EL SEPTIMO AÑO ¿DE QUIÉN?

Por supuesto que el gobernador Juan Manuel Carreras está en todo su derecho a buscarse un séptimo año sin sobresaltos. Pero hay preguntas al respecto que urge responder: ¿A cualquier precio? ¿A costa de lo que sea y de quien sea? O planteado de otra manera ¿el resto de los potosinos no tenemos derecho igualmente a un séptimo año llevadero?

Según el censo 2020 del Inegi, a junio del año pasado éramos 2 millones 822 mil 255 los potosinos radicados en la entidad. Es válido calcular que al concluir el sexenio carrerista seamos 2 millones 850 mil. Desde hace rato la conversación política parece implicar que el próximo 26 de septiembre, primer día de la nueva administración estatal, el único destino que importará será el de un potosino -que lo más seguro es que ni siquiera se quede en esta tierra- en tanto que los otros 2 millones 849 mil 999 nos habremos esfumado.

Con inusitada frecuencia, en charlas de los últimos meses a propósito del acontecer político local y, en particular, del papel que viene jugando el gobernador Carreras, sale a relucir el tema/argumento/justificación del séptimo año. En razón de ello, de que pueda irse a su casa o a dónde sea sin dejar un sucesor que lo hostilice, persiga o procese, no escasean quienes justifican su extraño, confuso y en ocasiones sospechoso proceder.

El problema es que en la ecuación falta un elemento: ¿No importa si para lograr su objetivo de tranquilidad futura nos deja a los otros casi tres millones de sus paisanos en manos de indeseables?

Hoy por hoy, con un alto grado de responsabilidad política de parte de Juan Manuel Carreras, los potosinos enfrentamos el riesgo de ser gobernados (y muy probablemente saqueados, engañados y reprimidos) por alguien que camina como delincuente, tiene pico de delincuente y pía como delincuente o por alguien que miente como respira y no logra que las cuentas le salgan bien. ¿Me explico?

Si Carreras no hubiera hecho de la impunidad su divisa y de la tolerancia cómplice su modo de gobierno, ni el delincuente ni la mitómana mano larga estarían amenazando con gobernarnos, saquearnos, engañarnos y lo que le sigue.

Apenas si resulta necesario hacer historia: desde hace más de dos años JMC tuvo legalmente a su alcance razones e instrumentos para poner a la gallardía en retirada y más recientemente para impedir que su colaboradora -que ya empezó a madrearlo, por cierto- se convirtieran en opción de gobierno.

Lo más desconcertante de todo es que, hasta donde se alcanza a ver, no parece haber razones de peso para que Juan Manuel Carreras vea con tanta aprehensión su futuro; no parece haberse enriquecido a espuertas, no se perciben indicios de que haya desaparecidos por cuenta suya o de que haya pactado con el crimen organizado; la deuda pública, con todo y pandemia, quedará básicamente igual que como la recibió, el desarrollo económico se mantuvo y por momentos mejoró. Es decir, de cara a su sucesión hay momento en que el mandatario potosino actúa como si fuera un Javier Duarte a punto de la fuga.  Su mayor pasivo es una medrosidad patológica que lo condujo a obsequiar impunidades como si en ello le fuera la vida.

Vuelvo al principio: lo que no se vale, lo que es inadmisible es que la búsqueda de un séptimo año relajado para un solo potosino pretenda conseguirse a costa de todos los demás. ¿Tiene sentido, lógica, ética y estética que para que Juan Manuel se vaya tranquilo a quién sabe dónde a hacer quién sabe qué cosa nos vaya a dejar en tan malas manos? 

Y sí, mandar al Caco dizque a ayudar en la campaña de Octavio puede ser una "señal" de en dónde están sus auténticas simpatías políticas, pero ¿no habría sido mejor aplicar la ley a quienes saquearon las finanzas municipales de Soledad y de esta capital, del Interapas y hasta del comité estatal del PRD, o decirle a su colaboradora -como se lo ha dicho a otros- "no te vas hasta que arregles tu tiradero" (o sea, como para el 2030).

   También, deja poco espacio para el optimismo lo que con metáfora certera me dijo recién  un viejo amigo: "Juan José, entiende, Juan Manuel ya trae las maletas en la camioneta".

EL MIJIS Y SU COMPAÑERO DE VIAJE

Algo de antecedentes: el domingo 21 de marzo el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana negó al chilango Héctor Serrano Cortés su registro como candidato a diputado local plurinominal por el Partido del Trabajo, como número uno en la lista respectiva. El dictamen original sometido al pleno del Consejo sustentaba la negativa en el hecho de que el susodicho no se separó de su cargo de diputado federal 90 días antes de las elecciones, como lo exige nuestra Constitución. Le daba por buena su residencia de por lo menos tres años -a todas luces una mentira- con base en una constancia expedida por el secretario del Ayuntamiento de Soledad, el ultragallardista Ernesto Barajas Ábrego.

Al final de la jornada, merced a la intervención de los representantes del Congreso y del Partido Encuentro Solidario, Rubén Guajardo y Jesús Ricardo Barba, y sobre todo de la consejera Zelandia Borquez Estrada, quienes aportaron elementos jurídicos válidos, el registro del socio y consejero de Ricardo Gallardo Cardona fue negado por las dos razones: falta de residencia y no separación de la curul federal.

