En memoria de Jorge Ricardo Domínguez, “el riquis” (q.e.p.d.)
México vivió, sin duda, uno de los episodios más difíciles en cuanto a las relaciones vecinales con EUA, de las que hubiéramos sido testigos; durante una semana, el país entero fue testigo de cómo una delegación de altos funcionarios del gobierno federal realizaba negociaciones al más alto nivel con actores políticos estadunidenses, el fin era a toda costa evitar que el sr. Trump ejerciera sus facultades extraordinarias (nuestra Constitución también concede similares prerrogativas al Ejecutivo), e impusiera un arancel del 5% a los productos importados desde nuestra nación.
Desde luego, de haber sucedido ese escenario, los resultados hubieran sido catastróficos a la economía nacional, más de 1 millón de empleos perdidos, la devaluación del peso, etc., sin embargo, lo que al mismo tiempo llamó la atención, fue como un tema migratorio permutó su estadio original a una eventual guerra comercial, y, que finalmente, cuando menos para México, la migración terminará siendo un tema de seguridad nacional (para los americanos ya lo era).
Así, de pronto la forma en que se miraba, en nuestro país, a los flujos migratorios cambió radicalmente, se pasó de una cierta condescendencia, por no decir inacción, a lado radicalmente opuesto, lo que implicará el ejercicio de recursos monetarios y humanos para su contención.
Basta de ejemplo, el compromiso de movilizar en el corto plazo a 6 mil guardias nacionales, militares, marinos y policías federales a la frontera sur con Guatemala, todos estos efectivos bajo el mando del comandante de la región militar del sur de Chiapas; para verlo en perspectiva, recordemos que EUA movilizó a 5 mil reservistas a la frontera con México durante la última macro caravana de migrantes (mil menos en una espacio geográfico mucho mayor), o bien, el envío de 1 mil soldados a Polonia, para tener un total de 4 mil efectivos en una región estratégica por su cercanía a Rusia.
Desde luego, que la migración ilegal será considerándose no delictiva, empero, es obvio, el radical cambio de su tratamiento. México no veía a la migración como un problema de seguridad interna (como si lo ve en el huachicoleo y en el narcotráfico), y, con este vuelco, inevitablemente lo hará, e incluso, irá más lejos al asemejarlo a un problema de seguridad nacional, dado las implicaciones y repercusiones que tendrá en las relaciones con EUA.
Es innegable el derecho humano al asilo, y muchas de l@s migrantes realmente huyen de situaciones de violencia (pensemos en las maras centroamericanas), y por cuestiones de sobrevivencia derivadas de las situaciones precarias en sus lugares de origen. Sin embargo, tampoco el ejercicio de este derecho es excluyente de regular los flujos migratorios que pretendan internarse en el país, decía Olga Sánchez Cordero, la necesidad de crear un censo para tener certeza de quienes ingresan al territorio mexicano; además, empezamos a advertir la presencia de visitantes de latitudes muy lejanas, de China, África, Afganistán, etc., lo que necesariamente también implicará tener revisiones sanitarias, para evitar situaciones epidemiológicas, pero, lamentablemente nuestro país no cuenta con un programa ni una infraestructura digna y eficaz al respecto.
Ahora bien, este giró en la política migratoria basada ahora en un enfoque de seguridad nacional, empero, necesariamente impactará a la problemática en seguridad pública, que era la idea principal del proyecto de la Guardia Nacional, pues, si bien es cierto, dentro de su concepción original estaba la de encargarse de las cuestiones de seguridad interior (como el hachicoleo, y, evidentemente el narcotráfico), también, se vislumbraba realizar cuestiones de seguridad pública auxiliando en estas áreas a las policías municipales y estatales, situación que ahora se ve más complicada, pues, no habrá guardia que alcance.
Con lo anterior retornamos al punto original, es decir, las cuestiones de seguridad pública en las ciudades de México son obligación inexcusable de las policías municipales y estatales, lo cual no es cosa menor, recordemos que de los 90 asesinatos que diariamente se comenten en el país, la mitad de ellos son autoría de la delincuencia común (asaltos, riñas colectivas, feminicidios, violencia familiar, etcétera).
Así que, esta debiera ser una llamada seria de atención a los alcaldes y gobernadores, pues, ya había muchos que anhelaban el momento que la Guardia Nacional los relevara de sus obligaciones constitucionales, y, no será así, por lo que, no les queda de otra que empezar a profesionalizar a las policías municipales y estatales.
Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
@carloshdzrivera