¡ILUMíNALO SEÑOR! (AL INE)

Hoy es un día importante para la política potosina, vale decir para el futuro de nuestra vida en comunidad. No será el final del camino pues todavía quedarán cuestiones por dilucidar e instancias que agotar, pero lo que hoy suceda marcará una ruta hacía su posible destino final.

Conforme a su propio calendario, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral sesionará hoy a partir de las once de la mañana para discutir los dictámenes que le presentará su Comisión de Fiscalización, relativos a los ingresos y gastos de campaña en las diversas elecciones celebradas el pasado seis de junio. Uno de esos documentos se refiere específicamente a la elección de gobernador en San Luis Potosí. El Consejo General del INE está facultado para conocer de esos dictámenes y aprobarlos, modificarlos o rechazarlos.

Como ya antes se ha comentado, si eventualmente el INE determina que en la contienda potosina el ganador rebasó los topes de campaña en más de un cinco por ciento y ocurre (como es el caso) que la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar es inferior también al cinco por ciento, el órgano electoral da vista del caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que sea éste el que aplique la sanción correspondiente. Según dispone la ley, en un caso así lo que procede es decretar la nulidad de las elecciones y convocar a otras en las que no podrá volver a participar el infractor. En el caso de celebrarse nuevos comicios, Ricardo Gallardo Cardona no podría volver a ser candidato. Los partidos que lo postularon, Verde y PT, juntos o por separado sí podrían competir de nuevo pero con un candidato distinto.

El tope de gastos de campaña para nuestra elección de gobernador fue establecido por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadano en 29 millones 223 mil 864 pesos y 70 centavos. El cinco por ciento de esa cantidad es apenas un millón 461 mil 193 pesos y 25 centavos.

Como la diferencia de votos entre Gallardo Cardona y su competidor más cercano, Octavio Pedroza, fue del 4.7 por ciento, si se demuestra que el primero gastó un millón 223 mil 865 pesos, o más, por encima del tope legal, la elección debería ser anulada y RGC excluido de la competencia.

Cualquier ciudadano potosino en uso de sus facultades mentales podrá decir que es absolutamente obvio que son varios los candidatos y sus partidos que gastaron más de lo permitido por la ley. El problema es que en tribunales no importa lo que se ve o se percibe. Lo único que cuenta es lo que se puede probar. Recordemos también que para efectos de fiscalización, es decir de revisar informes, medir metros de bardas pintadas, contar número de espectaculares, acudir a eventos para estimar su costo, etcétera, el INE es el único facultado por la ley para hacerlo.

Los partidos u otros candidatos pueden acudir al INE a denunciar gastos excesivos de sus competidores pero igual, si no lo comprueban de manera incontrovertible, no será mucho lo que consigan.

En otros escenarios, para abreviar, si el INE dice que sí hubo exceso de gastos pero sin rebasar el cinco por ciento, lo que procede es aplicar una sanción distinta a la nulidad de la elección, que seguramente será una multa. Y si el fallo fuera en el sentido de que nadie gastó de más, una felicitación a todos y a otra cosa mariposa.

EL TRAMO RESTANTE

Decíamos al inicio que lo que suceda hoy en el INE no será el final de camino. Efectivamente. Si ese organismo dice que comprobó el exceso de gastos de campaña, la sanción la debe aplicar el TEPJF, ante el cual puede acudir en su defensa y a impugnar el dictamen adverso Gallardo Cardona. Si el Instituto Nacional Electoral dice lo contrario (que no encontró violaciones al tope o que éstas fueron menores al 5 por ciento), entonces la Coalición PAN-PRI-PRD-PCP pueden ir ante el Tribunal Electoral federal a inconformarse. Es decir, por una razón u otra, la última estación de este tren es el órgano jurisdiccional.

Hay otra vía que está recorriéndose y que llegará al mismo destino final. La Coalición y su candidato Octavio Pedroza presentaron ante el Tribunal Electoral estatal dos impugnaciones, solicitando la nulidad de las elecciones por razones distintas a las de gastos y topes. La petición, como lo hemos detallado en columnas anteriores, se sustenta en las diversas irregularidades detectadas (que deben ser demostradas), como la presencia de funcionarios de casilla ilegalmente acreditados, la abundancia de actas de escrutinio y cómputo sin foliar y con tamaños diversos; la ruptura de la cadena de custodia de los paquetes electorales, y la vulneración del principio de equidad por parte del Partido Verde al hacerse propaganda vía influencers y youtubers en plena veda electoral, entre otras.

Este asunto está en manos del TESLP que según parece está esperando a lo que decida el Instituto Nacional Electoral para ponerse bajo ese paraguas. Aunque el tribunal local no tiene nada que ver con cuestiones de fiscalización, a sus integrantes les ha parecido cómodo que si el INE resuelve contra los intereses de la gallardía, ellos se irán por ese camino, aun si se trata de temas con fondos y orígenes diferentes. A la inversa, si la instancia federal deja intocados los territorios gallardistas, nuestras magistradas y nuestro magistrado electorales seguirán el ejemplo y tan tan.

Cada día son más insistentes las versiones surgidas de diferentes ámbitos, en el sentido de que por lo menos a la magistrada presidenta del TESLP el gallardismo la tiene de su lado. Hay informes de reuniones de la maestra Dennise Adriana Porras Guerrero (ponente del asunto) con Gallardo Cardona, en diferentes momentos a lo largo de los últimos meses. 

