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En todas partes

Por Marco Iván Vargas Cuéllar

Diciembre 30, 2021 03:00 a.m.

A

Pocas cosas hacen tanto daño a la discusión -la pública y la privada- como la aceptación del discurso y el razonamiento falaz; esto es, aquel que presenta razones o argumentos aparentes con los que se pretende defender o persuadir sobre algo que es falso: es un razonamiento falso que se disfraza de verdad.

Las falacias están en todas partes. El monólogo y el dialogo. En la tribuna política, en la mesa de café, en el círculo de opinadores, en la arenga del agitador, en la cantata del manipulador. El uso del discurso falaz es peligroso en más de algún sentido: En el intento de vender una idea tergiversada como una verdad contundente, el público escucha no solo termina confundido, sino que también reacciona en consecuencia. 

Siempre cabe la posibilidad de que quien emplee la falacia, lo haga por desconocimiento; cosa que resulta preocupante y quizás hasta peligrosa porque entonces acudimos a una situación donde las falacias no representan simples recursos del lenguaje para intentar convencer o ganar una discusión: constituyen razonamientos erróneos sobre los cuales se construye o interpreta una realidad igualmente tergiversada.

El hecho de que en los discursos políticos sea frecuente el uso de falacias no significa que debamos aceptarlo o tomarlo como algo normal. Sabemos que las personas construyen un criterio y un juicio sobre las cosas a partir de la narrativa, los relatos, testimonios y opiniones que emiten las personas en las que confían: gobernantes, representantes populares, personas de la academia, de los medios de comunicación, entre otras. ¿Y qué si esas personas en las que se confía, construyen argumentos deliberadamente falaces? ¿cuánto de lo que constituye la opinión pública no depende de las construcciones narrativas de estos personajes? ¿Qué es lo que cuenta entonces como real?.

Hace un tiempo escribí en este mismo espacio sobre los sesgos de confirmación; es decir, esta tendencia que tenemos las personas para favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma nuestras creencias. De esta manera, por ejemplo, se acude a medios de comunicación o a fuentes de información que presenten una línea afín a nuestra manera de pensar o creer la realidad. También se tiende a interpretar información ambigua en favor de las posturas existentes. Este sesgo cognitivo tiene su lógica: no es frecuente que acudamos a espacios que nos hagan caer en cuenta de que no tenemos la razón. Y quizás ahí radica un problema de fondo: en el catálogo de conductas de madurez política -o intelectual o de madurez en general- no es frecuente encontrar la humildad de reconocer que no se está en lo correcto. 

El rechazo de los argumentos y razonamientos falaces requiere, por lo menos, de dos actos que nadie va a hacer por nosotros: hay que identificar las falacias y hay que rechazarlas pública y abiertamente. Entiendo que de un tiempo para acá, por razones que deben investigarse con la seriedad debida, hemos presenciado un notorio empobrecimiento del discurso político -no me refiero al electoral, sino al político en general-. Durante un tiempo pensé que una de las razones tenía que ver con la transición hacia el uso y consumo de información política por las redes sociales. Transmitir una idea en un tuit de menos de 280 caracteres, o en un tiktok de menos de un minuto, o en un post de Facebook que no tenga demasiado texto, termina sacrificando -de facto- la buena costumbre de desarrollar y profundizar algunas ideas. No estoy debatiendo sobre las reglas elementales y las buenas prácticas en las redes sociales, lo que estoy sosteniendo es que esta puede -insisto, puede- ser una razón por la que nos hemos acostumbrado a consumir ideas e información política sin un desarrollo adecuado de argumentos que soporten las ideas que se presentan.

No es un asunto de una persona concreta, o de un partido o de una corriente de pensamiento. Solo mencionaré un ejemplo reciente: el Instituto Nacional Electoral advirtió que el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados es insuficiente para la realización de la Consulta Popular para la revocación del mandato contemplada para el siguiente año. Sostiene que le hacen falta más de 2 mil millones de pesos para realizar el ejercicio con los estrictos estándares que mandata la ley. Una de las respuestas por parte de algunos personajes políticos afines a la realización de la consulta fue que el Instituto debe realizar ajustes presupuestales, como bajar el sueldo a los consejeros electorales. 2 mil millones de pesos. Bajar el sueldo de once consejeros electorales. ¿Puede ver la falacia?.

Siempre hay que estar de acuerdo en hablar las cosas clarito, de frente, con argumentos y razones. La honestidad intelectual no es un lujo ni una graciosa concesión. A eso sí deberíamos estar acostumbrados.

Feliz año. Gracias por la generosidad de su lectura.

Twitter. @marcoivanvargas