En la ciudad de la furia
Entre gritos, insultos y mechoneadas de pelo, diputadas del Congreso de la Ciudad de México protagonizaron la ruptura de un acuerdo político que daría un cauce digno a la desaparición del órgano de transparencia en la Ciudad de México.
Días antes, la institución que durante casi dos décadas garantizó tanto el ejercicio del derecho a saber cómo la privacidad de los capitalinos, alojó la última sesión de pleno en el maltrecho edificio de la Colonia Narvarte. En un recuento rápido de hechos, la Comisionada Nava y el Comisionado Bonilla concluyeron sus encargos. Por falta de quórum ya no habrá sesiones públicas, deliberación ni resolución de quejas, por lo que la difícil transición estará a cargo de la Comisionada Enríquez.
La historia es conocida. La reforma en materia de simplificación orgánica eliminó siete órganos que por su especialidad técnica contaban con autonomía constitucional entre ellos el de transparencia a nivel nacional. Las razones que sustentaron esta reforma fueron: una supuesta duplicidad de funciones entre dependencias del gobierno y organismos especializados, la existencia de "una burocracia dorada" y la necesidad de canalizar recursos a programas sociales.
Como consecuencia, se votó y publicó una nueva ley general de transparencia que repartió las competencias de una sola institución entre una diversidad de contralorías. De manera centralista y autoritaria, la ley ordenó en sus artículos transitorios que cada entidad federativa debía emitir su legislación conforme al decreto. Aunque con un margen limitado, el federalismo permitía que cada Estado diseñara su propio modelo de transparencia.
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Bajo este principio y a partir de buenas prácticas internacionales, como la Ley Modelo de la OEA, se aprobó en comisiones del Congreso capitalino la creación de un organismo con autonomía técnica, presupuestaria y que estaría encabezado por tres Comisionados.
Sin embargo, el día de la votación, las diputadas de Morena violaron el acuerdo y decidieron imponer con la estridencia de su mayoría, el modelo de un Supercontralor que estará a cargo de una larga lista de labores (auditoría interna, supervisión, prevención y sanción) y que además absorberá la vigilancia y garantía de todas las obligaciones de transparencia que la ley contempla.
Hubo un tiempo que la Ciudad de México fue vanguardia en el ejercicio de derechos fundamentales. En ese entonces, era la izquierda la que buscaba que al poder se le revisara sin excepciones. La capital fue la que estrenó Infomex, el sistema de solicitudes de información por la vía electrónica que antecedió a la Plataforma Nacional de Transparencia y que permitió que cualquier ciudadano, sin tener que acreditar personalidad jurídica tuviera información del gobierno. Los chilangos debutamos con ejercicios de gobierno abierto y Estado abierto mucho antes de que se divulgaran estas prácticas a nivel nacional. Por el ejercicio del derecho a saber, la sociedad conoció detalles de la tragedia del News Divine; se supo del desvío de recursos de la reconstrucción tras el sismo de 2017; se tuvo información sobre el Covid-19 y se hizo un modelo de apertura en tiempos de emergencia encabezado por la Comisionada Nava. También se mapeó el desabasto de medicamentos y se conocieron detalles sobre la tragedia de la Línea 12 del metro. Diversos contratos de obras públicas polémicas han logrado el escrutinio público gracias a la transparencia y los empresarios han tenido un poco más de certidumbre en inversiones cuando hay información clara y verificable. Todo esto lo perdemos. Sin suficiencia presupuestaria, sin capacidades y sin un diseño administrativo claro que evite la opacidad y el retroceso la otrora Ciudad de la Esperanza se erige como la Ciudad de la Furia. Y sus representantes lo confirman.
*Investigadora de México Evalúa
