo suficiente para instalar por lo menos una urna en cada cabecera municipal; o sea 58. Tengo entendido que de entrada el propósito es instalar una mesa de votación por cada uno de los 15 distritos locales electorales. En la práctica serían 12, pues se habla de una sola en esta capital que comprende 4 distritos.
¿Tiene sentido esforzarse para captar el mayor número posible de votos? Estoy convencido de que sí. Aquí pasamos de lo estrictamente cuantitativo a lo cualitativo. Previo a las elecciones del 2021, no veo otro momento u otro evento en el que el PRI potosino pueda mostrar o debilidad extrema o capacidad de movilización, por lo menos, de su militancia histórica, de su voto duro.
Esa posibilidad de mostrar que por lo menos en la escala local el PRI no está en agonía irreversible, no es tampoco un juego vacuo, es una forma de dar aliento a quienes hasta ahora se han mantenido fieles a su militancia y, en el extremo más optimista, hasta de recuperar algunos de los alejados.
Me parece claro que según las condiciones en que llegue al momento de procesar candidaturas para la gubernatura, los ayuntamientos y las diputaciones locales y federales, el Revolucionario Institucional tendrá opciones aceptables o miserables. Es decir, si para finales de este año el otrora Invencible anda dando lástimas, sufrirá lo indecible para conseguir abanderados con buen perfil, si es que los consigue. Caso contrario, si desde ahora con su elección interna da muestras de cierto vigor y ganas de futuro, podrá sufrir menos para conseguir candidatos presentables. Nadie le apuesta a los muertos.
En resúmen: creo que el PRI de casa haría mal, pecaría de miopía, si por la razón que sea empequeñece, apachurra y maltrata su proceso ya en marcha para elegir directiva 2020-2024. Bien le haría mostrar que no ha empezado a apestar a cadáver insepulto; no sería mal lance involucrar en este trámite al mayor numero posible de los priistas de verdad que aún quedan.
Por lo demás, me informan que Elias Pesina y Yolanda Cepeda presentaron su renuncia con fecha 5 de este mes, para hacerse efectiva de inmediato, por lo que han quedado en condiciones normativas para competir. Serán sustituidos provisionalmente por el secretario de Organización Edmundo Torrescano y la dirigente ceneopista Martha Orta Rodríguez.
Al día de hoy nadie puede garantizar que la planilla Pesina-Cepeda sea la única que se inscriba. Si aparece otra u otras, la comisión responsable del proceso y los mandos priistas deberán esforzarse en darles las facilidades estatutarias y jugarles limpio. Un juego chapucero a estas alturas y en estas condiciones sería veneno puro para el tricolor potosino. Comenzando por el alto riesgo de ver judicializados los resultados.
EL SUPREMO Y SUS DESVENTURAS
La nueva presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la magistrada Olga Regina García López -cuya elección fue muy apretada y a punto estuvo de perderla- tiene por el momento varios desafíos ineludibles: a) poner freno al insultante nepotismo que desde hace años se practica en el Poder Judicial del Estado, y en la medida de lo posible deshacerse de los parientes inútiles; b) combatir con determinación y eficacia la corrupción que anida en ese ámbito, y que en el caso de algunos juzgados foráneos causa estragos insoportables; c) superar el notorio divisionismo que prevalece entre los magistrados, y d) acreditar en los hechos que no es achichincle de Cándido Ochoa Rojas, quien de eso presume, a quien debe su ingreso como magistrada hace seis años y de quien fue compañera de generación.
La verdad es que por sus inocultables vínculos con el Gran Recaudador, Olga Regina no tenía el respaldo suficiente para ser electa, pues la acreditada fama de corrupto que tiene Ochoa Rojas contamina todo su entorno, pero la alianza que de tiempo atrás traían Juan Paulo Almazán Cué y la magistrada María del Rocío Hernández Cruz se rompió recientemente, y eso le abrió posibilidades, igual que a Manuelita García Cázares, quien luego de una cena con el gobernador Juan Manuel Carreras, el sábado 4, desistió de su postulación.
Incluso, según fuentes bien enteradas, hacia el fin de semana pasado el grupo de magistrados desafectos con el presidente saliente Almazán Cué, estaban convencidos de contar con 9 votos (de un total de 16) para sacar adelante a su candidata Rebeca Anastacia Medina García, pero el domingo 5, víspera de la votación, hubo contraoperación desde el Ejecutivo y se quedó en la orilla.
