GIEI y los 43

“Vivos se los llevaron y…”

Me han preguntado mis alumnos a lo largo de estos nueve años ¿Qué les pasó a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa? Nunca lo sabremos a ciencia cierta. Les contesto. Una cosa es saber de un delito patrimonial, por ejemplo, robo con violencia a transeúnte, un mozalbete malhechor con una navaja vieja y oxidada robando en plena calle y una delincuencia en una zona determinada, o sea, el número de robos con violencia en la zona centro de una ciudad cualquiera. 

Otra cosa saber, de toda una red de macrocriminalidad operando sistemáticamente caracterizándose por la ejecución de distinto tipos de delitos a la vez, que van desde homicidios, feminicidios, desapariciones, extorsiones, sicariato, narcotráfico, narcomenudeo, giros negros, trata de personas, lavado de dinero, más un largo etcétera.

Esta macrocriminalidad suele operar en una región o inclusive en un Estado completito (Guerrero, por ejemplo), oiga Maestro, me vuelven a interrogar los alumnos ¿Y estos delincuentes operan solitos? No podrían, les respondo. Forzosamente una macrocriminalidad necesita “operar” con evidentemente una estructura criminal, pero, necesita de la estructura política y la empresarial. 

El último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI, lo deja claro: “Los factores de riesgo estaban presentes en Guerrero y en particular Iguala y municipios vecinos en 2014, y generaban, incluso hoy lo hacen, un contexto propicio para las graves violaciones de derechos humanos, así como para la comisión de crímenes”.

La escasa estudiada macrocriminalidad, que es una conducta penal que ocasiona una pluralidad de victimas muy determinadas y específicas, que en otros países, serían casos de genocidios o de terrorismo, las han etiquetado y las definen como: De una violencia y crueldad excepcional; De una vaga amenaza permanente a la sociedad; Que producen severos desordenes a la paz pública y la inestabilidad social; De una pluralidad de actores (civiles y estatales), y de victimas a la vez; De una multiplicidad de móviles en su actuar, desde políticos, económicos, psicopatológicos, de control territorial y de disputa de nuevos territorios criminales; y por último, las victimas siempre son las más desprotegidas e indefensas ante sus ataques (niños, mujeres, jóvenes, ancianos). 

TAPANCO: El informe de la GIEI dictamina: “Las inestabilidades sociales, políticas o económicas, con fuerte incidencia de economías ilegales, cooptación de autoridades y grupos de poder, son factores que incrementan el riesgo de la población a sufrir esos ataques y la impunidad de los mismos. La falta de acción, la evasiva o la negativa de realizar este principio “de protección” genera responsabilidad, como el caso de Ayotzinapa ha mostrado. El caso muestra cómo el ejército, a pesar de su despliegue masivo en la zona, no solo permitió que se dieran los ataques sino encubrió posteriormente y no facilitó la información veraz sobre lo sucedido”. 

@franciscosoni