Inédita y Urgente
La elección del Poder Judicial de la Federación y de algunas entidades federativas que tendrá lugar en junio de este año es, sin duda, las más singular de nuestra historia reciente. Por primera vez, la ciudadanía votará directamente para elegir a ministras y ministros de la Suprema Corte, así como a magistraturas y jueces federales y locales. No es una elección menor: está en juego la composición del poder encargado de interpretar y aplicar la Constitución, un poder que, por diseño, ha sido históricamente autónomo del vaivén político-electoral. Uno de los tres poderes del estado. Ni mayor, ni menor importancia con respecto a los otros. De ese tamaño.
Más allá del contenido de esta reforma —acordada por una mayoría parlamentaria en un entorno político tenso y polarizado del que he hablado en numerosas ocasiones— es mi propósito detenernos en las formas (que como advertía Reyes Heroles, son fondo): en cómo esta elección está siendo organizada. Y en lo que eso nos revela, como sistema y como sociedad.
La autoridad electoral ha sido colocada en una situación límite. En cuestión de meses, debe diseñar e implementar un modelo electoral completamente distinto a lo que conocemos y dominamos. No se trata solo de nuevas boletas o procedimientos logísticos: se trata de reglas inéditas para campañas sin partidos, sin financiamiento público, sin publicidad pagada, sin mítines, sin espectaculares. Una elección que, al mismo tiempo que busca preservar la legitimidad del poder judicial, exige comunicar a la ciudadanía cómo elegir a quienes nunca han hecho campaña ni están entrenados para hacerla.
Esta tensión no es un asunto menor. El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales han hecho esfuerzos significativos -dentro de lo que los recursos disponibles les permiten- por explicar las reglas del juego, pero no pueden hacerlo solos. El éxito de esta elección, y sobre todo su legitimidad, dependerá también de que medios de comunicación, organizaciones civiles, universidades, líderes de opinión y hasta las propias y los propios aspirantes asuman la responsabilidad de informar con claridad y rigor. Hacer pedagogía cívica en medio de la incertidumbre.
Más allá del corto plazo, este proceso va a dejarnos lecciones significativas. Una de ellas es la necesidad urgente de dotar al sistema electoral mexicano de mayor flexibilidad. Si aspiramos a introducir innovaciones —ya sea el voto electrónico, nuevas formas de representación, geografía o, como ahora, elecciones judiciales— necesitamos estructuras normativas y administrativas que no estén pensadas únicamente para la repetición de lo que nos es conocido.
Esta experiencia nos recuerda también que no todo debe votarse solo por el hecho de que es posible -o deseable- hacerlo. La pertinencia de las elecciones, su oportunidad y su sentido deben ser parte de la reflexión legislativa. Votar implica comprender lo que se vota. Si la ciudadanía no puede asimilar la complejidad de lo que está en juego -por desconocimiento, saturación o desinformación- el riesgo es que el voto no adquiera la profundidad a la que aspira la legitimidad democrática de una rama del gobierno popularmente electa.
Estamos frente a una elección que abre preguntas. Es ése el terreno fértil del aprendizaje institucional. Lo que hagamos -o dejemos de hacer- en estos meses marcará no solo el rumbo de esta elección, sino la manera en que concebimos y valoramos nuestra democracia en el futuro inmediato.
Es una elección inédita y urgente.
x. @marcoivanvargas
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