Luego de una primera votación anulada porque aparecieron 17 cédulas, debiendo ser 16 el máximo (acerca de lo cual unos nos dicen que fue “un simple accidente” porque “se pegaron dos papelitos” y otros sostienen que fue una forma de “medirle el agua a los camotes”), Olga Regina García López alcanzó 8 votos a favor, Rebeca Anastacia Medina García se quedó con 7 y el otro fue para Manuelita, de quien se dice que votó por ella misma por no estar de acuerdo con ninguna de las otras opciones.
Hasta donde recordamos, hace muchos años que no se producía una división tan marcada entre los magistrados, lo cual desde luego no es nada conveniente. Pero como dice la canción, ya están grandecitos y bien saben lo que hacen.
Desde otra perspectiva, no resulta muy afortunada la elección de Olga Regina, como tampoco lo habría sido la de Rebeca Anastacia Medina García, habida cuenta de que ambas cumplen en 2020 el término de seis años para el que fueron electas. La presidencia del STJE se concede por dos años iniciales, con derecho a reelección por un año más. Ambas tienen derecho a ser ratificadas, pero en el caso de la ahora Presidenta parece que se anticipó la decisión (que corresponde al Congreso), pues sería muy cuesta arriba mandar a su casa a quien en ese momento ocupe la presidencia judicial.
Normalmente, un magistrado no es ratificado, teniendo derecho a ello, por demostrada ineficiencia u holgazanería, por errores de juicio serios y frecuentes, por sospechas razonables de corrupción y causas por el estilo. ¿Cómo se vería que hacia octubre que se haya concluido el complejo proceso de valoración le diga el Congreso a la magistrada presidenta que se irá a su casa por cualquiera de las razones descritas? Ridículo. Pero tampoco es sano que desde ahora se vea sesgada su eventual ratificación, que bien podría darse por guardar las apariencias y no porque efectivamente la justifique y la merezca.
Con todo, lo ocurrido en la renovación de la presidencia del STJE son apenas rounds de calentamiento comparado con lo que ocurrirá ahora que se entre al largo proceso (inicia en abril y concluye en octubre) para ratificar o no a una decena de magistrados y sustituir a por lo menos uno, que ya ha cumplido su período máximo de 15 años. Una dama llegará al límite de edad permitido, pero parece que está dispuesta a litigar ya que ese tope se introdujo en la ley después que ya era magistrada e invocaría la no retroactividad. Eso sí va a estar bueno.
COMPRIMIDOS
El que unos ladrones se metan a robar en un restaurante ubicado en plena Plaza de Armas, a menos de cien metros de Palacio de Gobierno y de Palacio Municipal, en uno de los sectores mejor iluminados de la ciudad y, teóricamente, más vigilados, no es, como ha interpretado el secretario de Seguridad Jaime Pineda “un desafío a las autoridades”. Es una burla. A todos nos consta que hay establecimientos comerciales con botines más prometedores en zonas de la ciudad menos iluminadas y menos vigiladas. A menos, claro, que haya habido complicidad de alguien del personal.
Estando como están las cosas, a nadie sorprenderá si pronto nos enteramos de que los amantes de lo ajeno han incursionado -impunemente- en el despacho del señor gobernador Carreras López y en el del alcalde Nava Palacios, o que se robaron los colchones y las cobijas de la antigua Casa de Gobierno hoy mejor conocida como Casa San Luis. Para allá vamos.
En nuestra columna anterior publicada el 19 de diciembre, nos referimos al caso del policía municipal Salvador Mendoza Martínez, asesinado unos días antes en la colonia Las Pilitas de esta ciudad, cuando intentaba auxiliar a una señora que era asaltada. Hicimos la pregunta de si el cumplido agente iría armado. Le tengo la respuesta: no, no iba armado, tampoco portaba chaleco antibalas. Eso da cuenta de dos cosas: la indefensión en que trabajan muchos de nuestros policías y la valentía heróica de Salvador, que ojalá le sea reconocida y recompensada por sus superiores.
Un gran año para todos y hasta el próximo jueves.