Es verdad que cualquiera que sea el sentido de su fallo, el TESLP es apenas la primera instancia e inevitablemente el asunto irá al TEPJF, lo cual le resta relevancia en la cadena impugnativa. Eso es verdad, pero también es cierto que para Gallardo Cardona no es lo mismo ir a la instancia superior absuelto 

que condenado.

La diferencia principal entre los dos procedimientos en marcha, el de la fiscalización en el seno del INE y el de las irregularidades diversas actualmente en manos del TESLP, es que mientras el primero puede llegar a la nulidad de las elecciones y a prohibir la participación de quien haya excedido los gastos, en el segundo también puede anularse los comicios del seis de junio pero, ojo, no impediría que Gallardo Cardona volviera a ser candidato. Una enor-

me diferencia.

En ésta ultima hipótesis -repetición de elecciones con RGC de candidato otra vez- que al gallardismo parece resultarle cómoda, podría aparecer en el escenario un elemento totalmente nuevo, disruptivo: que Morena quisiera para sí la gubernatura potosina, para lo cual de entrada debería postular un candidato o candidata de cepa morenista que recuperara los casi 400 mil votos que “le prestaron” al Verde y al PT para sacar avante el proyecto gallardista. 

En 2018, Andrés Manuel López Obrador obtuvo en San Luis Potosí, en número cerrados, 528 mil votos. En las elecciones de hace mes y medio, la doctora Mónica Liliana Rangel postulada por Morena, cosechó en total 139 mil. La diferencia es brutal: 390 mil sufragios. Ciertamente, no son elecciones similares, pero el aparente desfondamiento de Morena es tan inusual que debe tener alguna explicación. Tengo mi propia teoría: esos casi 400 mil votos de la debacle morenista son justamente los trasvasados a Gallardo Cardona para que lograra el triunfo.

Un dato adicional que refuerza ese punto: hace seis años, en 2015, cuando apoyó a Juan Manuel Carreras, el Verde obtuvo únicamente 42 mil votos, y el PT, que se alió con el PRD y Conciencia para postular a Calolo, a duras penas levantó 30 mil boletas a su favor. Es decir, hace seis años los dos partidos que ahora apoyaron a RGC, juntaron en total 72 mil sufragios. Ahora, los mismos dos acumulan casi 460 mil. ¿De dónde surge diferencia tan tremenda? Del préstamo que vía maniobras de Mario Delgado y Gabino Morales, principalmente, le cayó en las manos a Gallardo Cardona.

Obviamente, si se repitieran elecciones y Morena postulara a uno o una de los suyos, recuperaría lo prestado y para la gallardía el panorama sería muy otro.

COMPRIMIDOS

Si el presidente Andrés Manuel López Obrador realmente cree lo que dijo ayer en su Mañanera acerca de Ricardo Gallardo Cardona, qué preocupación, para todos. Si se creyó el cuento gallardista por excelencia, qué tristeza. Y cómo será posible que no haya en su entorno alguien que le informe la realidad de las cosas. Alguien que, por ejemplo, le hiciera una síntesis del fallo del Tribunal Unitario de Hermosillo que NO DECLARÓ INOCENTE a RGC sino que dijo que no podía condenarlo porque el Ministerio Público lo consignó por dos delitos equivocados, pero que “bien podrían configurarse otros ilícitos”. Si no es una estrategia hija del pragmatismo político; si realmente nuestro Jefe de Estado actúa y decide así de desinformado, ¡pobre México!

Cuando hace 12 años la organización Antorcha Campesina, luego transfigurada en Antorcha Popular, cobijada en las siglas del PRI obtuvo sus primeros triunfos electorales en los ayuntamientos de Villa de Arriaga, Villa de Ramos y Villa Hidalgo, lo primero que hizo al asumir el poder fue designar tesoreros municipales a poblanos enviados exprofeso por su líder nacional Aquiles Córdova. Para allá vamos a nivel estado. Nomás cambie los nombres de Tesorero por el de Secretario de Finanzas y el de Aquiles Córdova por el del Niño Verde. Triste destino el nuestro. Salvo que el INE nos haga el milagro.  Por cierto, para sacar a los antorchos de Villa de Arriaga, 6 años después, tuvieron que agruparse en una gran coalición electoral todos los partidos distintos al PRI. Todos. En Villa Hidalgo y otros municipios apenas ahora pudieron desenquistarlos del poder municipal.

Hace días que personeros de Octavio Pedroza y de Xavier Nava están poniéndose de acuerdo para una aparición en público de ambos. La idea es que lo hagan en una conferencia de prensa y fijen una postura común ante lo que está sucediendo en materia postelectoral. Seguramente estarán a la expectativa de qué pase hoy con el INE, para tener más elementos de juicio.

Es una verdadera lástima, pero el nuevo edificio del Hospital Central, tan moderno y flamante, está en un tris de convertirse en un elefante blanco. Simplemente no se ve de dónde el Insabi pueda sacar los más de mil millones de pesos que se necesitan para su equipamiento. El único avance en la materia son los 26 millones de pesos que la Dra. Mónica le pagó a dos empresas fantasmas para que hicieran el estudio relativo a los equipos que había que comprar. Trabajo más chafa no he visto.

Hasta el próximo jueves.