El repartidor

Era necesario un poco de tiempo y apretar las tuercas necesarias para que comenzara a conocerse la verdad sobre el sistema de transporte llamado metrobús, el cual fue abortado burdamente por la administración de Juan Manuel Carreras. Lo que se comienza a saber  tampoco es nada del otro mundo, ni una excepción dentro de la obra pública; por el contrario, es una generalidad dentro de cualquier administración estatal y la muestra de cómo son distraídos los recursos según los requerimientos políticos del momento. 

La caja de recursos fue el metrobús pero pudo haber sido cualquier otra, en cualquier secretaría; lo mismo en Salud (como al parecer también ocurrió), que Educación o Desarrollo Social. Hoy se señala y acusa a Rolando Hervert, pero el acusado pudo haber sido cualquier otro, considerando que “el indio” sólo fue el repartidor. 

La cosa es más simple de lo que parece y, en síntesis ocurrió más o menos así: Gobierno del Estado necesitaba que los legisladores aprobaran ciertas cuestiones, por lo que el secretario general de Gobierno, previa instrucción del gobernador, ordenó a la secretaría de Finanzas que entregara a la secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obra Pública el recurso que entregaría a una constructora (parte del presupuesto asignado al metrobús), para que ésta a su vez lo turnara al hoy acusado, quien se ocuparía de repartirlo entre sus compañeros de bancada, mismos que –a cambio de esa golosina– entregarían su voto al gobernador. 

Es decir, se distrajo un recurso público para alimentar (o matar el hambre) a un grupo de diputados corruptos previas instrucciones de un gobernador corruptor, sin mayor oficio político y casi sometido a las decisiones de su general de Gobierno, que lo mismo se presentaba, según conviniera, como médico, enfermedad o medicina. De nueva cuenta aclaro, que esta no es ninguna novedad, ni exclusivo de Carreras,  se practica y acostumbra, según las necesidades del gobernante en turno. 

Si de alguna una manera se buscara seguir la ruta del dinero que corrompió a seres inocentes, ésta sería: secretaría de Finanzas, secretaría de Desarrollo Urbano, la constructora, Rolando Hervert y finalmente los diputados. ¿Quiénes y cuáles? No lo sabemos, pero es cosa de que aprieten un poco más las tuercas (menos mal que ya quedaron atrás el tehuacanazo y las caricias eléctricas) y los nombres comenzarán a integrar una lista. Ahora que si la curiosidad no da margen a la espera, no queda más que revisar la lista de los integrantes de la sexagésima segunda   legislatura potosina y después comenzar a utilizar la imaginación para nominarlos. 

Dentro de estas bien definidas líneas hay una poco clara: todavía no se sabe si los veintidós millones por los que piden cuanta al ahora defenestrado,  fueron sólo para comprar la costosa conciencia de los panistas o también se utilizó para comprar las de diputados de otros grupos parlamentarios. 

De haber sido sólo lo primero y si el reparto fue equitativo, quiere decir que fueron tres millones seiscientos  lo que le tocó a cada uno de los seis querubines que integraron la bancada, aunque aquí hay algo confuso, porque parece ser que una diputada (hoy candidata por el Verde a una alcaldía) no recibió los billetitos por esa vía; aunque cabría la posibilidad que tocó un poco más al emisario. De otra forma, suponer que los veintidós millones fueron repartidos entre 27 diputados, haría pensar que estos y su dignidad se hallaban en la mendicidad total, ya que apenas les hubieran tocado poco más de ochocientos mil pesos.

No pasemos por alto que si los repartos fueron múltiples y dirigidos por separado  a cada partido, en algún momento será encapillado otro chivo expiatorio al que le fue entregada una cantidad similar para operar con ella y, desde luego, habrá los que como Judas lo nieguen todo. Pero, quedan también otras dos interrogante que muchos se hacen desde hace tiempo ¿qué pasará con Alejandro Leal artífice de gran parte de la corrupción carrerista?, y ¿la acción del aparato gallardista alcanzará en algún momento a Juan Manuel Carreras?, porque a como van las cosas pareciera que no. 

A propósito. Un exgobernador me comentaba que al poco de tomar posesión de su encargo, convocó al secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de la administración saliente para pedirle explicación sobre un asunto de corrupción que amenazaba la estabilidad del estado. La acusación fue directa, más que respuesta buscaba confirmar lo que ya se sabía: una licencia a cambio de que la constructora del exsecretario desarrollara todo un complejo a una empresa indiciada. Quedó el precedente: el delator de hace años de nueva cuenta lo fue.