Estado de bienestar
Es de llamar la atención que, dentro de un mar de lugares comunes que ofrecen los aspirantes a un cargo de elección popular, se haga mención a una propuesta más conceptual como la del denominado “Estado de bienestar”. En estos días de precampañas escuchamos por doquier esas típicas frases demagógicas que recetan “tendrán más apoyo de esto”, “recibirán más beneficios de lo otro”, “habrá menos enjuagues de aquello”, etcétera. Pero no se trata de confundir las ramas con el bosque; esto es, que la oferta de repartir becas, despensas y demás apoyos materiales se asuma como una cuestión “concreta”, mientras que planteamientos programáticos, que definen una orientación gubernamental deseable, se tengan como “abstractos”.
Más bien, es precisamente la pérdida de una mínima orientación ideológica la que ha dado lugar no sólo a situaciones como esa intención de concretar coaliciones partidarias “contra natura”, sino, sobre todo, a la necesidad de ponderar la plataforma política y la trayectoria personal de quien pretende gobernar o representar a la ciudadanía. Lo primero puede explicarse como parte del pragmatismo que domina al actual sistema de partidos en México, pero lo segundo tiene asidero de justificación cuando se llega al extremo de comparar las peras con las manzanas… como si fueran moras de un mismo árbol. Así, rumbo al proceso comicial de 2021, resalta que un aspirante a gobernar la entidad potosina, Juan Ramiro Robledo, vaya delineando el horizonte que modelaría su participación.
¿Y qué significa, aquí, contar con un Estado de bienestar? En términos generales -y en sentido lógico-, se trata de una mayor intervención del Estado, a través del gobierno y mediante ciertas políticas públicas, para garantizar la universalidad en el goce de derechos mínimos y esenciales para el bienestar de la población, tales como salud y educación, independientemente de su ingreso, pero procurando equilibrar las disparidades sociales, combatiendo sobretodo la desigualdad económica. En el caso de la entidad potosina, se entiende que se trata de dar continuidad a la política económica instrumentada por el actual gobierno federal en favor de los que menos tienen y regenerando la vida pública local mediante el combate de la corrupción y la impunidad.
En sentido histórico, no han faltado los cuestionamientos al retorno a un Estado de bienestar señalando las contradicciones propias de este modelo en otros países. Incluso en México, no ha faltado la perorata de que sería una regresión a una economía cerrada, propia de un anquilosado nacionalismo (y, en el colmo de una estrechez de miras harto despectiva, hasta “comunista”), aduciendo que se iría contra la “modernización” y la globalización de nuestros días. Sin embargo, lo que ha venido sucediendo con el gobierno de AMLO es un reordenamiento de la economía y de la política que, evidentemente, ha tocado intereses sectarios privados. Para el caso potosino, desde hace ya buen rato, es clamor generalizado contar con una regeneración de la vida pública para detener tanto abuso de unos cuantos.
Pero, parafraseando a Rodolfo Banfi, la novedad del método no cambia necesariamente la historicidad del objeto y tal vez no se pueda regresar a un Estado de bienestar como en su acepción original porque las circunstancias de tiempo y lugar son distintas, por supuesto; pero una política económica orientada por su caracterización esencial sigue siendo necesaria, toda vez que su objeto persiste y no deja de ser “un hueso duro de roer”, esto es, las desigualdades social, económica y hasta ambiental. Por eso la importancia del planteamiento en comento, porque no es lo mismo ofrecer hasta “las perlas de la Virgen” a cambio de pepenar (de manera condicionada) el voto, que pugnar porque se hagan efectivos los derechos de la sociedad para contar con estándares de vida digna en su entorno.
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