Inconforme con la decisión del Ceepac, Serrano Cortés la impugnó ante la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que le fuera concedido su registro. Extrañamente, en su escrito de demanda el interesado únicamente alegó como agravio lo de la no separación de la diputación federal, desentendiéndose totalmente del tema de la residencia.

La Sala Monterrey lo bateó y le dijo que debía acudir primero ante el tribunal local. Así lo hizo y con fecha 31 de marzo el TEESLP resolvió por unanimidad ratificar la determinación del Ceepac. Sostuvo que de nada serviría entrar al estudio de fondo en el tema de la no separación del cargo si aún en el hipotético caso de que se le diera la razón a Serrano Cortés de nada le serviría, ya que no impugnó la negativa sustentada en la falta de residencia.

Apenas el martes pasado, dentro del término legal, el defeño con súbitas pretensiones de potosino acudió nuevamente a la Sala Monterrey, donde el asunto, con la clave SM-JDC-186-202, fue turnado al magistrado Yairsinio David García Ortiz. No está disponible el documento completo de la demanda, por lo que de momento no es posible saber si esta vez sí se invoca lo de la falta de residencia o nuevamente se alude únicamente a la cuestión de la no separación del cargo. 

Dado que estamos en tiempos electorales, es un hecho que el juicio estará resuelto en breve, en una semana o dos. Si la Sala regional del TEPJF niega la razón a Serrano, ya podrá despedirse de sus pretensiones de defraudar al electorado potosino y aparecer como nuestro "representante". Le quedaría un ultimo recurso, llamado de Revisión Constitucional, que ni siquiera hay la certeza de que se le admita.

No me pareció ocioso dedicar tanto espacio a un tema que aún no llega a su última estación, porque engarza muy bien con el de El Mijis, a quien el INE le rechazó su registro como candidato de Morena para diputado federal plurinominal, porque iba propuesto como cuota "indígena", carácter que pretendió acreditar con un escrito del director de Asuntos Indígenas del Municipio de San Antonio. 

Muy a diferencia de lo que en primera instancia hizo aquí el Ceepac con el asunto de la residencia de Héctor Serrano, el INE se tomó la molestia de verificar la autenticidad de la documentación presentada por El Mijis, y en cuestión de minutos supo de boca del funcionario involucrado que él no expidió ni firmó los documentos y que al ruco chavo banda capitalino ni lo conocen por allá. 

La cabecera municipal de San Antonio está a poco más de una hora en automóvil de Ciudad Valles, donde el INE cuenta con un consejo distrital, y de donde, supongo, salió el funcionario encargado de la verificación que evidenció las chapuzas de El Mijis. El Palacio Municipal de Soledad está a unos pocos minutos del respectivo comité distrital electoral del Ceepac, y a no más de media hora de las oficinas centrales de éste, de manera que hubiera sido muy fácil enviar a alguien a verificar los sustentos de la constancia de residencia expedida por Barajas Ábrego a Serrano.

PD.- Recojo el comentario hecho por el consejero electoral Marco Iván Vargas Cuéllar el jueves de la semana pasada, en su colaboración en estas mismas páginas, y sí creo que conviene retomar el tema Serrano Cortés en un futuro próximo. Yo sería de la idea de hacerlo cuando se hayan agotado las instancias jurisdiccionales y sepamos si prosperaron o no sus pretensiones. Por ahora, una precisión: la mención, en mi columna del jueves 25 de marzo, de que Vargas Cuéllar no es abogado, es un simple dato. Mis lectores habituales podrán dar constancia de que con frecuencia hago la misma observación respecto de mí mismo, porque me parece pertinente.

COMPRIMIDOS

Las campañas de candidatos a gobernador recién cumplieron un mes, la tercera parte de su duración total, y ya causaron dos bajas importantes: las encuestas y las promesas. Es tan extremo el chapucerío con las primeras que su credibilidad ha sido anulada, y en el caso de las segundas ya es un choteo. Si las cuentas no me fallan, ya vamos para una decena de nuevos hospitales ni en Noruega; San Luis  será un refugio nacional de gratuidad (gratis las placas y tarjetas de circulación, gratis el transporte urbano para estudiantes, gratis la entrada a la feria, gratis el agua para amplios sectores de la población, gratis las guarderías de perros, etc.); los programas sociales de AMLO nos van a quedar chiquitos, la Casa San Luis (llena de escaleras) se convertirá en asilo de ancianos, y la inseguridad se terminará en menos de los 15 minutos foxianos. Empiezan a sonar ridículos.

El alguna vez honorable Congreso del Estado ya tiene nueva tesorera en la persona de Elizabeth Carrillo Sánchez, propuesta del PAN. Sustituye a Claudia Irma Reyes Tovar quien, según doña Sonia, se quejaba de que tenía que entregar la mitad de su sueldo a quien le consiguió la chamba, que no es otro que Juan Francisco Palabra de Hombre Aguilar. Yo lo siento por Octavio.

La nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, doña Giovanna Itzel Argüelles debería echar bálsamo sobre las aguas en lugar de encresparlas. Dada la forma polémica en que llegó al cargo, poco le ayudará instalarse en un plan amenazante. Obtuvo votos pagados en efe y en especie. 

Creo que esta nueva curul le está saliendo demasiado cara a Juan Ramiro Robledo. Y si es algo así como un cierre de ciclo, me parece envuelto en desdoro.

Hasta el próximo jueves.