Fideicomisos
La Reforma judicial de 1994 otorgó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de elaborar su propio presupuesto, para que se incluya tal cual en el proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación; además, le dio la atribución de administrar de manera autónoma esos recursos. Sin embargo, 29 años después, esta institución no es sinónimo de buen desempeño, ni garantizó un uso eficiente de los recursos públicos. El gran pendiente en México es la impartición de justicia, principalmente para la población que vive en situación de pobreza.
Según un estudio de la asociación civil México Evalúa: 93 % de los delitos cometidos en el país no se denuncian; la confianza ciudadana en los últimos 10 años ha disminuido entre -0.5 y 0.4 de manera anual; la percepción de la corrupción en los jueces es del 67 %; el nivel de impunidad para 2022 fue del 93 %. La efectividad en la impartición de justicia no ha disminuido en homicidios dolosos, feminicidios, desaparecidos, secuestros, extorsión, violencia intrafamiliar, narco menudeo y robo simple.
El presupuesto autorizado a la Corte ha aumentado de manera sistemática cada año. Ha tenido subejercicios, cuyos recursos han sido utilizados para crear 14 fideicomisos; el ejercicio de estos es de manera discrecional. A su interior su asignación es diferenciada. Los litigios más relevantes en términos ciudadanos son fundamentalmente de jurisdicción local, pero se le otorgan más recursos a la Suprema Corte que a los poderes locales. El rezago en los asuntos que ingresan y los que son resueltos es muy alto.
Los 14 fideicomisos tienen como objeto de gasto: ayuda de gastos funerarios, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida institucional, compra de vehículos blindados, recursos para comer en restaurantes de lujo, adquisición de equipo de cómputo, ipad y celulares; apoyo para gasolina; servicios de estacionamiento; talleres de baile, torneos de futbol, boliche y clases de yoga. Estos recursos benefician a cerca de 1700 altos servidores públicos y no a los 55,000 trabajadores de base.
Durante los últimos 29 años se ha manejado el argumento: “los buenos salarios son una forma de dignificar el puesto, de atraer mejor capital humano y de disminuir la propensión a la corrupción del aparato de justicia”. Pero los resultados dicen lo contrario, por lo que surge la pregunta: ¿Cuáles son los costos, en términos de legitimidad y eficiencia institucional, de una Corte cuyos jueces son los funcionarios públicos mejor remunerados de los tres poderes del gobierno mexicano? Tenemos una Corte cara, que no está aparejada a una mayor productividad y confianza en la impartición de justicia.
En conclusión: La autonomía presupuestal otorgada a la SCJN en 1994 generó una institución costosa y mal administrada. Con una burocracia numerosa, sueldos y prestaciones excesivas; las cuales son injustificables en términos de ética pública. En el ejercicio público se predica con el ejemplo, de otra manera se pierde legitimidad y confianza ciudadana, indispensables para la impartición de justicia. Por más dinero que le hemos dado a la Corte, esta no ha logrado disminuir el índice de impunidad en México. Próxima colaboración: 15 de noviembre de 2023.
@jszslp
